Miércoles 25 de setiembre de 2002
 

La Justicia suspendió las audiencias por las tarifas

 

Las tarifas de los servicios públicos no se incrementarán en lo inmediato, debido a que una jueza ordenó que se suspendieran las audiencias, porque no cumplen con su verdadera finalidad.

  BUENOS AIRES- La justicia suspendió ayer las audiencias públicas previstas para definir la actualización de las tarifas de los servicios públicos.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar a una medida cautelar pedida por la defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira.
La medida tendrá, como consecuencia directa, que las tarifas de los servicios públicos no podrán aumentar en lo inmediato, ya que las audiencias públicas son un paso imprescindible para redefinir las condiciones de la prestación de los servicios.
Al respecto, el Ministerio de Economía anunció anoche que el gobierno apelará la medida judicial, luego de analizar el fallo.
Fuentes del Ministerio de Economía manifestaron una "fuerte preocupación" porque no se le permitió a la cartera aportar a la causa abierta los motivos por los cuales se realizaron los llamados.
Por otra parte, las fuentes dijeron que la suspensión del proceso complica la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues la actualización tarifaria "estaba dentro de la carta de intención que se está negociando".
El fallo, al que tuvo acceso DyN, sostiene que las audiencias "tal como han sido convocadas, impresionan como un mero formalismo, en las antípodas de su verdadera finalidad, cual es la de posibilitar a los usuarios un marco de libre debate y debida defensa de los derechos que pudieran entender afectados, ejercitando su derecho de participación reconocido por el texto constitucional".
En declaraciones formuladas en la sala de periodistas de Tribunales, Oliveira se manifestó "satisfecha" con la medida cautelar, pero advirtió que "ahora comienza el proceso de fondo que determinará en qué condiciones se renegociarán los contratos".
La jueza recordó que cuando la ley de Emergencia Pública habilitó la renegociación de las tari-fas públicas se dispuso contemplar "el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingre-sos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas".
En ese contexto, Rodríguez Vidal evaluó que "la celebración de las audiencias con la única finalidad de analizar las solicitudes de recomposición tarifaria de urgencia presentadas por las empresas concesionarias y licenciatarias que participan del proceso de renegociación, no se encuentra encardinada en el procedimiento diseñado" para la readaptación de los contratos.
"Más bien la realización de este tipo de convocatoria sólo parece justificada en las fases finales del procedimiento, y con el objetivo de discutir íntegramente las propuestas globales de la renegociación", amplió.
"Las audiencias convocadas para los días 25 y 26 de setiembre no se ajustan a las exigencias de los marcos regulatorios concretos... en la medida que cualquier decisión que se adoptara respecto de futuros ajustes tarifarios no podría sustentarse sino en la realización de la aludidas audiencias, en razón de las deficiencias que habrían concurrido al momento de su convocatoria, resulta francamente inaceptable habilitar su realización", añadió la magistrada. (DyN)

Buscan estabilidad en los combustibles

El secretario de Energía, Enrique Devoto, planteó a representantes de las empresas petroleras la "preocupación del gobierno por el sostenido incremento del precio de los combustibles", y los convocó a una reunión para hoy para "tratar de acordar una estabilización de precios por algunos meses como una forma de contribuir a la tendencia a la baja que están registrando los precios en general". Devoto consideró "que ha llegado el momento de intentar alcanzar algún acuerdo sobre la estabilidad de los precios de los combustibles en un horizonte de al menos unos pocos meses", sin que ello afecte "el desarrollo de las actividades petroleras en el país".
El funcionario adelantó además a los empresarios que "la Secretaría ha iniciado un estudio de la estructura impositiva del sector con vistas a cambiarlas para mejorar la condiciones de desarrollo de inversiones en el rubro, e incluso incrementar la recaudación fiscal". (DyN)

Débil adhesión al apagón de usuarios, comerciantes y empresarios

BUENOS AIRES- Con una débil adhesión, usuarios, comerciantes y empresarios realizaron anoche un "apagón y cacerolazo", para repudiar un eventual aumento de tarifas de los servicios públicos. La protesta comenzó a las 20, y tuvo su epicentro en el Obelisco porteño, donde el Comité contra el Tarifazo -organizador de la protesta-, se concentró con carteles y antorchas para rechazar un alza en la facturación.
Los manifestantes se expresaron apagando las luces de los lugares de trabajo y de las viviendas, así como también haciendo sonar bocinas, cacerolas y sirenas en las principales esquinas de la ciudad de Buenos Aires y de otras del interior.
El apagón se realizó pese a que la justicia hizo lugar hoy a una medida cautelar por la que se pedía la suspensión de la audiencia pública que debía realizarse mañana y que debía tratar la opinión de los usuarios sobre la solicitud de recomposición tarifaria que hicieron las prestadoras de servicios públicos. (ver aparte).
El Comité contra el Tarifazo está integrado por el Frente Nacional contra la Pobreza, la Central de Trabajadores Argentinos, la Federación de Cámaras y Centros Comerciales, entidades de usuarios, de pymes, empresarias, del campo y asociaciones barriales, entre otras.
Para adherirse a la protesta, la Legislatura porteña dejó a oscuras su fachada, en Palermo se escuchó el batir de cacerolas, al tiempo que en Rosario se realizó una concentración en el bulevar Nicasio Oroño y Carlos Pellegrini, mientras que en otros puntos del país, la manifestación se hizo sentir débilmente.
En el Obelisco, además de las entidades organizadoras, estuvieron presentes el diputado nacional por Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora; el del ARI, Héctor Polino; el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Caram, y la diputada porteña Vilma Ripoll, entre otros. También un grupo del Movimiento Socialista de los Trabajadores se hizo presente, cortó parte de la Avenida Corrientes, mientras que vecinos de las inmediaciones del centro se concentraron allí para rechazar un eventual aumento de tarifas.
El apagón -también convocado contra la pobreza, y la inseguridad-, perdió parte de su fuerza original, debido a que la audiencia finalmente fue suspendida, al igual que la amenaza de una inminente recomposición tarifaria. (DyN)
     
     
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