Vencimientos de deuda de este mes se pagarán con reservas

Se trata de 329 millones de dólares. Riesgos para octubre. Lavagna intenta un nuevo acercamiento con el FMI.

El ministro Lavagna apela a las reservas para mostrarse como "cumplidor" ante los organismos de crédito.

La Argentina cumplirá con el pago de todos los vencimientos que este mes tiene con los organismos multilaterales de crédito, que suman casi 329 millones de dólares, para lo cual se afectarán reservas monetarias que hoy rondan los 9.500 millones de dólares.
De este modo, el ministro de Economía Roberto Lavagna intenta dar una señal de acercamiento hacia el FMI y el Banco Mundial, previo a su viaje a Washington del jueves. Allí, se discutirá el "caso argentino" y fundamentalmente las posibilidades de diferir los compromisos por 2.253 millones de dólares para lo que resta del año. (Ver infograma)
Desde Hacienda se indicó ayer que "a principios de mes se libró la orden para que se cumplan con los vencimientos que restan de septiembre", los cuales totalizan 328,8 millones de dólares.
"Todos los meses, a comienzos de mes, se establecen las órdenes de pago" que se harán efectivas a los organismos multilaterales de crédito, precisó la oficina de prensa de Economía, que ratificó que la estrategia del Gobierno sigue siendo acordar con el FMI una reprogramación de los vencimientos hasta el 2004 y no un programa "mes a mes", como indicaron versiones periodísticas.
Los vencimientos que la Argentina tiene este mes con los organismos multilaterales de crédito son los siguientes:
• 170 millones de dólares con el Banco Mundial (BM)
• 96,8 millones con el FMI
• 62 millones de dólares con el BID.
Esta decisión oficializada por Economía sucedió en pocos minutos a una declaración que sobre el mismo tema había formulado el jefe de Gabinete Atanasof, según la cual "el Gobierno adoptará una postura definitiva" sobre la posibilidad de afrontar pagos de los vencimientos con las reservas "a medida que avancen las negociaciones" con el FMI.
Los pagos de esos vencimientos se efectuarán utilizando reservas monetarias que, según los últimos datos proporcionados por el Central, ascienden a 9.473 millones de dólares, a los que correspondería sumar otros 30 millones obtenidos ayer por la intervención en el mercado de cambios.
De esta manera, y deduciendo de ese total los 329 millones que la Argentina pagará este mes, las reservas se reducirían a 9.174 millones de dólares, sólo 174 millones por encima del límite establecido en el programa monetario del Gobierno, el cual no cuenta con el aval del FMI.
No obstante, esa suma podría incrementarse si continúa la tendencia compradora del BCRA iniciada a mediados de julio.
Quienes se mostraron ayer en desacuerdo con recurrir al uso de las reservas fueron el ex titular del Banco Central, Mario Blejer, y el precandidato del PJ, José De la Sota. (Ver recuadro)
Respecto de los vencimiento de los meses que siguen, en el Palacio de Hacienda prefirieron no adelantarse a los acontecimientos y ratificaron que la intención del Gobierno es reprogramar todos los vencimientos con organismos multilaterales, a partir de un acuerdo con el FMI que alcance hasta el 31 de diciembre del año que viene.
Esa será la estrategia que llevará el jueves a Washington la delegación argentina que encabezará el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y que participará de la asamblea anual conjunta del FMI y el BM.

Blejer: "Es muy peligroso tocarlas"

El ex presidente del Banco Central, Mario Blejer consideró que usar las reservas sería "un paso muy peligroso", y dijo que ese es un problema que deberá afrontar el próximo presidente.
"Pienso que esa discusión se adelantó, que no debe ser resuelta ahora, porque todavía no llegó el gobierno que tiene que tomar esa decisión", señaló.
En declaraciones a una radio porteña, Blejer consideró que el gobierno se tiene que abocar a la tarea de "cerrar un acuerdo con el FMI que nos permita renovar todos los préstamos".
"No hay necesidad de tocar nuestras reservas. En primer lugar, el primer paso yo creo que es muy peligroso y que realmente habría que evitarlo. Esa es una discusión que habría que tener en noviembre, no ahora".
El economista diferenció, en tanto, entre las "amortizaciones y los intereses" y aclaró que en todo caso, estos últimos "hay que pagarlos, con los recursos que uno tiene, con lo que sea".
"La gran pregunta es qué hacer en términos de las amortizaciones. Y esa pregunta es (sobre) la que digo que nos hemos adelantado en el tiempo. No fue culpa de la Argentina, ha sido en realidad por declaraciones que se hicieron en otro lado, pero la verdad es que yo pienso que es un problema que habría que tratarlo cuando llegue el momento".

