Lunes 23 de setiembre de 2002
		Mirando al país desde el interior
		Por Roberto Lavagna (*)
		Una de las preguntas frecuentes que la prensa formula en estos días se relaciona con la actitud que tomará el Gobierno ante los vencimientos impostergables que debe afrontar próximamente con organismos internacionales: "¿Utilizará reservas para cancelar esos compromisos?", es el interrogante. La respuesta que damos es que no debemos anticiparnos a los hechos, pero inmediatamente agregamos que los recursos disponibles por el Gobierno tienen dos objetivos que no deben resultar afectados: la financiación de los programas sociales y la de los programas de equilibrio fiscal de las provincias. Está claro que sin tranquilidad social y sin el apoyo a las provincias que permita la posibilidad de desarrollar las economías regionales, la recuperación del país de la crisis económica más aguda de su historia, no será posible. En ese marco, cabe preguntarse por qué en los últimos años se ha producido tal retraso en las economías regionales. La respuesta está en la propia naturaleza del modelo de la convertibilidad, basada en la creación de condiciones favorables para cuatro tipos de actividades: las importaciones, los servicios públicos privatizados, las actividades de renta financiera y los servicios en general, lo que los economistas llamamos bienes no comercializables internacionalmente. En todos los casos son actividades con un grado de concentración fuerte en Buenos Aires y, desde ya, en las grandes empresas. La consecuencia lógica de lo que se señala es que aquel modelo "discriminaba", esto es, desfavorecía a las economías del interior por dos razones: porque son fundamentalmente economías de base productiva de bienes, ya sea para el mercado interno y/o para la exportación (esto es bienes comercializables internacionalmente) y porque en ellas hay un gran predominio de las pequeñas y medianas empresas. Finalmente la convertibilidad colapsó, como era de prever. Terminadas las manipulaciones financieras (canjes, megacanjes, blindajes), se terminó imponiendo la realidad de una economía real paralizada -en la más larga recesión en más de un siglo-, de muy altos niveles de desempleo y subempleo y de una fuerte redistribución regresiva del ingreso nacional, colocando a una parte importante de la población argentina por debajo de la línea de la pobreza. El "detonador aparente" fue la interrupción de nuevo financiamiento dado el alto nivel alcanzado por la deuda externa. El "detonador real", en cambio, fue la incapacidad de nuestra economía de crear empleo, de atraer inversiones productivas y en definitiva de concretar algo tan simple como crecer. Una lástima: las voces internas que advertían sobre esto no fueron escuchadas. Hizo falta que el Secretario del Tesoro norteamericano lo dijera. Lo cierto es que ahora hay que mirar hacia adelante. Con todo lo traumáticos que fueron los primeros meses pos devaluación, está claro que se han creado nuevas condiciones. Hoy hay capacidad para producir internamente buena parte de lo que se importaba. Hoy hay capacidad para lanzarse a conquistar o ampliar mercados. La ecuación económica es claramente positiva si bien también está claro que hay mucho, muchísimo que hacer en materia de financiamiento. En este esquema donde predominan los bienes sobre los servicios monopólicos o cuasi monopólicos, donde predomina la producción nacional sobre lo importado, donde innumerables empresas medianas y pequeñas ganan espacio ya sea como productoras finales/exportadoras o como proveedoras de insumos, la balanza se inclina a favor de las economías del interior. Por supuesto, el papel de la agricultura, tanto la extensiva como la llamada regional, es la base del funcionamiento de estas economías. Su competitividad, fruto de la eficiencia y de las nuevas condiciones cambiarias, es excepcional y hay que aprovecharla. Atento a esas circunstancias, en este gobierno de transición hemos adoptado medidas de estímulo para que las condiciones señaladas puedan ser aprovechadas inmediatamente o en el corto plazo, especialmente por las economías regionales. Una de ellas se relaciona con una importante rebaja en los derechos de exportación dirigida en especial a las exportaciones agrícolas no cerealeras. Esos impuestos fueron reducidos hasta el límite que impone la necesidad de no perder recaudación y con la expectativa de un posterior incremento de la tributación derivado de mayores exportaciones e ingreso percibido por los productores del interior del país. En ese programa se incluyeron todos los productos cítricos, maní confitería y partido, aceite de maní, aceite de uva, arroz, fibra de algodón, hortalizas, verduras y legumbres; semillas de hortalizas, verduras y legumbres; abejas reina y todos los productos orgánicos. Asimismo se eximió a las Pyme que exportan anualmente por hasta u$s 20 millones -muchas de las cuales están radicadas en el interior del país- de la obligación de pagar por anticipado los derechos de exportación, permitiéndoseles hacerlo al momento de cobrar el embarque, con un plazo máximo de 180 días. Muchas de esas empresas -en rigor las beneficiarias son alrededor de 11.000- están basadas en el interior del país. Precisamente el problema de la prefinanciación de exportaciones, en el marco de un sistema financiero que recién está dando los primeros síntomas de recuperación después de la crisis revelada a fines de 2001, es uno de los factores clave para desarrollar políticas que favorezcan la producción dirigida a sustituir importaciones e impulsar exportaciones. En ese sentido el Gobierno está articulando la elaboración de fideicomisos para el financiamiento de exportaciones. Prácticamente hay siete acuerdos cerrados por un monto de aproximadamente u$s 160 millones y en paralelo con el buscado acuerdo con el FMI, la Corporación Financiera Internacional y un grupo de bancos privados aportarían un paquete de u$s 2.000 millones, con igual destino. Las provincias pueden acompañar estos esfuerzos haciendo los ahorros necesarios tendientes a reducir sus déficit, mantener sus gastos primarios en los niveles de 2001 y no emitir más cuasimonedas, conforme a lo que la mayoría de ellas está pactando con el Gobierno nacional. Adicionalmente el gobierno nacional suscribió recientemente el Régimen de Conversión de la Deuda Pública Provincial, asumiendo compromisos por aproximadamente u$s 24 mil millones, a través de Bonos Garantizados a los acreedores, emitidos por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. De esta forma alivió a muchas jurisdicciones de serios inconvenientes financieros que ponían en peligro la prestación de servicios básicos en la mayoría de las mismas. También recientemente el Gobierno nacional se comprometió a compensar unos $ 520 millones hasta fin de año correspondientes a impuestos coparticipables que no pudieron ser redirigidos a las provincias en razón de que fueron percibidos a través de bonos. Una parte de ese monto compensará los pagos realizados durante 2002 por el Estado nacional por préstamos de organismos internacionales a las provincias. El Proyecto de Presupuesto 2003, cuyos principales ejes son no aumentar la presión tributaria, no indexar el Presupuesto y reducir el gasto fiscal, incluye $ 1.000 millones destinados a economías regionales, de los cuales $ 84 millones son para adelantar la finalización del Acueducto Río Colorado (La Pampa), $ 67 millones para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, $ 54 millones para la Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones y $ 50 millones para el Plan Nacional de Obras Municipales. Asimismo destina $ 555 millones para diversos fondos fiduciarios para obras de infraestructura en el interior del país. Si acaso se agregaran a estos programas todos aquellos que en el Presupuesto han sido definidos como gastos tributarios, esto es exenciones o promociones especiales dirigidas a las provincias, el total de los programas regionales llega a los mil setecientos millones. Estas concreciones y estas previsiones, que parten de un gobierno de transición, deberían constituir un hito -sin decir el punto de partida- de una visión estratégica de país que coloque a los estados provinciales y a las pequeñas y medianas empresas en situación de constituirse en pilares de la reconstrucción nacional. (*) Ministro de Economía de la Nación
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