Juicio a la Corte: el PJ no sesiona para presionar
Traban la aprobación de nuevos proyectos.
La postura oficialista es trabar la aprobación de cualquier nuevo proyecto hasta tanto se solucione el conflicto.
Ante la negativa de la UCR y el ARI a permitir una sesión que intuyen desfavorable para el juicio, en el PJ pocos creen que la jugada de hoy pueda tener éxito.
Ayer, mientras la conducción justicialista debatía su estrategia, el abogado Ernesto Galante denunció que el juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, le pidió cinco millones de dólares para emitir un fallo a su favor, en una causa por honorarios de la quiebra de la empresa Celulosa.
"Me tenés que dar cinco millones de dólares, fue así, textualmente", relató el abogado al reproducir el supuesto pedido de Boggiano. Su auditorio fue la comisión de Juicio Político, donde analizan otras 120 nuevas denuncias contra el tribunal.
De esa forma, la comisión, donde sobresalen los diputados que apoyan el enjuiciamiento, buscó elevar el costo político de la estrategia oficialista destinada a cerrar el juicio.
Galante narró las idas y vueltas sufrida por la causa judicial que impulsaba como abogado y apuntó contra Boggiano, al acusarlo de pedirle dinero y agregar, ante su negativa, que luego se enteró "que se había excusado". El abogado sostuvo también que hubo funcionarios de la Corte que sintieron "asco", aunque evitó dar nombres. "Tengo el deber de no involucrar a gente que se gana la vida en el Poder Judicial", se justificó.
El PJ resolvió, paralelamente, suspender la convocatoria a sesiones especiales y condicionar toda la actividad de la cámara a que se termine el juicio.
La semana pasada, la sesión especial convocada por el oficialismo quedó a 30 diputados del quórum y demostró las dificultades que enfrenta el PJ para forzar una jugada en soledad. Si la presión de hoy vuelve a fracasar, el PJ deberá evaluar seriamente la posibilidad de regresar el tema a comisión, como una suerte de tregua. (DyN, Télam)
"No se mete"
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró ayer no saber si el FMI presiona al gobierno con negar su ayuda financiera si se concreta el juicio político a la Corte, pero dijo que el organismo "no tiene por qué meterse en estas cosas".
Fernández señaló que "el FMI en lo que se mete es en el escenario. Dice "tenemos que reconsiderar el escenario". No tiene nada que hacer el Fondo en esta decisión" que sólo compete al Congreso argentino.
El funcionario reiteró que "el gobierno no quiere participar en la discusión del tema de la Corte", pero insistió con que "no se puede tener "in eternum"a uno de los poderes de la República con la espada de Damocles sobre la cabeza.
Escandalosa denuncia contra Boggiano
El abogado Ernesto Galante denunció ayer que el ministro de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, le habría pedido cinco millones de dólares para emitir un fallo a su favor en una causa por honorarios en torno a un concurso de quiebra.
"Me tenés que dar cinco millones de dólares, así fue, textualmente", narró Galante ante la Comisión de Juicio Político, al describir el supuesto intento de cohecho.
Los integrantes de la Comisión analizan 120 nuevas denuncias contra el máximo Tribunal mientras el oficialismo intenta, todavía sin éxito, cerrar el Juicio contra los juicios..
La comisión de Juicio Político de la Cámara baja aseguró ayer que seguirá trabajando para hacer prosperar la acusación a la Corte, durante la presentación que hizo de un libro con una síntesis del dictamen.
Con la presencia de representantes del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asociación Americana de Juristas, el presidente de la comisión, Sergio Acevedo (PJ), sostuvo que seguirá trabajando para "preservar el sistema democrático, el principio republicano y el valor justicia".
El diputado puntualizó que la comisión "nunca antes se había llegado a un dictamen de tanta trascendencia en la opinión pública" a excepción del sonado caso que involucró a Augusto Bellluscio años atrás, pero aclaró que "no es mérito de la comisión, sino del desprestigio de los jueces".