Realizan hoy un apagón contra elaumento de tarifas

Entidades, organizaciones y agrupaciones defensoras de los derechos de los consumidores nucleadas en el Comité Contra el Tarifazo convocaron a un "apagón nacional" para hoy a las 20, en protesta contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados y contra la pobreza.
La convocatoria fue realizada ayer, durante una conferencia de prensa ofrecida por dirigentes del Comité Contra el Tarifazo, entre los que se encuentran: el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), asambleas barriales, asociaciones defensoras de los derechos de los consumidores, Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y el Frente Agropecuarios, entre otros.
El titular de la Federación de Cámaras Comerciales, Rubén Manusovich, instó a los usuarios a "impedir las audiencias públicas truchas" e invitó a los usuarios a concurrir "el miércoles próximo a las 11, a las puertas del Correo, donde vamos a impedir las asambleas públicas truchas, no se van a hacer".
Manusovich recordó que "hicimos presentaciones judiciales para impedirlas, pero la barrera humana es mas importante", señaló en alusión a la asamblea pública en la que se analizará el aumento de las tarifas de los servicios.
En medio del crecimiento de las protestas, el Ministerio de Economía ratificó ayer el cronograma de realización de las audiencias públicas en las que habrán de discutirse posibles aumentos de emergencia en las tarifas de los servicios públicos privatizados de electricidad, gas, teléfonos, agua y peajes en rutas nacionales.
Voceros de Economía ratificaron que la serie de audiencias se iniciará mañana con la consideración del pedido de actualización tarifaria hecho por las empresas distribuidoras de electricidad.
No obstante, cabe consignar que la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal tiene a su consideración una medida cautelar presentada el viernes por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y diversas asociaciones de consumidores para que dicha audiencia no se realice.
En su presentación, la Ombudsman Alicia Oliveira consignó que la convocatoria a la audiencia tiene falencias porque "no hay una normativa legal, no dice nada de la comisión renegociadora (de los contratos), no se publicó en el Boletín Oficial ni lo publicó el órgano del Estado que lo debe hacer, no hay alguien que haya firmado". (DYN)

ADEPA pide la desregulación

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) manifestó ayer su total rechazo a un proyecto de ley que deroga la actual desregulación de la venta de diarios y revistas.
"La libertad de prensa, sin cuya vigorosa vigencia no se concibe el funcionamiento de un sistema democrático de gobierno, se halla hoy seriamente amenazada por la grave crisis económica que soporta nuestro país", dijo ADEPA en un comunicado.
Explicó que "lamentablemente, ya estamos asistiendo al cierre de diarios, periódicos y revistas, y es verdaderamente angustiosa la situación de numerosas publicaciones en todo el territorio nacional".
"Frente a esta durísima realidad -dijo- surge ahora un proyecto a consideración de Diputados para derogar la desregulación de la venta de diarios y revistas". Explicó la entidad que "esta desregulación vino a poner fin a más de 50 años de un sistema de comercialización cerrado, único en el mundo, que establecía privilegios para unos pocos e impedía la apertura de nuevas fuentes de trabajo". (DYN)

La Argentina ganó demanda contra Chile

La Argentina ganó ayer una demanda contra Chile en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que obliga a ese país a desmantelar un sistema de barreras a la importación de aceite, trigo y harina que afectaba operaciones por valor de 120 millones de dólares.
Así lo informó ayer la Cancillería argentina.
El proceso comenzó hace dos años, cuando el gobierno argentino reclamó ante la OMC un panel porque Chile aplicó a las importaciones agropecuarias un sistema de aranceles móviles, denominado Sistema de Bandas de Precios (SBP), que no está contemplado en los acuerdos de la Ronda Uruguay.
Según consta en la documentación del tribunal internacional, el SBP equivale a la aplicación de aranceles variables y de fijación de manera artificial de un precio mínimo para los productos argentinos al ingresar al mercado chileno.
De esa forma, exportaciones por 120 millones de dólares anuales en aceite -el producto más perjudicado-, harina y trigo quedaban descolocados ante la oferta interna.
En rigor, Argentina ya había ganado el panel en primera instancia en un proceso donde intervinieron 13 naciones, pero como Chile apeló el fallo, el Organo de Apelaciones de la OMC ratificó la primera sentencia, que a partir de hoy quedó vigente.

