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Sábado 3 de agosto de 2002 | ||
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El "impuestazo" podría terminar en la Justicia |
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Las empresas alcanzadas por el gran aumento de tasas en Cipolletti analizan si demandarán al municipio. Las prestadoras de servicios públicos podrían trasladar la suba a la tarifa. |
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"Los marcos regulatorios de los contratos de concesión de servicios públicos a nivel nacional incluyen una cláusula de neutralidad tributaria", había advertido en su momento Carina Carrasco, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi Gas del Sur, la empresa que distribuye el fluido en la Patagonia. De ahí que "toda modificación (de tasas e impuestos) deba ser trasladada a la tarifa del servicio". Una fuente de la compañía ratificó esta posición de la empresa que pasará de pagar 262 pesos por mes a 2.600. De hecho, las empresas de servicios públicos privatizadas suelen trasladar cualquier modificación de índole tributaria dispuesta con posterioridad a la adjudicación. Lo mismo afirmaron desde Edersa, la firma que distribuye la energía en la provincia de Río Negro. Para esta empresa, el "impuestazo" se suma a una serie de medidas perjudiciales para sus intereses dispuestas este año por el Estado (reducción de la tarifa, prohibición de cortes a morosos, etcétera). Edersa tendrá que pagar a partir de ahora 2.600 pesos por mes en concepto de tasas comerciales, contra los 351 que venía tributando hasta ahora. La Anónima fue la única cadena de supermercados afectada por el aumento del tributo municipal. Pagaba 288 pesos por mes por sus dos locales en Cipolletti y ahora tendrá que desembolsar 1.000. La medida fue impulsada por el intendente Julio Arriaga a finales del año pasado para mejorar la recaudación del municipio, pero un nuevo crimen múltiple hizo cambiar la orientación del "impuestazo", que ahora servirá para integrar un fondo de 500.000 pesos por año destinado a la seguridad de la ciudad. Tanto en Edersa como en La Anónima cuestionan la falta de una contraprestación de este aumento de tasas. Para el gerente regional del supermercado, Eduardo Del Prete, la seguridad es algo que el Estado está obligado a prestar, como la educación, la salud y la justicia. El ejecutivo mencionó que la empresa que representa paga 460.000 pesos por año a Río Negro en concepto de Ingresos Brutos y 20.000 a la comuna cipoleña por una denominada "tasa de abasto" (ingreso de mercadería a la ciudad). La Anónima no puede, como amenazan las empresas de servicios, trasladar el "impuestazo" a sus precios porque se trata de un mercado con competencia, ni tampoco piensa en achicar gastos mediante el despido de empleados, anunció Del Prete. En cambio, existe la posibilidad -además de recurrir a la Justicia- de reducir lo que La Anónima llama "acciones solidarias" en Cipolletti, que consisten en la donación de alimentos para comedores comunitarios. |
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