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Jueves 5 de setiembre de 2002 | |
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Postergaron el arancelamiento en juzgados de Paz |
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El STJ lo fundamentó en la situación económica. Ahora la medida regiría desde el 1 de diciembre. |
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| VIEDMA (AV)- El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso postergar hasta diciembre el arancelamiento de trámites en los juzgados de Paz de la provincia. La Acordada 72 emitida recientemente fundamentó que fue solicitada al Comité de Consulta de Acordadas la suspensión tomando en cuenta la "difícil situación económica que atraviesa la población al entender que su puesta en vigencia podría tener consecuencias de difícil previsión", por lo tanto se atendieron como "razonables" los motivos. La modificación implica que el arancelamiento regirá a partir del uno de diciembre de 2002, aunque en el curso del año fue varias veces postergados por el mismo motivo. El STJ había dispuesto que los diligenciamientos de mandamientos de jurisdicción provincial en los radios urbanos y rural pasen a costar 10 pesos, aunque se debía abonar un peso más por kilómetro recorrido de ida y vuelta cuando los funcionarios deban trasladarse. La acordada 35 preveía que los exhortos locales deben pasar a tener un costo de 20 pesos, más dos pesos por kilómetro en caso de traslados fuera de la jurisdicción. Las cédulas de notificación llevarían una tarifa de cinco pesos en el radio urbano del juzgado, e incluía un recargo de un peso por kilómetro recorrido por traslado. A los diligenciamientos de oficios de prueba en causas de contenido patrimonial se les había fijado un valor de 15 pesos más cinco pesos por audiencia o diligencia fuera de la sede física del Juzgado de Paz. Las certificaciones de firmas de actos de contenido patrimonial superior a 2.500 pesos tenían un recargo del 1,5%, con lo cual el básico pasaría a ser unos 38 pesos. Si no obstante el contenido patrimonial el monto fuere indeterminado o indeterminable, se aplicaría una suma fija de 10 pesos más 0,25 por cada foja. También ocurrió algo similar con la autenticación de fotocopias de actos de contenido patrimonial. Las demás diligencias no previstas debían pagar una suma fija de 10 pesos. En realidad con esta acordada se postergó solamente la aplicación del artículo 7 de la 35 que aplicaba arancelamiento, pero la disposición original estableció ciertas limitaciones a la actividad de los jueces como la restricción de trámites del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A raíz de esto, el Movimiento Patagónico Popular (MPP) había presentado al parlamento una iniciativa de rechazo como consecuencia de la aplicación de aranceles "desmedidos" que a su criterio constituían una restricción al acceso a la Justicia de menor cuantía. En su momento, insistió en que esta decisión constituye "un desconocimiento de la realidad y de las necesidades de los que menos tienen" agregando que "los intereses de la comunidad se ven afectados en un área tan sensible como es el accionar que tienen los Juzgados de Paz en la comunidad a la cual sirven". También cuestionó la limitación de actividades. |
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