Viernes 16 de agosto de 2002
 

Mázzaro citada por la Justicia por compras directas

 

Firmó una norma que flexibilizó exigencias. Ahora, Verani le otorgó mayores facultades de contrataciones por "urgencias"

  La ministra Ana Mázzaro fue convocada por la Justicia a indagatoria por una resolución de contrataciones directas en Educación.
En contrapartida, por decreto, el gobernador Pablo Verani facultó a la ministra para cualquier contratación "urgente" -independientemente del monto- de reparaciones escolares y de insumos, incluyendo útiles escolares.
La investigación judicial a Mázzaro se originó a partir de una resolución educativa, por la cual, la ministra incrementó los montos límites que fijan la obligatoriedad de compulsas abiertas de ofertas para la contratación de servicios o de bienes por parte del Estado provincial. Esa modificación en Educación permitió mayor flexibilización en las adquisiciones a partir de compras directas o concursos de precios.
La investigación está centrada en la presunta violación de normas generales con pretendidas reformas por la resolución ministerial. Esa decisión derivó en esta denuncia por "abuso de autoridad", por lo cual, Mázzaro fue convocada a la Justicia.
El juez penal Jorge Bustamante llamó a indagatoria a la ministra para los primeros días de setiembre. La investigación fue promovida por la fiscal Daniela Zágari, quien recibió una denuncia anónima con copia de la resolución cuestionada y de documentos anexos.
La ley de Administración Financiera -3186- establece en el artículo 82 que toda contratación debe realizarse por licitación pública aunque existen excepciones según los montos del gasto. De menor a mayor, los procedimientos especiales son contratación directa, concurso de precios o licitación privada.
En la resolución de Educación se aumentaron los límites que se fijan para cada procedimiento. Esta autorización permitiría mayor autonomía en las adquisiciones.
Aún la causa penal y las limitaciones de ley, el gobernador Pablo Verani habilitó recientemente a Educación para concretar contrataciones directas ante "circunstancias de carácter urgente" para la reparación de establecimientos educativos o compra de bienes.
El decreto Nro. 738 del 2 de agosto faculta a esa cartera para usar mecanismos excepcionales para "readecuar partidas" para "el normal funcionamiento del servicio educativo", como también, "contratar en forma directa para la ejecución de reparaciones o mantenimiento de establecimientos, mediante resolución fundada, previa acreditación de las circunstancias de carácter urgente y de razonabilidad del precio a pagar".
Además, prevé "contratar en forma directa, independientemente del monto, la adquisición, la provisión de los insumos básicos e indispensables, incluyendo útiles escolares".
La norma precisa que esa facultad regirá hasta que entre en vigencia la ley 3628 de Emergencia Educativa.
Verani encuadró este decreto en el artículo 87 de la ley de Administración Financiera. El mismo permite -como excepciones- la contratación directa del Estado en varios casos, en los cuales, se demuestre en "forma adecuada y exhaustiva, la existencia de las circunstancias invocadas y la razonabilidad del precio a pagar". El invocado inciso A alude a la existencia de "razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles y se demuestre que su realización por cualquiera de los procedimientos licitatorios, resienta al servicio o perjudique el erario, debiéndose determinar en cada caso si ha existido imprevisión por parte de algún funcionario". (AV)

Una firma comprometida

La resolución cuestionada tiene sólo la rubrica de la ministra Ana Mázzaro. En realidad, esa norma se gestó en oportunidad de la corta permanencia de Oscar Carballo al frente de la Secretaría Presupuesto y Gestión Educativa.
No hay dudas de la responsabilidad documental de la ministra. Mázzaro no la niega, pero afirma en reuniones gubernamentales que su firma respondió a un pedido de su segundo, Oscar Carballo, actual técnico de Economía en el control de las empresas públicas.
En otro andarivel, Mázzaro también está comprometida por el pedido de juicio político que ya tramita la comisión acusadora, que integran los radicales Fernando Chironi, Miguel Saiz y Víctor Medina, y los justicialistas Eduardo Rosso y Miguel Gonzalez. La ministra remitió los descargos sobre las acusaciones. Esta comisión -según el artículo 154 de la CP- debía concluir su dictamen en 40 días y elevarlo luego a la comisión acusadora (que lo integra la mitad de los diputados de la Legislatura), que para aceptarlo y seguir el juicio necesita el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. (AV).

   
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