Miércoles 11 de setiembre de 2002
		Inmigración: sólo sospecha
		Por María Isabel Rivero
		Cuando Estados Unidos más necesita unir a su población, el gobierno ha optado por tomar medidas contra las comunidades de inmigrantes "que los asocia con sospecha, temor, criminalidad", y que está provocando "rabia y frustración" entre los aludidos. Tal la denuncia formulada por diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que advirtieron que tales medidas "seguramente terminarán siendo un boomerang", ya que hace que los extranjeros residentes en Estados Unidos terminen temiendo a las autoridades policiales y "se aíslen aun más, en lugar de colaborar en el combate a la criminalidad. "Todo esto que se envuelve bajo el lindo moño de la expresión "seguridad interior" es un nuevo paradigma que plantea que la inmigración es un tema de seguridad nacional", opinó la directora ejecutiva de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos, Jeanne Butterfield. "Es un paradigma que representa un gran cambio respecto del paradigma que siempre rigió en nuestro país, que se reconoce como una nación de inmigrantes, que considera que la inmigración es positiva y contribuye a mejorar el país. El nuevo paradigma establece que los inmigrantes ya no son motivo de celebración, sino de alarma y de sospecha", agregó Butterfield. De hecho, el proyecto de ley que se aprobaría en las próximas semanas creando un nuevo ministerio, el Departamento de Seguridad Interior -que utiliza la palabra Homeland, el más parecido a la palabra "patria" en español- tendría dentro de su jurisdicción al Servicio de Naturalización e Inmigración (INS). "Es dramático y alarmante que la idea sea que todos los trámites de todos los inmigrantes de este país vayan a ser procesados por el Departamento de Seguridad Interior", comentó la vicepresidente del Consejo Nacional de La Raza, Cecilia Muñoz. "Es pasar todo el tema inmigración bajo la esfera de la seguridad nacional", puntualizó. Muñoz dijo que la gran cantidad de medidas contra las comunidades de inmigrantes que están tomando las diferentes agencias de gobierno, si se analizan en forma conjunta, muestran una "agresiva campaña contra la inmigración" por parte del gobierno, que está generando "rabia, angustia y frustración". Por ejemplo, el intento del Ejecutivo por hacer que la policía se encargue de cumplir el rol que antes era exclusivo del INS, en cuanto a controlar si un extranjero que reside o trabaja en Estados Unidos tiene el permiso legal para hacerlo, generó enorme rechazo por parte no sólo de los inmigrantes y sus defensores, sino de la propia Policía. "La Policía sabe que para hacer un buen trabajo tiene que tener una buena relación con la comunidad, y es por eso que en muchos Estados y ciudades están anunciando que no desarrollarán esa tarea", dijo Muñoz. La Policía argumenta que si ellos se ven forzados a controlar el estatus legal de un inmigrante, aquél que reside ilegalmente no se acercará a las autoridades para denunciar nada, temiendo deportación, aunque sepa que su vecino es el autor de un atentado terrorista o que un conocido está preparando una bomba casera. Las organizaciones citaron otra decena de medidas adoptadas en el período pos-11 de setiembre, incluyendo por ejemplo la obligación para todos los inmigrantes de informar al INS de un cambio de dirección antes de 10 días después del cambio, so pena de multa, cárcel y deportación. (DPA)
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