El radicalismo cede y dará quórum el miércoles

Tras varios intentos fallidos, el oficialismo logró que la oposición radical acepte discutir en el recinto si el juicio a la Corte pasa a comisión o se pide su archivo. Todavía hay diferencias.

Los diputados radicales Pernasetti y Vazquez dejanla reunión en la que se negoció una salida al cerrojo por el tema del juicio

BUENOS AIRES (DyN) - Después de dos meses de intentos fallidos, la Cámara de Diputados discutirá en la sesión del miércoles próximo la suerte que correrán las denuncias contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de la cámara baja, Eduardo Camaño, y el jefe de los diputados radicales, Horacio Pernasetti, acordaron ayer finalmente que una votación resuelva si el juicio político vuelve a comisión, como quiere la mayor parte de la oposición, o se rechaza de plano y se archiva, como busca el grueso del oficialismo.
En el encuentro estuvo también el gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, principal promotor de la postura acuerdista dentro de la UCR.
"El miércoles vamos a bajar al recinto para votar que los proyectos vuelvan a comisión", aseguró hoy Pernasetti, quien paralelamente reconoció la preocupación que hay en las provincias por los atrasos de la coparticipación, un flanco débil que sirvió al gobierno nacional para aumentar la presión sobre los radicales.
El PJ, sin embargo, se muestra seguro de su triunfo y asegura que, si triunfa en la votación de la preferencia, buscará abrir la discusión del juicio político el mismo miércoles.
Camaño partió anoche a la Casa Rosada para contar las buenas nuevas a sus colegas del gobierno.
El ARI y la UCR habían hasta ahora evitado que el juicio se tratara porque, como carecen de los dos tercios de los votos necesarios para aprobarlo, consideraron que el oficialismo lograría imponerse y archivarlo.
El conflicto entre las bancadas justicialistas y radicales, que había impedido definir el futuro del juicio, se resolvió gracias a la propuesta de regresarlo a comisión. El pedido lo formalizó el presidente de la comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo, un justicialista que responde a Néstor Kirchner, y expresó un acuerdo de los impulsores del juicio político destinado a escapar del laberinto.
Sin embargo, el pacto sellado ayer entre Camaño y Pernasetti todavía puede quebrarse como consecuencia de una diferencia formal: el bloque de diputados del PJ había advertido en la frustrada sesión de ayer que sólo aceptaría discutir la vuelta a comisión si primero se vota una preferencia para ubicar el juicio en el primer lugar del temario de la próxima sesión.
En ese sentido, el vicepresidente del bloque del PJ, el menemista Manuel Baladrón, disparó contra el entendimiento entre Camaño y Pernasetti y advirtió que, a pesar del diálogo abierto con la UCR, la bancada se mantiene firme en su exigencia de votar primero la preferencia.
Pernasetti, en diálogo con la prensa, se mostró tranquilo frente al orden de votación y consideró que los jefes de bloque, en la tradicional reunión de Labor Parlamentaria donde se resuelve el temario de las sesiones, terminarán por ubicar primero la moción de pase a comisión.
La calma desapareció, en cambio, cuando Pernasetti advirtió, sin inocencia, que la demoras en los pagos por coparticipación a las provincias pueden transformarse "en un obstáculo para cualquier estrategia legislativa". "No voy a votar ningún nuevo impuesto o el presupuesto si antes no está garantizada la coparticipación", amenazó
La oposición llevó su reclamo al secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, quien ayer visitó la cámara baja para defender el proyecto de presupuesto.
El funcionario de Economía aseguró que los giros por coparticipación se redujeron porque las empresas pagaron 270 millones de pesos de impuestos en títulos públicos.

