Indagaron a Mázzaro por compras en Educación

La causa investiga una resolución que autorizó más límites para no hacer concursos de precios.

La ministra llegó a los Tribunales a las 18 y permaneció frente al juez Bustamante por espacio de una hora.

VIEDMA (AV)- La ministra de Educación de Río Negro, Ana Mázzaro, declaró ayer en Tribunales. Lo hizo en calidad de indagada en una causa que se investiga en el juzgado a cargo del juez penal de Viedma Jorge Bustamante.
La funcionaria arribó a las 18 al edificio judicial acompañada por la abogada Analía Cufré y se retiró casi una hora más tarde.
Ahora el juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de la ministra y en este sentido puede sobreseer, dictar la falta de mérito o procesarla.
El delito que se le imputa es el presunto "abuso de autoridad" en el marco de una resolución del Ministerio vinculada a compras directas.
A través de esta norma que lleva la firma de Mázzaro se incrementaron los montos límites que fijan la obligatoriedad de compulsas abiertas de ofertas para la contratación de servicios o de bienes por parte del Estado provincial. Esa modificación en Educación permitió mayor flexibilización en las adquisiciones a partir de compras directas o concursos de precios.
La investigación judicial está centrada en la violación de normas generales con pretendidas reformas por resolución ministerial. La resolución en cuestión lleva sólo la firma de Mázzaro pero su vigencia coincide con la gestión del viceministro Oscar Carballo que estuvo a cargo del manejo administrativo y funcional de Educación. Además, en reuniones gubernamentales, la ministra habría reconocido su responsabilidad en la resolución aunque habría referenciado una decisión de Carballo, por entonces su segundo y ahora incorporado a Economía. Ante el juez su posición habría sido en esos términos.
En contrapartida existe un decreto -firmado por el gobernador, Pablo Verani, con posterioridad a la resolución investigada- por el que se faculta a la ministra para cualquier contratación directa y "urgente" -independientemente del monto- de reparaciones escolares y de insumos, incluyendo útiles escolares.
Ese decreto 738 del 2 de agosto faculta a esa cartera para usar mecanismos excepcionales para "readecuar partidas" para "el normal funcionamiento del servicio educativo", como también, "contratar en forma directa para la ejecución de reparaciones o mantenimiento de establecimientos, mediante resolución fundada, previa acreditación de las circunstancias de carácter urgente y de razonabilidad del precio a pagar".
Además, prevé "contratar en forma directa, independientemente del monto la adquisición, la provisión de los insumos básicos e indispensables, incluyendo útiles escolares". También alude a la existencia de "razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles y que se demuestre que su realización por cualquiera de los procedimientos licitatorios, resienta al servicio o perjudique el erario, debiéndose determinar en cada caso si ha existido imprevisión por parte de algún funcionario".

Cuatro ediles frente al juez

SIERRA GRANDE (AV).- Cuatro ediles de Sierra Grande declararon en indagatorias esta semana ante el juez penal de esta capital Jorge Bustamante. No se descarta que el intendente, Nelson Iribarren, sea también citado en los próximos días, también en calidad de indagado.
La ordenanza 207/00 considerada inconstitucional es el motivo de investigación en esta causa en la que se presume los ediles habrían incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos al votar esa norma.
Mediante esta ordenanza se dejó en situación de despido encubierto a 17 empleados públicos municipales, la mayoría de ellos con una antigüedad superior a los diez años. Esa norma -aprobada en la sesión del Concejo Deliberante de Sierra Grande del 11 de agosto de 2.000 con el voto de los ediles de la Alianza- ordenó una suspensión de seis meses sin contemplar la reincorporación de los empleados una vez trascurrido ese plazo.
La medida se contrapone claramente al Estatuto del Empleado Municipal, la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Provincial en relación a las disposiciones que otorgan estabilidad laboral a los ciudadanos.
Esta semana declararon en calidad de indagados el presidente del Concejo Deliberante de Sierra Grande, Raúl Mandarino, y los ediles Hugo Nicola, María Susana Garay y Claudia Albariño.
A partir de estas declaraciones el juez tiene 10 días para resolver la situación procesal de cada uno de los imputados.
Esta investigación se inició tras la presentación de la denuncia penal formulada por Mirta Fajardo.

Oficialismo en reuniones técnicas

El oficialismo dividido cumplió ayer reuniones técnicas para cruzarse señales políticas. Hoy se conformará la nueva Convención del radicalismo en la Escuela Industrial de Viedma, a partir de las 11.
Desde ayer, un equipo del veranismo -que encabeza José Luis Rodríguez- comenzó un esquema de análisis y consulta para conformar "en unos 40 días" un plan de gobierno para el candidato a gobernador del sector, Miguel Saiz. "La producción será el eje central porque es la llave del futuro", dijo Saiz.
En forma simultánea, el no veranismo reunió a sus técnicos. Hablaron Fernando Chironi, que reivindicó los "proyectos e ideas" para consolidar "una conducción igualitaria y horizontal". Ricardo Sarandría definió al sector como "la búsqueda de una nueva opción dentro del partido" y Bautista Mendioroz dijo que quiere alcanzar el poder "para revertir la realidad de los rionegrinos". (AV)