La UCR quiere evitar otra "subversión económica" y actuará sin fracturas
Las autoridades del radicalismo, entre ellas Pablo Verani, decidieron abroquelarse en el tema del juicio político a la Corte para evitar que se repita la misma situación que llevó a la senadora Isidori a facilitar la derogación de la ley de Subversión Económica. El PJ intentará hoy salvar del juicio al máximo tribunal.
Es por eso que el partido resolvió actuar en bloque, y los legisladores no contribuirán a facilitar el quórum necesario para iniciar la sesión especial convocada por el PJ para cerrar el pedido de acusación contra los miembros del máximo tribunal.
Así lo hicieron saber a últimas horas de ayer altas fuentes de la centenaria fuerza, que descartaron de plano la posibilidad de que diputados puedan bajar al recinto algunos de los cuales responden a los gobernadores de la Patagonia.
Esa versión surgió a partir de la reunión que Verani y los mandatarios Roberto Iglesias (Mendoza) y José Luis Lizurume (Chubut) mantuvieron anteayer con el presidente Duhalde, donde le reclamaron por las deudas que la Nación mantiene con sus provincias.
Es que los legisladores de esas regiones encabezaron la lista de los más proclives a flexibilizar la posición del partido, influidos claramente por la presencia de los jefes provinciales en la Rosada.
"La situación de la Subversión Económica no se repetirá y eso es una decisión del partido. No se negocia nada. Se acordó que ningún legislador baje a completar el quórum que el PJ está intentando juntar, y eso será así hasta tanto ellos clarifiquen su postura sobre el tema", dijo la fuente.
Y agregó: "Acá no hay que permitir ambigüedades: tenemos que ser claros en que ni aún queriendo es posible torcer la voluntad partidaria, que fue definida por el mismo Verani y las demás autoridades. Además, del interior hay sólo 14 legisladores radicales, que no torcerán la balanza".
Sin embargo, cuando se analizan los números más allá de esas palabras, los 14 legisladores del interior sí podrían cambiar la situación.
Para que pueda haber sesión, en el recinto debe haber 129 legisladores ocupando sus bancas. Las negociaciones que hasta últimas horas de ayer llevaban adelante los jefes de la bancada peronista auguraban la presencia de 101 diputados de esa fuerza en la Cámara, dispuestos todos a poner fin al enjuiciamiento de la Corte.
A ellos deben sumarse tres del partido Acción por la República y un aún desconocido apoyo de las fuerzas provinciales, que, según fuentes justicialistas, estarían dispuestas a acompañar.
"Tenemos esperanzas de que esto salga. Los provinciales podrían acompañarnos con 15 diputados y los números estarían cada vez más cerca", se esperanzó un secretario de Estado con despacho en la Rosada que aún confía en que el pedido de juicio al máximo tribunal podría cerrarse hoy.
A partir de esas cifras, la sumatoria de los diputados alcanzaría un total de 119, lo que provocaría un faltante de 10 legisladores para abrir el debate. "Lo único que esperan los radicales es que haya un pronunciamiento de parte nuestra para endilgarnos completamente la responsabilidad del cierre del juicio. Si los números no dan y esto tiene que suceder...", aventuró el funcionario.
Según las fuentes consultadas, la única manera en que los diputados radicales entren al recinto mañana sería o una vez que se haya dado quórum para iniciar sesión o cuando el PJ clarifique su posición.
"Vamos a estar detrás de las cortinas, porque si mañana alcanzan el quórum vamos a entrar a pedir el enjuiciamiento de la "mayoría automática". No nos vamos a quedar de brazos cruzados", confesó un diputado patagónico que prefirió la reserva.
Por otra parte, trascendió que la Corte no resolvería mañana la inconstitucionalidad o no de la pesificación de los depósitos. Si bien argumentaron que la redolarización de depósitos no cuenta con los 5 votos necesarios para la mayoría, a nadie escapó que hasta tanto diputados no resuelva el juicio político, no habrá fallos.
El PJ intenta hoy salvar a la Corte
El justicialismo intentará hoy en una sesión especial de la Cámara de Diputados salvar a la Corte Suprema del juicio político, un intento que busca cerrar el enfrentamiento abierto con los jueces y evitar nuevas sentencias contra la política del gobierno.
La UCR y el ARI ratificaron su negativa a participar de la sesión (ver nota central), mientras que el oficialismo necesita convocar a 129 diputados para tener éxito y evitar que prospere el medio centenar de denuncias presentados contra los magistrados.
Los estrategas del bloque aseguraron ayer que cuentan con un número suficiente de promesas como para acercarse al quórum: dan por descontada la presencia de un centenar de justicialistas, el acompañamiento de una veintena de provinciales, cuatro cavallistas y otros que antes lo fueron, como Fernanda Ferrero y Castellani.
