Jueves 5 de setiembre de 2002
		Violencia y política
		Aunque los grupos piqueteros y las facciones izquierdistas que suelen acompañarlos han hecho de la intimidación una de sus armas principales y en diversas ocasiones dirigentes barriales han ayudado a organizar saqueos "espontáneos" de supermercados, como aquellos que se dieron antes de la caída del presidente Fernando de la Rúa primero y, poco después, de su sucesor fugaz Adolfo Rodríguez Saá, la Argentina sigue siendo un país en el que la "violencia política", en el sentido tradicional del término, es virtualmente desconocida. Por cierto, no se ha producido ningún "magnicidio" en los años últimos. Sin embargo, en amplios círculos existe la firme convicción de que las olas de delincuencia que periódicamente aterrorizan a la ciudadanía, provocando cambios en la forma de vida de millones de personas, están siendo impulsadas por individuos cuyos objetivos son netamente políticos. Si bien pocos han querido decirlo sin ambages, se cree que grupos vinculados con el peronismo del conurbano bonaerense están detrás de la moda del "secuestro exprés" que tanta preocupación ha causado en el país entero. A juicio del gobernador bonaerense Felipe Solá y de su ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, la provincia de Buenos Aires es el escenario de una "campaña de desestabilización" brutal encaminada a desplazarlos en favor, es de suponer, de personajes mucho más duros, diagnóstico que parece compartir el presidente Eduardo Duhalde aunque afirma que los responsables de los crímenes de tipo "mafioso" no son "políticos ni policías, sino fuerzas descontroladas" de bandas delictivas. Puesto que no es del interés de Duhalde admitir la posibilidad de que estén en marcha "campañas" conspirativas en las que estarían involucrados miembros del movimiento que él mismo pretende dominar, sus palabras sólo sirvieron para intensificar las sospechas de quienes dan por descontado que "la política" está en la raíz de la inseguridad ciudadana. Huelga decir que las polémicas en torno de las "campañas de desestabilización" que se han denunciado en la provincia de Buenos Aires no han contribuido en absoluto a tranquilizar a la gente ni a impresionar a los delincuentes. Por el contrario, al propagarse la noción de que el aumento del crimen obedece a motivos políticos, la incertidumbre se ha hecho todavía mayor y seguirá agravándose hasta que el panorama político se haya hecho menos confuso. Es lógico: cuando se da una conexión entre el activismo político y la violencia, la seguridad siempre está entre las víctimas principales porque tanto los respetuosos de la ley como los delincuentes mismos entenderán que estos últimos cuentan con la protección de figuras poderosas que son más que capaces de brindar protección a sus socios. Aun cuando sólo se tratara de un mito, al incidir en el clima la convicción de que es así envalentonará a los mafiosos y sembrará el miedo entre los demás. Los más beneficiados por la inseguridad son, cuando no, los que saben hacer pensar que son lo bastante "duros" como para disciplinar a la policía y derrotar a los delincuentes por los medios que fueran. El que ya se haya propuesto que el estado de sitio sea declarado en Buenos Aires o que las Fuerzas Armadas participen de la lucha contra las bandas más peligrosas es un síntoma de la desesperación que tantos sienten, aunque difícilmente constituyen "soluciones". Tampoco resultará positivo el reemplazo de Solá o Cafiero por personajes que se las han arreglado para hacer gala de su propia reciedumbre. En nuestro país los así supuestos no se han destacado por su respeto por la ley, de suerte que a juicio de muchos su eventual ascenso significaría la entrega del poder a una banda no tan distinta de las indisimuladamente mafiosas. Es que los "excesos" policiales como la tortura sistemática y el "gatillo fácil", además de la propensión de ciertos políticos a minimizar su importancia, son una cara de una moneda en cuyo reverso está la arbitrariedad, la corrupción, las bandas mixtas y la voluntad de dejar impunes algunos crímenes a fin de presionar a las autoridades políticas para que desistan de intentar depurar a la Policía de los elementos delictivos que a través de los años han logrado apoderarse de una parte de la estructura.
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