Fallo de Cámara contra la pesificación y la ley antigoteo

Hizo hizo lugar a un planteo del defensor del Pueblo. El gobierno anunció que apelará la decisión judicial.

Mientras el gobierno prepara la apelación, ahorristas tienen una chance para recuperar sus ahorros completos.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró ayer la "ilegitimidad" de la pesificación compulsiva de depósitos en moneda extranjera y dijo que la ley "antigoteo" es contraria a la Constitución Nacional, y ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en el conflicto entre el Gobierno, los ahorristas y los bancos.
Desde Olivos, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, anticipó que el Gobierno apelará la resolución de la Cámara ante la Corte (ver aparte), y se descuenta que también los bancos recurrirán al tribunal para pedir que se deje sin efecto el fallo.
"Hay que esperar que el Gobierno haga las apelaciones del caso", dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, y evaluó que, "por ahora", la decisión judicial "no tiene ninguna consecuencia, ya que hay una instancia superior que es la Corte Suprema".
Pero si la Corte comparte el criterio de los jueces Carlos Grecco, Luis Otero y Pablo Gallegos Fedriani -miembros de la sala V de la Cámara que falló contra la pesificación y la ley "antigoteo"-, la administración de Duhalde deberá definir sin demora un mecanismo para la devolución de ahorros en moneda de origen.
Si bien no acarreará consecuencias inmediatas, la decisión de la sala V beneficia a todos los ahorristas del sistema porque fue adoptada en el marco del juicio colectivo promovido por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
Mondino recurrió a la Justicia en representación de todos los depositantes perjudicados por el "corralito" y tanto la juez Emilia García -de primera instancia- como ahora la Cámara, reconocieron la legitimidad del ombudsman en actuar en nombre de los ahorristas.
Sin embargo la mayoría en la Cámara decidió que, si la resolución queda firme, cada ahorrista interesado en recuperar sus colocaciones deberá iniciar acciones en reclamo de su patrimonio, en forma individual. O sea, deberá exigir el cumplimiento de la sentencia en su caso particular.
Los camaristas coincidieron con la juez García, que había fallado en favor del reclamo de Mondino. Pero el Gobierno planteó nulidades que fueron rechazadas por la sala V, y pidió sin éxito que se revoque la decisión de la magistrada.
Ayer la Cámara dictó, en un fallo , tres medidas que complicarán severamente a Duhalde si finalmente obtienen el visto bueno de la Corte:
* Declaró la "ilegitimidad" del decreto 1570 mediante el cual el Gobierno del entonces presidente De la Rúa inmovilizó las colocaciones en los bancos a través del "corralito", vigente desde diciembre de 2001.
* Dijo que es "inconstitucional" el decreto 1316/02, que Duhalde firmó el 23 de julio último para frenar la salida de depósitos de los bancos por vía de los amparos judiciales. La normativa, conocida como "antigoteo", suspendió las ejecuciones de las mandas de la Justicia por 120 días. El Banco Central, empero, debía garantizar la restitución de fondos a ahorristas mayores de 75 años o afectados por problemas de salud. Al respecto, los camaristas hicieron un reproche: Afirmaron que, cuando demandaron el cumplimiento de esa norma al Central, por toda respuesta obtuvieron "un expresivo reconocimiento de la imposibilidad de cumplimentar con lo solicitado".
* Declaró también la "ilegitimidad" de la resolución del Ministerio de Economía 6/02, así como sus modificatorias y anexos. Se trata de las normas que, en el marco del decreto 214/02, fijaron la reprogramación de depósitos a plazo fijo e impusieron la pesificación de colocaciones en moneda extranjera, a una paridad de 1,40 pesos por dólar. Las decisiones del tribunal no afectan la pesificación de deudas porque se trata de un asunto ajeno a la acción que inició Mondino ante la Justicia.
Mondino destacó a la prensa que "estos fallos permiten vislumbrar la recuperación de un estado de derecho que cancela procedimientos confiscatorios".
El gobierno tiene un plazo de diez días hábiles para apelar y luego el tema pasaría a la Corte.
El Máximo Tribunal también tiene para resolver dos casos presentados por ahorristas particulares, pero ha postergado los fallos sobre el particular como consecuencia de la amenaza de juicio político que pesa sobre los magistrados. Diputados oficialistas fracasaron en su estrategia de salvar a la Corte y el mismo ministro de Seguridad y Justicia, Juan José Alvarez, pidió a legisladores que traten el pedido de juicio "porque no se puede tener al poder judicial en el limbo". El PJ pidió una sesión especial para tratar el tema el miércoles.
Por otra parte, ayer mil ahorristas demandaron penalmente al Estado argentino y a los principales bancos españoles (ver aparte) ante la Audiencia nacional de España. (DyN, Télam)

" No es una complicación"

El Gobierno anunció ayer por la tarde que apelará el fallo de contra la pesificación de los depósitos y aclaró que la medida no significa una "complicación" para su gestión.
El ministro Lavagna, anunció la decisión gubernamental de presentar la apelación, pero no quiso hacer mayores comentarios sobre el fallo. Pero quien dimensionó de otro modo la resolución judicial fue uno de los integrantes de a misión negociadora con el FMI, Aldo Pignanelli. El presidente del BCRA dijo que entre los temas que más preocupan al FMI, " los fallos judiciales contra los depósitos bancarios".
Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo que "hay que esperar que el Gobierno haga las apelaciones del caso y este vaya a la Corte para su análisis" y negó que el fallo deba ser evaluado como"una complicación accesoria" para el Gobierno y sostuvo que "por ahora no tiene ninguna consecuencia, ya que hay una instancia superior, que es la Corte" . Por su parte, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, advirtió que si la Corte declara la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos se generaría "una situación económica muy complicada y difícil" y reclamó "evitar eventuales conflictos de poderes".

