Quieren impedir el traspaso de dos islas 15-8-02

Jueves 15 de agosto de 2002

Quieren impedir el traspaso de dos islas

Están frente a los balnearios. Una diputada y dos concejales del Frente Grande intentan impedir que se transfieran a un particular que adquirió las 155 hectáreas en sólo 20.000 pesos.

El decreto del gobernador Jorge Sobisch salteó un paso: las tierras, de la provincia, no fueron desafectadas del dominio público.

NEUQUEN (AN).- Los concejales del Frente Grande de esta capital, Carlos Di Camillo y David Lugones, reclamaron ayer la declaración de utilidad pública de las islas 130 y 131, cuya superficie es de 155,5 hectáreas, ubicadas frente a la zona del balneario de esta capital en el río Limay y que fueron adquiridas por un privado en 1993 a razón de 130 pesos la hectárea, es decir, poco más de 20 mil pesos. El compromiso de venta implicaba la inclusión de mejoras en esos predios -algo que el adquirente, el constructor Pablo Mander, realizó- pero el decreto que en ese entonces firmó el gobernador Jorge Sobisch se salteó un paso: las tierras, propiedad de la provincia, no fueron desafectadas del dominio público.
En consecuencia, cuando Mander intentó su transferencia definitiva, solicitó la desafectación correspondiente, un trámite que demoró casi nueve años y que ahora está a punto de aterrizar en la comisión de asuntos municipales de la Legislatura. En ese ámbito, la diputada de la Alianza -también por el Frente Grande-, Teresita Acosta, anticipó su oposición a una cesión de la que, además, se extravió el expediente principal en las oficinas gubernamentales.
Di Camillo y Lugones recordaron que además, el decreto 2924/93 de Sobisch, mediante el cual se ceden las islas en venta a Mander -un empresario que las ocupa desde hace más de treinta años-, obvió una norma legal similar de su antecesor, Pedro Salvatori, que otorgó la propiedad de la isla 130 a la municipalidad de Neuquén. Se trata del decreto 5122 de 1990 que reservó esas tierras para la comuna.
"Allí -en la isla 130- vamos a hacer el parque de la ciudad", dijo Lugones, que subrayó la irregularidad del procedimiento e indicó que la no desafectación del dominio público traba cualquier transferencia.
Ambos ediles reconocieron que Mander realizó algunas mejoras -el decreto de Sobisch exigía la utilización de esas hectáreas para el desarrollo productivo y forestal- pero sin que estén cuantificadas. Sin embargo, Di Camillo recordó la existencia de Cordineu, una corporación mixta entre la provincia y la municipalidad que se encargará del diseño del futuro Parque de la Costa.
Precisamente, las islas están frente a dos de los tres balnearios más concurridos durante el verano en la capital: Río Grande y Gatica -o "Isla Verde"- y su aprovechamiento como parte de un conjunto urbanístico es la voluntad de los concejales. "Están el proyecto de Cordineu y las exigencias del plan urbano ambiental", dijo Di Camillo. Además, exhibieron el dictamen de la asesoría legal de la municipalidad según el cual el decreto 2924 constituye un acto que excede las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial ya que se omitió la desafectación de los bienes en cuestión, y se trata de "un bien indisponible e inenajenable".
Como corolario, ese dictamen -del año 2000- pide que el Ejecutivo municipal "arbitre los medios" para que se declare inexistente el decreto 2924 y al mismo tiempo se cumpla lo establecido en el decreto 5122 en cuanto a la cesión de la isla 130 a la comuna.
En 1999 los concejales de la Alianza -un bloque que integraba el actual intendente, Horacio Quiroga- procuraron impedir la transferencia de cuatro islas en el Limay -entre ellas las 130 y 131- , según un proyecto de ley del gobernador Felipe Sapag.

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