Viernes 9 de agosto de 2002
 

Diputados reconoció la deuda con ex agentes de YPF

 

Descuentan que el Senado convertirá en ley el proyecto.

  BUENOS AIRES (ABA) - Los ex agentes de YPF que en su momento no recibieron las acciones de propiedad participada clase D que les correspondían, podrán percibir el valor de las mismas en bonos según el proyecto de ley sancionado ayer por la Cámara de Diputados de la Nación.
Por una abrumadora mayoría, la Cámara baja rechazó el veto con el que el ex presidente Fernando De la Rúa había anulado en noviembre del año pasado una norma que habilitaba a los ex agentes a cobrar sus indemnizaciones.
Se descuenta que en pocas semanas el Senado dará forma de ley a la iniciativa votada en la Cámara baja, lo que beneficiaría a unos 5.000 ex ypefianos de la provincia de Neuquén (más de 3.600 de las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co).
En su parte sustancial, el proyecto sancionado en la víspera establece que dentro de los próximos 60 días el gobierno nacional (a través del ministerio de Economía) deberá notificar de la ley a cada uno de los beneficiarios detallando cuando y como van a poder cobrar los montos que se les adeudan.
Asimismo, el texto legal deja en mano de los ex operarios que estaban en relación de dependencia a partir de comienzos de 1991 y que le iniciaron juicio al Estado, a "optar" por la vía judicial o por las herramientas que les otorga la ley.
Sin embargo, el interrogante pasa por la verdadera viabilidad de la norma aprobada en Diputados. Es decir ¿de dónde saldrán los fondos para pagarle a los ex agentes?
Según la explicación del legislador del Partido Renovador de Salta Andrés Sotos, la ley autoriza al Poder Ejecutivo a asignar partidas presupuestarias al pago de quienes actuaban en la entonces petrolera estatal.
De todos modos, la sideral cifra que reclaman los 22.000 ex agentes afectados en todo el país, pone en duda si el Estado Nacional contará con el dinero correspondiente.
Incluso, según una fuente confiable el titular de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Arturo Lafalla, habría deslizado la posibilidad de que se le reclame un aporte al sector privado (en este caso la empresa Repsol YPF).
El diputado nacional neuquino, Víctor Peláez, consultado por "Río Negro" reconoció lo complicado que va a ser ejecutar lo que prescribe la ley. "Por la pesificación asimétrica que se hizo, ésto le va a costar al fisco más de 4.000 millones de pesos", afirmó Peláez, quien dudó acerca de cómo va a hacer el Estado para afrontar semejante cifra.
"La deuda -continuó el neuquino de la UCR- se debió haber pagado durante el proceso de privatización de YPF pero nadie se hizo cargo y ahora es algo que tenemos que asumir todos".
Quienes se retiraron conformes del Congreso Nacional tras la media sanción legal fueron los representantes sindicales nucleados en la Coordinadora de ex agentes de YPF que asistieron al debate.
"En términos generales estamos satisfechos, aunque vamos a seguir atentamente que se cumplan los términos previstos de dos meses para notificar a los beneficiarios", señaló a esta agencia Angel Garro, vicepresidente de la Coordinadora a nivel nacional y representante de los ex trabajadores neuquinos.
Garro destacó que el logro más importante, es que consiguió definirse el término de 60 días que "no estaba claramente establecido en el dictamen original" de la Comisión legislativa; y además consideró valiosa la libre elección que deja la norma para optar por la vía judicial o por la aplicación del texto legal.
   
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