Malestar agrario por impuestos

El categórico rechazo que los representantes de la producción y exportadores dieron a la posibilidad de una eventual suba en la carga impositiva actual, que pesa sobre ambos sectores, recibió sólo respuestas parciales de parte de las autoridades nacionales.
Sobre el tema, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), Haroldo Lebed, replicó a los reclamos diciendo que "se está trabajando conjuntamente y con solidez técnica entre la cartera nacional, los productores y las entidades agropecuarias para avanzar en esta problemática", confiaron dirigentes del ruralismo confederado y CONINAGRO.
La respuesta apuntó a eludir definiciones respecto de dos quejas puntuales emanadas desde las áreas productiva y exportadora, con epicentro en la condición de "obsoleto" que tiene el actual impuesto a las Ganancias, así como a la intención no desechada del gobierno de modificar la alícuota del IVA ventas para el agro, dejando en el 21% al gravamen sobre las compras.
En cambio, Lebed aseguró a los productores rurales que la cartera económica tenga en estudio nuevos incrementos en los gravámenes que pesan sobre las exportaciones de commodities y manufacturas de origen agropecuario, una versión que circuló con fuerza durante la última semana y que los operadores del circuito granario no descartan que se aplique, mediante métodos "indirectos". En ese sentido, los empresarios del rubro dijeron durante la última semana que en Hacienda, junto con autoridades de la AFIP, proyectaban modificar los plazos actuales dispuestos para liquidar divisas por exportaciones, extendiendo las anotaciones "al momento de embarque" de los productos.

Los bancos se ajustan para la apertura del "corralón"

Comenzó ayer la cuenta regresiva para la apertura parcial del "corralón", que se concretará el uno de octubre cuando las entidades financieras comiencen a devolver los depósitos que al 31 de mayo totalizaban 7 mil pesos, en tanto ya se puede optar en el nuevo canje de BODEN.
Los bancos están ajustando los sistemas informáticos para cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Economía en cuanto a la apertura del "corralón", que establece que los ahorristas podrán disponer de los depósitos de hasta 7 mil pesos, que ajustados por el CER ascienden a 9.590 pesos.
Esta medida beneficia a cerca del 65% de los ahorristas que tienen sus depósitos reprogramados, y que ahora podrán retirar en efectivo o colocarlos en una cuenta de libre disponibilidad para aprovechar las altas tasas de interés.
En tanto, ya son siete las entidades financieras que anunciaron que devolverán depósitos de hasta 10 mil pesos, que ajustados por el CER ascienden a 13.700 pesos, de acuerdo con la autorización otorgada oportunamente por el Palacio de Hacienda.
Los bancos que ya anunciaron oficialmente la devolución del máximo permitido son el Bankboston, Río, Ciudad de Buenos Aires, Banex, Itaú, Bansud y Societé Generalé, aunque otros están analizando los saldos de cuenta y podrían sumarse a este grupo. Por otra parte, los BODEN 2005, 2007 y 2012 aceptados en el último canje fueron colocados en la Central de Registro y Liquidación del Banco Central (CRYL), la que comenzó con el proceso de acreditación a cada una de las entidades financieras para ser puestos a disposición de los ahorristas individuales.
El viernes último, la Secretaría de Finanzas anunció que "a medida que las entidades financieras completen la información requerida, se colocarán los importes adicionales correspondientes". En tanto, el Banco Ciudad adelantó que los ahorristas que hayan canjeado sus depósitos por bonos del Estado (BODEN) podrán retirarlos de sus cuentas a partir de mañana.
"El Banco Central ya emitió su autorización oficial y va a girar los Boden a principios de semana, y a partir de mañana los clientes del banco van a disponer qué hacer, si venderlos o dejar los en sus cuentas", informó un vocero de la entidad porteña.

Firmas por la ley contra el hambre infantil

La Fundación Poder Ciudadano, la Red Solidaria y el matutino "La Nación" iniciaron ayer la campaña de recolección de firmas para lograr la presentación en el Congreso de una iniciativa popular que garantice alimentación y atención de 2,3 millones de niños menores de cinco años y embarazadas en situación de pobreza.
La iniciativa, denominada "El hambre más urgente", está destinada a recolectar las 400 mil firmas necesarias para que se debata en el Parlamento la creación de un programa nacional de desarrollo infantil. La iniciativa popular es uno de los mecanismos semidirectos de participación democrática incorporados en la Reforma Constitucional de 1994, que prevé la posibilidad de que los ciudadanos puedan reunir firmas para ser impulsores de un proyecto de ley que deba ser considerado en el Congreso.
Según la ley que reglamentó este precepto constitucional -que se sumó al mecanismo de consulta popular vinculante y no vinculante-, para que un proyecto pueda ser una iniciativa popular debe reunir al menos el respaldo del 1,5 por ciento del padrón a nivel nacional, lo que equivaldría a esas 400 mil firmas.
En este caso, para sumar sus firmas a esta propuesta, los ciudadanos podrán acceder en todos los quioscos de diarios y revistas del país a planillas en las cuales se describe el proyecto de ley y en las que pueden incluirse las firmas en favor de este emprendimiento contra el hambre.
Además, los impulsores de esta convocatoria, informaron que instalaron mesas en la Defensoría del Pueblo de la Nación de todo el país. (Télam)