Ahorristas demandaron penalmente al Estado y a bancos españoles

Alrededor de mil ahorristas que tiene sus depósitos atrapados en el sistema financiero argentino iniciaron ayer una demanda penal en la justicia de España contra el Ejecutivo argentino y los bancos Santander Central Hispano (SCH) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), informaron fuentes judiciales.
Los ahorristas, españoles y argentinos, presentaron la demanda a través de la Asociación Hispanoamericana de Perjudicados por el Corralito ante la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, en la que califican el cerrojo bancario de "genocidio financiero".
Los querellantes, que reclaman la devolución de 100 millones de dólares, consideran que "las entidades financieras, en la persona de sus responsables, son autores, en connivencia con el Gobierno (argentino) de una fraude financiero sin precedentes", que ocasionó "la ruina de la Nación Argentina y ha puesto en peligro la estabilidad económico-financiera de América Latina".
La demanda va dirigida puntualmente contra el BBVA, su filial en Argentina, el Banco Francés, y 33 altos directivos de la entidad; y contra el SCH, su filial Banco Río de la Plata y 19 responsables de esa institución.
La demanda involucra también a 24 funcionarios del Ejecutivo del anterior y el actual gobierno, que intervinieron en la aprobación de los decretos correspondientes al corralito, entre ellos a Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa, al presidente Eduardo Duhalde y la ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Según fundamentan en la querella, la medida afectó a más de 4,5 millones de personas de forma directa y a 40 millones de forma indirecta.
(Télam)

El Proyecto de Presupuesto fue al Congreso

El Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto de Presupuesto 2003, que contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno del 3 % y una tasa de inflación de "entre el 23 y el 26 por ciento para todo el año".
Así lo anunció el ministro de Economía, Roberto Lavagna, luego de firmar el proyecto junto al presidente Duhalde, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, y los secretarios Legal y Técnico, Antonio Arcuri, y de Hacienda, Jorge Sarghini.
La presentación del proyecto de "ley de leyes" fue en realidad un adelanto de la que formalmente realizará Lavagna el martes próximo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Con este atípico adelanto, en el que ni siquiera se distribuyeron copias de la síntesis del proyecto, el Poder Ejecutivo cumple con el plazo fijado en la ley de Administración Financiera, que establece que el presupuesto debe ser enviado al Parlamento antes del 15 de setiembre.
La responsabilidad recayó en Sarghini, quien se trasladó al Congreso y entregó el proyecto del PEN al presidente de Diputados, Eduardo Camaño.
En la Residencia de Olivos, en una conferencia de prensa organizada a último momento (Lavagna no tenía previsto hablar del tema hasta el martes próximo, pero debió hacerlo por expreso pedido de Duhalde), el jefe del Palacio de Hacienda rechazó por "totalmente erróneas" las versiones sobre un supuesto rechazo del FMI al proyecto oficial.
"El Fondo no tiene nada que decir sobre el presupuesto argentino, salvo en la meta de superávit", sostuvo Lavagna, quien añadió que "sólo hay tres copias" del proyecto, en manos de Duhalde, Atanasof y él mismo, con lo que dio a entender que el organismo multilateral de crédito aún no lo conoce en detalle.
El ministro precisó que el superávit primario será finalmente de 2,18%, "el mayor desde 1994, después de varios años de déficit primario". (DyN)

Encuentro clave

La cúpula del FMI se reunirá el martes para definir si avanza hacia la redacción definitiva de una carta de intención con la Argentina o si aún el país necesita profundizar avances para acceder al acuerdo.
Del crucial encuentro participarán el director , Hors Kohler, la vicedirectora gerente del organismo, Anne Krueger, y el jefe del Hemisferio Occidental, Anoop Singh.
Durante la reunión se analizará el resultado de las últimas misiones que el FMI envió a la Argentina y las conclusiones a las que se arribaron tras el paso del secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y del presidente del Central, Aldo Pignanelli.
Ambos funcionarios cerraron ayer su gira a los Estados Unidos y emprendieron regreso a Buenos Aires, luego de haberse entrevistado con el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor.
Tanto Taylor, como su jefe Paul O"Neill reiteraron que están satisfechos con algunos avances logrados por el Gobierno argentino, pero inmediatamente remarcaron que aún quedan temas pendientes. Si bien desde ambas partes se admite que los calificados "números técnicos" están casi acordados, ahora al FMI lo desvela el tema del goteo por amparos y la falta de cohesión política en la Argentina. (DyN)