El libro que contiene una síntesis del dictamen de mayoría a favor de la acusación que firmaron 20 de los 27 miembros de la comisión fue publicado por Rubinzal-Culzoni Editores. Nilda Garré (Frepaso), José Minguez (UCR) y Héctor Polino (ARI) informaron a los abogados presentes que la comisión seguirá trabajando en otra tanda de 120 denuncias contra la Corte, que marchan por cuerda separadas.
"Minga, mi candidatura está para quedarse"
El ex presidente Menem acusó ayer al gobierno de Duhalde de hacer "circular el rumor" de que se bajará de su postulación, difundir "encuestas truchas" y lanzar "campañas de prensa" en su contra con el objetivo de sacarlo "de pista", y reafirmó su candidatura .
"El gobierno está empeñado en sacarme de pista. Hacen circular el rumor de que pienso abandonar mi candidatura. Minga! M candidatura está para quedarse", enfatizó Menem en declaraciones a radios del interior difundidas por su comando de campaña.
El ex mandatario sostuvo que para el gobierno, el mejor candidato es"cualquiera menos Menem, pero en las elecciones los votos del gobierno cuentan muy poco" porque "lo que cuenta es el voto de la gente y la gente sabe cómo se vivió en la década del "90 y como se ha vivido después. Estamos muy confiados en nuestro triunfo", dijo Menem, quien por otra parte confirmó que el próximo sábado encabezará un acto en La Matanza y el domingo, otro en Córdoba.
Por otra parte, dirigentes menemistas se encargaron de desmentir que exista un acuerdo entre Menem y De la Sota, a quien el gobierno habría quitado su apoyo.
Solá advierte
Por su parte, el gobernador Solá, manifestó que "espera que no estén en peligro las elecciones internas" partidarias previstas para el 15 de diciembre, ante los reclamos efectuados por la Cámara Electoral por las demoras en el envío de padrones de parte de los partidos.
En ese marco, advirtió que "si no hay internas" el PJ"demostraría una importante dispersión" y eso restaría "legitimidad" a quien resulte candidato a presidente. Solá consideró que "sería más saludable un candidato surgido de internas que fuera a elecciones" el 30 de marzo, porque "las internas siempre han fortalecido al ganador" y puso como ejemplo la derrota sufrida por el ahora presidente Duhalde cuando fue candidato a presidente en el "99 producto de una unidad" que "en realidad no era tan cierta". (DyN, Télam)
El cronograma no se cambia
Pese a surgir en las últimas horas una fuerte polémica entre el Ejecutivo y la Justicia Electoral por el envío de los fondos para financiar las internas, el gobierno negó ayer que haya "conflicto" entre ambos poderes y ratificó el cronograma vigente.
El ministro del Interior, Jorge Matzkin, aseguró que "no hay temas de conflicto" con la Justicia que pueda poner en riesgo el proceso electoral, aunque aclaró que los fondos que el gobierno está dispuesto a girar para los comicios serán inferiores a los 37 millones de pesos requeridos.
"No hay ninguna cuestión que pueda hacer presumir o pensar que por este tipo de cuestiones se pueda demorar o perturbar el proceso eleccionario", afirmó Matzkin y recordó que el PEN aun está en plazo para enviar el dinero, aunque aclaró que será "bastante inferior" al reclamado por la Cámara Electoral.
Matzkin aclaró que el gobierno aspira "a que los gastos en relación a lo que pide la Justicia no resulten superiores a los tradicionales, que son por cierto bastante inferiores a los mencionados". La Cámara Nacional Electoral sorprendió con un doble reclamo, por un lado la remisión de los fondos, y por el otro, la difusión a través de Internet de la nómina de afiliados a partidos.
Según se indicó, con esta medida la Cámara intenta garantizar la transparencia de las elecciones internas y establecer un mecanismo que permitirá a los ciudadanos revisar si han sido incluidos en padrones partidarios en forma involuntaria.
La juez María Servini, por su parte, quien tiene competencia en asuntos electorales, dijo que no existe ninguna presentación a la Justicia "que impida que las internas se hagan" y explicó que resolverá el planteo formulado por el senador Jorge Yoma luego de que el Ministerio del Interior fije su postura.
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