Jueves 29 de agosto de 2002

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La corrupción es un flagelo en expansión mundial

Restituirán 13% en el 2003 para acordar con FMI

 

Argentina empeoró su posición en el ranking de corrupción

 

Está en el puesto 70, entre los 102 países medidos.

 
El ex fiscal Moreno Ocampo dio a conocer los datos de Transparency
Los niveles de la corrupción en la Argentina empeoraron al punto de bajar del lugar 57 al 70 entre los 102 países medidos por la organización no gubernamental Transparency International.
Los argumentos de Transparency por los resultados en la Argentina del llamado "Indice de Percepción de la Corrupción 2002" apuntan directamente a la dirigencia política, el empresariado, a la falta de justicia y a una masa crítica en la sociedad.
Argentina bajó el puntaje de 3,5 que tenía el año pasado al 2,8 que tiene en 2002, sobre un ideal de 10 puntos y un mínimo de 1. Muy lejos está del nivel del país menos corrupto, Finlandia, con un puntaje de 9,7 y bastante cerca de Bangladesh (1,2) el menos transparente según el informe.
La revelación fue hecha durante una conferencia encabezada por el presidente de Poder Ciudadano y también de Transparency Internacional para América Latina, el ex fiscal federal Moreno Ocampo.
"El Estado argentino está capturado por una red de dirigentes que lo tienen al servicio de sus negocios y de sus intereses políticos", señaló Moreno Ocampo.
Según se informó en Poder Ciudadano, la gravedad de la situación argentina llevó al presidente de Transparency Internacional, Peter Eigen, a hacer alusión al país, desde Johanesburgo, Sudáfrica, donde asiste a la Cumbre de la Tierra.
"En Argentina, primero bajo el presidente Menem, luego bajo el presidente De la Rúa, el Estado parece haber sido capturado por una red de líderes que lo mal utilizan a su servicio. Esa es la razón por la que la crisis económica y social ingresó en un espiral ascendente hasta quedar fuera de control", dijo Eigen, según el informe.
Pero también el titular de TI subrayó que "si los empresarios sólo hacen lobby para asegurar contratos ilegales o para obtener beneficios sectoriales, sus compañías dejarán de tener valor real para cualquier inversor". Según señaló en la conferencia Moreno Ocampo "el nivel de corrupción de la Argentina empeoró durante la gestión de De la Rúa que fue elegido para enfrentar la corrupción que se atribuye a la gestión del doctor Menem".
"El gobierno de la Alianza -dijo el ex fiscal- en lugar de intentar cumplir con la promesa de erradicar la corrupción y de limpiar la Justicia produjo el soborno en el Senado, símbolo de la gestión de la Alianza y de su fractura".
A partir de ello, "se confirma la profundidad del problema, no se trata de casos aislados ni de una forma peculiar de ejercer el poder sino de un problema sistémico".
Por su parte, el vicepresidente de Poder Ciudadano, Mario Farah, consideró que "el proceso de corrupción es mucho más profundo y más sistémico y en realidad no es patrimonio de un gobierno sino de la sociedad, que desvía fondos públicos, que no genera empresarios que estén dispuestos a sumarse al proceso de legalidad, que no suma masa crítica para mejorar estos valores, la falta de controles, la falta de justicia y de sanciones adecuadas".

Demoran la respuesta a la carta de intención

El Fondo Monetario Internacional postergó la respuesta al borrador de carta de intención presentada por el Gobierno nacional, debido a que analiza incorporar al documento su postura sobre los últimos fallos emitidos por la Justicia, las leyes sancionadas por el Congreso, a la vez que objetaron el aumento del gasto en las provincias.
Pese a la demora, la oficina de prensa del Ministerio de Economía indicó que las consideraciones serán remitidas "en forma inmediata", aunque no fijo fechas.
El Gobierno aguardaba para hoy la respuesta formal del FMI, luego de que Krueger le adelantara el lunes a Lavagna las principales opiniones del organismo.
"Existe una discusión en el seno del FMI y han querido incorporar al debate las consecuencias que pudieran derivarse de los fallos judiciales (restitución del 13 por ciento) y la postergación de la aplicación del CER y las ejecuciones judiciales", dijo la fuente.
Al mismo tiempo, trascendió que los auditores del FMI objetaron el manejo de las relaciones financieras con las provincias, en especial, la falta de control en la emisión de títulos de los denominados cuasi moneda.
En tanto, el Presidente Eduardo Duhalde admitió que se utilizaron fondos del Banco Central (BCRA) por 200 millones de pesos para cumplir con el envío de fondos coparticipables a las provincias.
Al ser consultado si habrá que esperar hasta acordar con el FMI para regularizar los giros a las provinciales, el primer mandatario afirmó que "en realidad, este mes que pasó tuvimos que obtener fondos también extras del BCRA, un monto de 200 millones, para ir resolviendo el tema de las provincias".
"EL arreglo definitivo para todos nosotros o por lo menos el gran alivio lo vamos a tener en la medida en que logremos este acuerdo que estamos buscando todos los gobernadores y el presidente desde hace mucho tiempo", sentenció.
Dijo que a partir del acuerdo con el FMI "será el momento para poner las cuentas ya en orden para que las provincias no tengan dificultades".

     
     
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