Menem declaró por armas y Oyarbide reenvía exhorto
Carlos Menem volvió a declarar en la causa armas; aseguró ayer ante la Justicia que no abrió cuentas ni giró dinero al exterior mientras su gobierno exportaba armas de producción nacional y dijo que firmó un decreto "legítimo".
Menem volvió a ser indagado por el juez en lo penal económico Julio Speroni, en este caso porque, como presidente, firmó la norma del Ejecutivo que en 1995 permitió el envío de fusiles y municiones a Ecuador, cuando éste país se hallaba en guerra con Perú.
Cumplido el trámite, el magistrado dispone de un plazo de 10 días para decidir si procesa a Menem con prisión preventiva por el delito de "contrabando agravado". Speroni es uno de los magistrados que envió un exhorto a Suiza para saber si allí se depositaron coimas productos de la venta ilegal de armas como se denunció.
El ex presidente, como ya lo hizo en otras declaraciones, deslindó responsabilidad por el destino final que se le dio al armamento. Menem "llegó de buen humor al juzgado" e "inclusive hizo bromas" con el magistrado, relacionadas con el triunfo que Ríver obtuvo el domingo último.
El decreto 103/95 por el que ayer fue indagado Menem autorizaba la venta de pertrechos a Venezuela, pero, según elementos de prueba reunidos en la causa, este país fue utilizado como "pantalla", ya que la Argentina era garante de paz entre Ecuador y Perú en la "Guerra del Cóndor".
Menem retornó al despacho de Speroni luego que el magistrado le dictó la "falta de mérito" en esta causa hace un mes y medio, pero en la misma resolución dispuso la nueva indagatoria de Menem. La "falta de mérito" que Speroni le dictó a Menem constituyó una repetición de una resolución anterior que había sido anulada por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico. La investigación sobre la "ruta del dinero" en el caso del contrabando de armas cobró impulso luego que la Sala B de la Cámara ordenó profundizar la pesquisa en tal sentido y que la juez Servini de Cubría obtuvo una "escucha" que aludía a maniobras en el Banco General de Negocios (BGN) para "tapar" un movimiento de fondos.En esa desgrabación, que fue puesta en conocimiento de Speroni, se mencionaba un depósito de 400 mil dólares de una cuenta, y se presume que esa suma formaría parte de las coimas abonadas por la venta ilegal de armamento.
La cifra coincide con la que el prófugo Diego Palleros dijo haber depositado en concepto de "comisión". (Télam-DyN)
Piden que un fiscal viaje
La diputada del ARI Graciela Ocaña dijo que "estamos haciendo consultas, tanto en nuestro caso como en el de la OA-el organismo gubernamental que denunció las cuentas de Menem- para ver la posibilidad de que un fiscal se presente en Suiza y pueda hacer los trámites directamente en mano y, a partir de allí, poder volver con la información".
Ocaña propuso que sea un fiscal federal y no Oyarbide y quien realice el viaje porque Suiza rechazó el exhorto remitido por éste por ser "uno de los peores que recibió" la Oficina Federal de Justicia . La justicia suiza se mostró dispuesta a colaborar e invitó a sus colegas argentinos a encontrarse para dar una solución definitiva a este problema. (DyN)
Pedidos contra reloj
Los planteos formulados por Menem tienen escasas chances de prosperar, ya que el juez Oyarbide prepara un nuevo exhorto para que Suiza aporte datos sobre las cuentas. "Tomé la decisión de elaborar un nuevo exhorto. Espero que esta vez tenga eco", dijo Oyarbide, quien negó desconocer por qué se los rechazaron.
Menem reclamó la nulidad de los oficios enviados a Suiza y de la convocatoria de Oyarbide para que Menem declare como acusado el 23 de setiembre. El 6 de octubre prescribe la causa. Además, instó al magistrado a girar las actuaciones a Speroni, que investiga el enriquecimiento ilícito de Menem en el mismo expediente que lo registra como imputado por el contrabando de armas. Oyarbide rechazaría " tal vez todos" los planteos de Menem, aunque no se salva de ser acusado de hacer mal las cosas para favorecer a Menem.