Estudian fallar contra la pesificación, pero en favor de los bonos

La Corte Suprema resolvió ayer convocar a dos conjueces que, junto a siete ministros del máximo tribunal, deberán dictar sentencia en las demandas contra la pesificación compulsiva de depósitos dispuesta por el gobierno. Recién cuando existan al menos cinco votos a favor o en contra de la pesificación, habrá mayoría para una definición sobre uno de los temas que más preocupa a Duhalde y que está en manos del Poder Judicial.
Los jueces supremos, no obstante, ya han elaborado un borrador para dar una salida al asunto que, a su entender, sería menos traumática y costosa que un fallo contrario a la pesificación: se trata de una resolución que, si bien declararía la inconstitucionalidad de la conversión de los depósitos en dólares a moneda nacional, respaldaría la opción del canje por bonos propuesta por la administración Duhalde.
En su reunión de acuerdo de los jueves, la Corte decidió ayer la convocatoria a conjueces, que consiste en incorporar al plenario del tribunal a dos juristas que intervendrán en casos puntuales. Sucede que dos de los nueve ministros de la Corte -Gustavo Bossert y Enrique Petracchi- se excusaron de intervenir en toda demanda atinente al "corralito" y la pesificación. Y debido a que no existe mayoría para dictar una resolución, ahora conjueces reemplazarán -sólo para estas causas- a los magistrados apartados de los expedientes sobre la inmovilización de colocaciones bancarias.
La designación de conjueces fue aprobada ayer con el voto de seis ministros -el presidente del tribunal, Julio Nazareno, el vice Eduardo Moliné O"Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Bossert y Petracchi- y ahora la Secretaría de la Corte sorteará a los magistrados que se sumarán al acuerdo.
El sorteo se realizará entre los presidentes de las Cámaras Federales de la Capital Federal y aquéllas con asiento en la provincia de Buenos Aires.
En principio la Corte se expedirá sobre la demanda promovida por el ahorrista Miguel Acerbo, dueño de 1,2 millón de dólares retenido en el Banco de Chubut. El fallo sentará el criterio del máximo tribunal en otras causas contra la pesificación.
Nazareno, Moliné O"Connor, Vázquez y López coincidieron en votar contra la pesificación, pero no reunieron la mayoría necesaria para dictar una resolución.
Ahora se sumarán al acuerdo dos conjueces que, si por alguna razón no surgen de entre los presidentes de las Cámaras Federales, serán elegidos entre un grupo de juristas que figuran en una nómina preestablecida.

Buscan sacar el CER a créditos menores a $ 100.000

Legisladores de distintos bloques acordaron un proyecto de ley que fue presentado ayer para condonar el CER acumulado hasta setiembre a todos los deudores de menos de 100 mil pesos, y prorratearlo hasta el final del crédito en caso que la deuda supere ese monto y sea inferior a los 400 mil pesos.
La iniciativa, que según fuentes parlamentarias fue consensuada con el Poder Ejecutivo, establece que el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) acumulado hasta setiembre no se aplique sobre los créditos hasta 100 mil pesos que no estén sujetos al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
A partir de octubre, según el proyecto, se calcularía el índice, y se aplicaría a las cuotas de esos préstamos. El CER acumulado desde marzo hasta setiembre (que orilla el 40 por ciento) para quienes adeuden entre 100 mil y 400 mil pesos se capitalizaría, y sería cobrado hacia el final del crédito, en no menos de cinco cuotas que extenderían el plazo de pago.
La presentación de la iniciativa en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados se produjo mientras en el Salón de Conferencias varios diputados mantenían un encuentro con representantes de firmas pymes, que reclamaron que la condonación de lo acumulado rija para deudas de hasta 300 mil pesos.
Entre los empresarios que concurrieron se contó al titular de la Coordinadora de Actividades Mercantiles (CAME), Osvaldo Cornide, quien elevó el reclamo a las comisiones de Finanzas, Presupuesto y Hacienda.
Los recibieron los diputados justicialistas Gabriel Romero y Enrique Tanoni, y el radical Noel Bread, quien consideró "muy difícil" que prospere el pedido de la CAME, dado que "es el Estado el que absorbe el stock acumulado y eso, en definitiva, lo tendría que pagar el pueblo". (Télam)

Reclamo de banqueros

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, reclamó ayer al Gobierno "que termine" con los amparos y concrete "las compensaciones" a las entidades financieras por la pesificación asimétrica.
En ese sentido, Vicens apuntó también contra los jueces que dan lugar a los amparos que liberan fondos del corralito financiero y a los legisladores que prorrogan la aplicación del CER para los créditos.
"Para que se restablezca el crédito es preciso que el Gobierno termine de materializar las compensaciones por los quebrantos provocados por la pesificación asimétrica y otras medidas no sólo del Gobierno sino también de las instituciones, como por ejemplo los jueces en el caso de los amparos", remarcó el titular de la Asociación de Bancos. (DYN)