En total piensan reunir entre 110 y 130 diputados. Por el contrario, los principales impulsores del juicio político de la oposición, y decena de aliados que tienen en el propio peronismo, se reunieron ayer y resolvieron doblar la apuesta y abrir una investigación por enriquecimiento ilícito contra los jueces.
El grueso del PJ se abroqueló detrás de la estrategia liderada por el menemismo y los operadores del gobierno, que buscan rechazar el medio centenar de denuncias que pesan sobre los jueces. El oficialismo, de todas formas, prefirió dirigir la presión hacia la UCR antes que dar argumentos a favor de la clausura del proceso.
El ministro del Interior, Jorge Matzkin, lideró ayer la coacción contra los radicales. "Es un tema que hay que terminarlo, no se puede mantener en forma indefinida esta cuestión", exhortó el ministro.
Pero los radicales dieron ayer a conocer un duro comunicado que ratificó su negativa a participar de la sesión de hoy y pidió que cada sector interno del oficialismo exprese su posición.
Igualmente, la decena de peronistas disidentes enfrentó la jugada a través de un texto encabezado por una frase de Arturo Jauretche: "Nosotros no somos jueces, somos fiscales, hacemos las acusaciones y en todo caso será el pueblo y la historia quien los condene. No debe tratarse bajo coacción o extorsión una cuestión tan importante para la sociedad que no tolera y admite más impunidad", agregaron los disidentes, que llevó las firmas de Sergio Acevedo, Ricardo Falú, Julio Gutiérrez, Blanca Osuna, Mónica Kuney, Dante Canevarolo, Gerardo Conte Grand, Ricardo Gómez y Arturo Lafalla.
El énfasis del menemismo por terminar con el juicio los llevó incluso a proponer en el interior del bloque del PJ que se paralice la cámara baja hasta tanto se defina la pulseada.
Su difusión obligó a la bancada a emitir un comunicado para desmentir la jugada: "no está en el espíritu del Justicialismo detener el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados", aseguraron. (DyN)
Cámara declaró inconstitucional el "corralito" y la pesificación
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró ayer la inconstitucionalidad de los decretos mediante los que el Gobierno instauró el "corralito", pesificó las colocaciones en moneda extranjera y frenó la liberación de depósitos a través de los amparos judiciales.
Ahora la administración Duhalde y el BankBoston -contra el cual falló la Cámara- apelarán ante la Corte, que hoy analizará otras demandas "anticorralito" e, aunque difícilmente haga un pronunciamiento (ver aparte).
La Corte tiene la palabra definitiva sobre la legalidad de las restricciones bancarias vigentes desde diciembre y volverá a complicar al Gobierno si falla en favor de un ahorrista de Chubut que reclama que se preserven en la moneda de origen depósitos a su nombre por un millón de dólares, y de otro ahorrista rionegrino.
Los jueces María Garzón, Damarco y Herrera, miembros de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sumaron un nuevo revés judicial para el Gobierno y los bancos. Para la Cámara el Gobierno antepuso "un pretendido salvataje" de los bancos a "las necesidades primarias de la población", con lo cual no hizo más que apartarse de su rol de preservar el bien común.
Los camaristas reconocieron que el "corralito" y las normas que derivaron de la inmovilización de depósitos en los bancos fueron adoptados en "situación de emergencia". Pero recordaron que aún en una crisis "los poderes del Estado no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco de la Constitución y bajo el control de jueces independientes". Consecuentemente, la sala declaró la inconstitucionalidad del decreto 1570/01, mediante el que de la Rúa impuso el "corralito".
Notificación de amparo por U$S 22 millones
Por otra parte, se supo que el Banco Ciudad recibió ayer una orden para hacer efectivo un amparo por depósitos atrapados en el "corralito financiero" por 22 millones de dólares, resolución emitida por el juez Martín Silva Garretón en beneficio de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).
Caso de San Luis
La Corte se expedirá "en pocos días" sobre el reclamo formulado por el Gobierno de San Luis para recuperar 247 millones de dólares inmovilizados por el "corralito", dijo ayer la gobernadora tras un encuentro que mantuvo con el juez Julio Nazareno.
En la reunión, Nazareno contó a la gobernadora que el expediente del caso está en manos del procurador general Nicolás Becerra, quien emitirá dictamen y girará el sumario "nuevamente a la Corte, la semana próxima", indicó Lemme.
Además, dijo tener expectativas en que "la Suprema Corte se expida cumpliendo respetuosamente la Constitución y las leyes". San Luis presentó una acción de amparo y planteó la inconstitucionalidad del "corralito". (DyN)
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