Causa AMIA: reclamaron a Galeano que cite a Zulema Yoma y a su hija
Los fiscales que investigan el atentado a la AMIA pidieron al juez federal Juan José Galeano que cite como testigos a la ex esposa del ex presidente Carlos Menem, Zulema Yoma y a la hija de ambos, Zulemita.
Los fiscales pretenden preguntar a Zulema y Zulemita sobre "cuentas bancarias que el ex mandatario registra en la Confederación Helvética de Suiza", entre otros temas.
Fuentes judiciales explicaron que el juez Galeano recibió el pedido y solicitó a los fiscales que le remitan copias de los textos periodísticos con las declaraciones de las dos mujeres, antes de tomar alguna resolución.
En caso de que se acceda a su solicitud, los fiscales Mullen y Barbaccia intentarán que Zulema y Zulemita se refieran a la "veracidad" de declaraciones hechas a la prensa donde vincularon el atentado del 18 de julio de 1994 con la muerte del hijo del ex presidente, Carlitos, el 15 de marzo de 1995, al caer el helicóptero que piloteaba.
Mullen y Barbaccia quieren preguntar "acerca de la veracidad de dichas manifestaciones públicas" y pedir "los correspondientes fundamentos y datos de interés".
En el juzgado se evalúa la posibilidad de solicitar oficialmente al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzzo que envíe informes sobre eventuales constancias en la causa por la muerte de Carlitos Menem que puedan conectarse con AMIA, antes de resolver sobre citación alguna.
Villafuerte Ruzzo cerró la pesquisa por el fallecimiento del hijo del ex Presidente como un "accidente", en una resolución confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
La referencia a la existencia de cuentas bancarias en el exterior apunta a intentar obtener datos sobre la acusación de un arrepentido iraní, el bautizado "Testigo C", quien aseguró que Irán pagó diez millones de dólares al gobierno menemista para encubrir los atentados terroristas en Argentina.
El 5 de octubre será la sesión especial que debatirá el juicio a la Corte
Diputados menemistas y duhaldistas pedirán una sesión especial para el jueves 5 de septiembre para debatir el juicio político contra la Corte Suprema, ante el fracaso de las negociaciones destinadas a acordar la fecha de ese debate entre los bloques políticos de la Cámara baja.
Sin embargo, es poco probable que pueda prosperar la sesión especial porque el radicalismo, el ARI, partidos de izquierda, y una veintena de diputados del justicialismo mantienen su posición de no dar quórum para impedir que se pueda habilitar el tratamiento de este tema.
El justicialismo tiene dificultades para conformar el quórum de 129 diputados, pero tiene asegurados los votos para rechazar la acusación contra los nueve ministros de la Corte . El vicepresidente del bloque del PJ, José Díaz Bancalari trasmitió a sus pares en la reunión de Labor Parlamentaria la necesidad de fijar una fecha para debatir este controvertido tema, pero el radicalismo volvió a expresar que no dará quórum mientras no haya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.
El vicepresidente del bloque radical, Mario Capello, anunció que "no hubo consenso" en la reunión de Labor Parlamentaria y ratificó que la UCR "mantiene su posición de no dar quórum mientras no exista un acuerdo entre todos los bloques parlamentarios".
En tanto, el referente de los provinciales, Alberto Natale planteó que "no podemos seguir demorando una decisión sobre la Corte" y aseveró que "el Gobierno, el oficialismo legislativo, y cierta oposición siguen jugando a la guerra con la Corte y se olvidan que en el medio del conflicto está la gente". La frustración de las tratativas entre el oficialismo y la oposición para acordar el tratamiento en una reunión ordinaria del cuerpo, derivó en que diputados del menemismo y del duhaldismo anticiparan que pedirán una sesión especial para el próximo jueves.
El oficialismo realizó las dos acciones en forma paralela, por un lado las autoridades del bloque pedían fijar la fecha en la reunión de Labor Parlamentaria, mientras que los menemistas anticipaban su pedido de la sesión para el 5 de septiembre.
El anuncio fue formulado a por los diputados menemistas Alejandra Oviedo, Jorge Escobar y Juan Carlos López, quienes argumentaron que "no se podía dilatar más el tratamiento del juicio político a la Corte" que tiene dictamen desde el pasado mes de mayo. (Télam)
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