Jueves 26 de setiembre de 2002
		Síntoma alarmante
		Para sorpresa de muchos, entre ellos algunos que podrían creer que les convendría una situación más caótica, hasta ahora no se ha producido una ola de violencia política, pero esto no quiere decir que la sociedad pueda darse el lujo de bajar la guardia. Por el contrario, cuando un país se desliza hacia el desorden, muchos grupos se sentirán tentados a aprovechar la oportunidad para saldar cuentas pendientes a sabiendas de que es escasa la posibilidad de que sean aprehendidos. No sorprende demasiado, pues, que individuos presuntamente vinculados con la "guerra sucia" de los años setenta hayan optado por emprender una ofensiva contra los resueltos a seguir investigándola hasta las últimas consecuencias. La semana pasada, desconocidos armados con ametralladoras Itaka, similares a las utilizadas por la policía, balearon la vivienda de Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, con el propósito aparente de matarla. Aunque el atentado motivó fuertes protestas por parte de muchos políticos locales y algunos gobiernos extranjeros, el gobierno de nuestro país eligió minimizar su importancia, acaso por suponer que si tarda en pronunciarse o en tomar medidas contundentes los autores se darán por satisfechos. Por desgracia, es poco probable que la actitud inicial del gobierno de Eduardo Duhalde sirva para que el episodio no tenga secuelas. Si la experiencia dolorosa nos ha enseñado algo, esto es que pasar por alto los hechos de violencia política con la esperanza de que no se repitan suele ser contraproducente. El terrorismo "revolucionario" de una generación atrás cobró tanta fuerza en buena medida porque una serie de gobiernos civiles y militares querían tomarlo por un fenómeno meramente anecdótico sin connotaciones significantes. Asimismo, el terrorismo de Estado practicado por el gobierno de Isabel Perón y, en escala mayor, por la dictadura castrense que lo reemplazó, cuando las bandas "subversivas" ya habían adquirido dimensiones temibles, fue posibilitado por la voluntad del grueso de la ciudadanía a "comprender" la reacción de las autoridades de turno sin preocuparse por los detalles horrorosos. Frente a la violencia política de cualquier signo, la respuesta de la sociedad tiene forzosamente que caracterizarse por la tolerancia cero, porque de otro modo se abrirá la perspectiva de que, una vez más, el país se vea atrapado en una espiral de atentados y contraatentados mientras que sectores cada vez más amplios se solidaricen con los dispuestos a recurrir a las armas. A menos que se esclarezca pronto el ataque contra el domicilio de Carlotto, los directamente responsables se sentirán libres para repetirlo por saber que las autoridades no están en condiciones de identificarlos y capturarlos, y otros que comparten su odio por las organizaciones de derechos humanos pero que no han querido reincidir en los métodos del pasado comenzarán a modificar su forma de pensar. Por lo demás, no cabe duda de que en el otro extremo del espectro ideológico abundan aquellos que podrían tomar la supuesta impunidad de sus enemigos por un pretexto que a su juicio legitime su propia violencia. Como hemos tenido ocasión de aprender, los crímenes cometidos por algunos pueden estimular actos igualmente salvajes de otros. En la actualidad, la violencia política no parece plantear un problema muy grave. Por cierto, incide mucho menos en el estado de ánimo de la mayoría abrumadora que la delincuencia común, si bien es evidente que debido a la desmoralización de la policía, sobre todo de la bonaerense, la criminalidad creciente está conectada con las oscuros conflictos políticos que han desatado distintas facciones a lo ancho y lo largo del país. Con todo, no cabe duda de que dadas las circunstancias los que sueñan con reanudar las luchas feroces de un pasado no tan remoto cuentan con la materia prima suficiente como para provocar un estallido, razón por la que es esencial que todos los comprometidos con la paz hagan un esfuerzo realmente serio para mostrar que a pesar de todo las instituciones siguen funcionando y que la Argentina no es de la clase de país en la que sujetos armados con ametralladoras puedan intimidar a sus enemigos sin que las autoridades reaccionen con todo el vigor necesario para que nadie se sienta tentado a tratar de emularlos.
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