La lucha de un padre y sus hijos por salir del corralito

La Justicia habilita a un roquense a sacar de un banco el dinero de una indemnización.

El juez Richard Gallego pidió al banco que le entregue 30.000 dólares.

ROCA (AR).- El corralito financiero, ese karma que padecen hoy miles de argentinos, mantiene desesperado a un padre roquense, que a pesar de tener dos fallos judiciales a su favor no consigue que le entreguen el dinero necesario para darle a sus tres hijos un techo seguro.
Todo se hizo cuesta arriba para Robin Vargas desde que años atrás su esposa ingresó a una clínica privada de la ciudad para dar a luz y no salió con vida. Las investigaciones que realizó sobre lo sucedido lo llevaron a entablar una demanda por daños y perjuicios contra el médico que la atendió y el nosocomio, entendiendo que su mujer había sido víctima de una mala praxis.
Sin embargo, el proceso finalmente no prosiguió porque se llegó a un acuerdo celebrado con la empresa aseguradora que cubría a los pacientes, según informaron fuentes a este diario.
Vargas y sus hijos recibieron sendas indemnizaciones, de las cuales sólo pudo hacerse efectiva la correspondiente al padre. Por tratarse de menores, los 98.795 dólares de los hijos fueron depositados en el Banco Patagonia. La cuenta estaba en un plazo fijo a nombre del Poder Judicial, con el número de causa procesal.
El tiempo pasó y Vargas entendió que la mejor alternativa para que sus hijos mantengan el capital era la compra de un inmueble. Luego de ponerse en contacto con una inmobiliaria local y elegir la propiedad, el padre solicitó un permiso a la Justicia para utilizar los fondos. Con un dictamen previo de la Asesoría de menores, el juez Richar Gallego autorizó la operación el 12 de diciembre de 2001, librando un oficio al Banco Patagonia para que desafecte del plazo fijo un total de 30.000 dólares, que servirían para pagar la comisión de la inmobiliaria, la seña correspondiente al vendedor de la casa y otros gastos obligatorios.
Una semana después el país quedó en llamas, apareció el corralito y se potenciaron los trastornos para Vargas, sus hijos y el resto de los involucrados en la operación por el inmueble.
Ya con la convertibilidad en el pasado y esgrimiendo la imposibilidad de devolver dólares, la entidad bancaria se negó a efectivizar el pago, ofreciendo como única alternativa luego de la devaluación una recomposición de los fondos, pero pesificados a 1,40 por cada dólar.
Una vez más Vargas tuvo que ir a la Justicia y así fue como el 3 de abril la jueza civil Susana Burgos resolvió que el banco debía pagarle en dólares billete o en pesos según la cotización del mercado libre por ser "inmutable el dinero dejado en depósito por disposición judicial".
Como respuesta, los asesores legales del Patagonia apelaron el fallo en primera instancia, pero el 27 de junio pasado la Cámara de Apelaciones integrada por Oscar Gorbarán, José Joison y Jorge Giménez ratificó en todos sus términos lo resuelto por Burgos.
Nada de eso fue suficiente para la tranquilidad de Vargas. Argumentando que los depósitos judiciales en moneda extranjera quedaron excluidos de la reprogramación pero no de la pesificación, el banco presentó un recurso de casación.
Entre los agravios enunciados, se expresa que los fallos sobre el caso no corresponden porque se expiden sobre la cuestión sin antes detectar la inconstitucionalidad de las normas federales que determinaron la pesificación de los depósitos.
El abogado del banco, Jorge Gómez, también manifestó la necesidad de que el Estado nacional y el Banco Central intervengan en el proceso, además de entender que se trata de un caso federal, por lo cual se formuló reserva de presentar el caso ante la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

En la Justicia

Si el recurso de casación presentado por el asesor legal del Banco Patagonia es aceptado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, la suerte de los Vargas quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia.
El máximo cuerpo judicial de Río Negro sería entonces quien tenga la última palabra, definiendo la posibilidad de que el padre consiga su objetivo de garantizar un bien inmueble a sus hijos, para que en el futuro tengan un techo para vivir. De todas maneras, si el STJ vuelve a dar la razón a la familia roquense, como lo hizo la jueza Burgos y los camaristas, es muy posible que el banco lleve el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Otra de las posibilidades de que el expediente llegue a manos de los ministros nacionales es que la Cámara de Apelaciones rionegrina no haga lugar al recurso de casación y en consecuencia quede firme el fallo del 27 de junio pasado. Como el Patagonia hizo reserva federal, todo podría viajar a Buenos Aires para dirimir el pleito. (AR)