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Miércoles 25 de setiembre de 2002 | |
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Turbulentas relaciones en Chile |
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Por Rodrigo Ruiz Tovar |
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| Las relaciones entre el gobierno del presidente Ricardo Lagos y la Fuerza Aérea de Chile (FACH) están pasando por el peor momento, al punto de que algunos analistas no descartan que se trate de "cortar la cabeza" del comandante de la institución, general Patricio Ríos. Las discrepancias entre un gobierno y algunos oficiales de las Fuerzas Armadas son zanjadas normalmente con la destitución del militar, pero en Chile el asunto tiene un tinte especial, pues normas constitucionales, dictadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), impiden al jefe de Estado remover a los comandantes en jefe, que cumplen un período fijo por antigüedad. Las especulaciones señalan que no se descarta que Lagos pida en público la renuncia de Ríos para aumentar la presión, pero observadores califican el escenario de "muy arriesgado", al recordar que una solicitud hecha durante el gobierno del ex presidente Eduardo Frei (1994-2000) no fue atendida por el entonces comandante de Carabineros (policía uniformada), general Eduardo Stange. El gobierno podría acudir al Consejo de Seguridad Nacional para forzar el retiro de Ríos, pero los comentaristas políticos advierten que en esa instancia el gobierno correría el riesgo de quedar en minoría, pues allí tienen asiento los comandantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. La crisis comenzó hace tres semanas, cuando un informante dijo al diario gubernamental "La Nación" que a comienzos de este año se reintegró el "Comando Conjunto", un grupo represor que operó en los primeros años de la dictadura de Pinochet y al que acusa de la desaparición y ejecución de varios dirigentes izquierdistas. Según "Colmillo Blanco", como fue identificado el ex agente de ese grupo, los antiguos integrantes de la organización recibieron "órdenes" de la cúpula de la FACH para reagruparse, con el objetivo de enfrentar la "avalancha" de procesos penales abiertos tras el regreso de la democracia. El hombre señaló que una primera señal de reorganización se presentó a comienzos del año pasado, cuando la FACH supuestamente no entregó informaciones veraces a la Mesa de Diálogo, un comité multisectorial que permitió la ubicación de unos 200 detenidos desaparecidos. Uno de los detonantes de la compleja situación fue la denuncia de "Colmillo Blanco" en el sentido de que una de las integrantes del grupo represor era Viviana Ugarte, esposa del general de la FACH Patricio Campos, quien la semana pasada renunció en medio del escándalo a la jefatura de la Aeronáutica Civil. La administración Lagos pidió a la Justicia que investigue la posible reaparición del "Comando Conjunto", mientras que a Ríos le solicitó un pronunciamiento público sobre las denuncias, calificadas de "muy graves" por funcionarios del palacio de La Moneda. El enojo del gobierno se presentó después de que el general Ríos asegurara el pasado fin de semana que él había informado sobre el pasado de la esposa de Campos cada vez que su subordinado fue ascendido en los últimos años. Las afirmaciones de Ríos fueron rechazadas enfáticamente por el ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, quien aseguró que Lagos nunca fue enterado de los antecedentes de la esposa del oficial. La desmentida fue reforzada por los ex ministros de Defensa, Edmundo Pérez Yoma y Mario Fernández, este último actual ministro secretario general de la Presidencia, quienes coincidieron en que Ríos nunca los puso al tanto de los hechos. El juez Mario Carroza, encargado de varios casos atribuidos al "Comando Conjunto", tomó las denuncias en sus manos y el lunes pasado interrogó a varios ex miembros de la organización, a los que les preguntó si habían recibido órdenes de reagruparse. De acuerdo con medios de prensa, Carroza decidió dejar bajo prisión preventiva al coronel retirado de la FACH Juan Saavedra, señalado por "Colmillo Blanco" de ser el "jefe de operaciones". Sectores políticos vinculados con la coalición de gobierno Concertación por la Democracia impulsan en el Congreso una enmienda constitucional para que el jefe de Estado vuelva a tener la facultad de designar y remover a los comandantes de las Fuerzas Armadas. (DPA) |
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