Sábado 31 de agosto de 2002
 

Plan Jefes: intendentes piden que se controle la contraprestación

 
  INGENIERO HUERGO (AVR).- Un grupo de intendentes del Alto Valle, tanto de la Alianza como del justicialismo, pedirán al Ministerio de Trabajo de la Nación que sólo pague los planes Jefes y Jefas de Hogar a quienes tengan certificada su contraprestación laboral. También plantearán los innumerables problemas que acarrea su vigencia.
El pedido fue planteado por los intendentes de Campo Grande, Cordero, Fernández Oro, Cervantes, Mainqué, Huergo, Regina y Chichinales, quienes además señalaron que no existen ni a nivel provincia ni nacional responsables por la implementación del programa.
Además expresaron su inquietud por denuncias que consideraron "políticas", como la que desencadenó el allanamiento en el municipio de Cervantes en esta semana.
"El plan fue diseñado por Nación para calmar la intranquilidad social, y los municipios hemos tenido un rol protagónico y lo seguimos teniendo. Se hizo un gran esfuerzo por incorporar la mayor cantidad de gente, pero ha tenido múltiples complicaciones", indicó el intendente de Ingeniero Huergo, Leonardo Ballester.
Como ejemplo, mencionaron el caso de una beneficiaria que fue dada de alta, pero que no podía cobrar los 150 pesos del plan porque su cobro debía hacerlo en una ciudad de Catamarca.
Señalaron que en muchos casos inscriptos de Huergo, Cervantes, Mainqué y Chichinales, tienen que cobrar el el beneficio en sedes bancarias de Allen, "lo que significa que el municipio debe disponer de movilidad a diario para llevarlos".
A esto sumaron también los graves problemas de información que generan críticas y reclamos a las comunas.
Apuntaron en este sentido que "sólo existe un teléfono de consulta que es un 0-800 que no brindan la información. Nosotros lo hemos comprobado haciendo consultados eligiendo un beneficiario, y lo que conseguimos es que tiren el problema al municipio", indicó José González, intendente de Fernández Oro.
Por su parte el intendente de Chichinales, Francisco González, anticipó que el conjunto de intendentes pedirá la semana entrante una audiencia con la ministro de Trabajo de la Nación, Graciela Camaño, para plantear todos los problemas.
El intendente de Mainqué, Miguel Petricio, fue más allá al señalar que también planteará que sean los municipios quienes otorguen un certificado de contraprestación de servicios para el cobro efectivo del beneficio.
"El problema es que el gobierno nacional hizo una mala difusión del programa y lo promocionó como un subsidio. Ahora nos encontramos con el problema de que los beneficiarios no quieren trabajar basándose en esta situación", indicó Eduardo Altube, jefe comunal de Campo Grande.
   
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