Sábado 7 de setiembre de 2002

 

Piden audiencias públicas antes de autorizar aumentos en los servicios

 

Lo reclamó la defensora del pueblo rionegrina, quien cuestionó duramente a las empresas que facturaron "hasta en los servicios mínimos cifras injustificadas para cualquier país civilizado". Sostuvo que aumentar las tarifas sin realizar audiencia pública "es caer en errores del pasado".

  VIEDMA (AV)- La Defensora del Pueblo de Río Negro exhortó al gobierno nacional a que convoque a audiencias públicas antes de autorizar aumentos en las tarifas de los servicios.
Nilda Nervi de Belloso lo fundamentó en que la privatización de las empresas del Estado que prestaban servicios "permitió ganancias para quienes las adquirieron, facturar hasta en los servicios mínimos cifras injustificadas para cualquier país civilizado, así como endeudamientos sin límites y en dólares, como en el caso de Edersa".
Sobre ésta señaló que "a su entrega daba superávit y hoy está endeudada por un valor superior al de su compra". Consideró que "en la difícil situación que vivimos intentar imponer una modificación en las tarifas de los servicios públicos, nuevamente por decreto y sin respetar las garantías constitucionales como es la audiencia pública, es caer en errores del pasado".
"En representación de los intereses colectivos entendemos necesaria nuestra intervención ante las autoridades nacionales en resguardo de los legítimos derechos de los ciudadanos rionegrinos", dice la Defensora del Pueblo.
Destacó a la audiencia pública como una parte fundamental del proceso de revisión tarifaria, que se inspira en la necesidad de dar participación a los ciudadanos, por sí o a través de sus representantes como organizaciones de Defensa de los Usuarios y Defensor del Pueblo "para que expresen su posición frente a la propuesta de las empresas y a las actuaciones desarrolladas por los Entes Reguladores, aportando los argumentos y pruebas que la sostengan".
Agregó que la audiencia publica favorece el acceso a la información, la transparencia en los actos públicos y otorga procedimientos más eficaces de control ciudadano.
Nervi puntualizó que las tarifas de los servicios públicos "deben sostenerse en la razonabilidad y no pueden apartarse de la consideración del nivel de ingresos de la población, lo que ilustra acabadamente la información proporcionada por el Indec de donde resulta que casi 18.700.000 argentinos son pobres".
Opinó que debería establecerse y legislarse en forma urgente una tarifa social, que resulta esencial "ante los graves momentos que vivimos, que hace insostenible toda pretensión de aumento en los servicios públicos, posibilitando que se tengan en cuenta estos desequilibrios económicos en base a una tarifa que represente la legitimación del derecho de los usuarios, cerrándose el proceso de privatizaciones y abriendo -desde una perspectiva social-la era de la pos privatización, permitiendo que grupos sociales pobres de toda pobreza puedan acceder con exenciones impositivas o al costo de producción, las cuales generarían una disminución de cerca del 50% de la tarifa".
   
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