Italia comienza a aplicar una dura ley inmigratoria
Con polémica comenzaron a regir las nuevas normas legales contra la llegada y estadía de inmigrantes en el país, consideradas exageradas tanto por la oposición como por sectores políticos cercanos al poder, lo que está suscitando discrepancias entre los aliados del gobierno. La nueva ley otorga más poderes al Estado para expulsar y condenar a los clandestinos.
Tachada de "racista" por la oposición de centro-izquierda, la normativa establece férreas restricciones al acceso de los extranjeros, que sólo podrán obtener un permiso de estadía en el país si ya cuentan con un contrato de trabajo.
Este permiso de residencia, concedido por las embajadas y consulados italianos en el extranjero, tendrá una duración de dos años, pero si el inmigrante se queda sin trabajo antes de que éste venza, deberá regresar a su país de origen.
La ley prevé además penas de cárcel para los inmigrantes que sean expulsados y entren de nuevo ilegalmente en Italia -ya que esta hipótesis deja de ser considerada una infracción y se transforma en delito- y el uso de naves de la Marina Militar para controlar las costas, a fin de frenar los desembarcos de indocumentados. La norma fue bautizada como la ley "Bossi-Fini" por los nombres de sus dos principales inspiradores: el ministro para las Reformas y jefe de la ex secesionista Liga Norte, Umberto Bossi, y el vicepremier y líder de la derechista Alianza Nacional, Gianfranco Fini.
Otros puntos importantes del nuevo documento se refieren a la expulsión inmediata -con acompañamiento hasta la frontera- de los inmigrantes clandestinos, y a la toma de las huellas digitales para los extranjeros que pidan el permiso de residencia, a fin de poder identificarlos en caso de falsificación de documentos.
Las expulsiones de extranjeros sin permiso de residencia se llevarán a cabo por vía administrativa: los ilegales sin papeles serán trasladados a un centro de permanencia durante un plazo de 60 días, período durante el cual se llevarán a cabo las prácticas para la identificación. En el caso de que no sea identificado, se le obligará a abandonar el territorio italiano en tres días.
Con la "Bossi-Fini", la reagrupación familiar se volverá además más difícil, ya que el extranjero con trabajo sólo podrá traer a Italia a sus hijos menores de edad. Los mayores sólo podrán ir si son minusválidos.
Por el contrario, la ley abre las puertas a la regularización de los indocumentados que ya están actualmente en Italia trabajando en el servicio doméstico -cada familia podrá regularizar a una sola empleada doméstica - o cuidando ancianos o minusválidos.
Con la nueva ley, los italianos que den trabajo a inmigrantes sin permiso de estadía deberán hacer frente a penas más duras, ya que podrán ser arrestados de tres meses a un año y condenados a multas de hasta 5.000 euros por cada trabajador que no tenga papeles en regla.
Según Cáritas, el año pasado los trabajadores extranjeros irregulares en Italia eran 300.000, frente a 1.700.000 regulares.
Polémica en el propio gobierno
La polémica ley de inmigración amenaza con generar una crisis en la alianza de gobierno de Silvio Berlusconi tras el furioso cuestionamiento del líder xenófobo de la Liga del Norte, Umberto Bossi, a la propuesta de un ministro de suavizar algunos aspectos de la nueva ley.
Bossi, "número tres" del Ejecutivo, amenazó con una crisis de gobierno a raíz de las discrepancias surgidas con representantes centristas del gabinete. El líder "liguista" arremetió en particular contra el ministro de Relaciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi, quien propuso regularizar a todos los inmigrantes clandestinos con trabajo aunque hayan recibido la orden de expulsión. "Giovanardi y los que piensan como él me parece que han perdido la cabeza", afirmó Bossi.
Marco Follini, presidente del CCD, replicó: "es poco responsable que amenace destrozos y se muestre insolente con obispos, colegas y aliados, es poco responsable y muy provinciano", dijo.
La norma es vista por el gobierno como un paso importante en la lucha contra la criminalidad, el tráfico de droga o los episodios de violencia callejera, mientras para el centro-izquierda es equivocada, racista e intolerante.
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