El FMI reclamó más"precisiones" tras analizar la carta de intención

El organismo dilata el comienzo de las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Insisten en la independencia del B

CRA, freno de goteos y reestructuración bancaria.

Anne Krueger, vice directora gerente del FMI, le subrayó los viejos problemas sin corregir a Lavagna.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamó al Gobierno "precisiones" acerca de cómo solucionará la continua salida de fondos por amparos y reiteró que la Argentina aún debe avanzar en la reestructuración del sistema financiero y en reforzar la independencia del Banco Central para lograr un programa con apoyo del organismo.
Las consideraciones forman parte de un documento que la vicedirectora gerente del FMI, Anne Krueger, le envió ayer al ministro de Economía, Roberto Lavagna, en respuesta al borrador de la carta de intención que la semana pasada remitió la Argentina, según informaron fuentes oficiales.
Ese "paper" contiene cuatro capítulos y conforma un adelanto de la respuesta formal, cuya ampliación llegará a manos del jefe del Palacio de Hacienda en las próximas horas.
La oficina de prensa del Ministerio de Economía informó además que el FMI le recomendó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que apruebe un desembolso por 200 millones de dólares previstos para la Argentina.
Según dijo el Palacio de Hacienda el FMI remitió al Banco Interamericano de Desarrollo una "carta de conformidad" recomendando el giro del segundo tramo del préstamo número 1.295 de apoyo al equilibrio fiscal y la gestión social.
El dinero debería acreditarse en las cuentas del país entre el martes y el miércoles de la semana próxima.
Economía comunicó que en la documentación que el FMI le giró al BID, Anoop Singh dijo que tiene "la esperanza que esta carta ayude al BID en sus deliberaciones hacia incrementar del apoyo financiero a los esfuerzos de Argentina para lograr un paquete para la estabilización en circunstancias sociales y económicas muy dificultosas".
A su vez el Palacio de Hacienda comunicó que durante esta semana desembarcará en Buenos Aires una nueva misión del FMI para analizar la reestructuración del sistema financiero. (Ver aparte)
Pese a que Lavagna reconoció que la últimas decisiones de la Justicia (devolución del 13 por ciento a estatales) y del Poder Legislativo (postergación del CER y de ejecuciones judiciales) provocaron cierta "preocupación" en el FMI, Economía consideró "positivas" las consideraciones realizadas por el organismo sobre la carta de intención.
Para Economía, en el documento remitido ayer a Lavagna, "Krueger aprecia la iniciativa de haber incluido en un borrador todos los aspectos que debe contener una carta de intención", aunque agregó que mantiene posiciones conocidas respecto a las soluciones que la Argentina debe proveerse".
Siempre según los dichos de voceros oficiales del Palacio de Hacienda, Krueger consideró que "tenemos la esperanza" que el borrador "nos permita avanzar hacia la etapa decisiva de la negociación".
"Estamos dispuestos a construir sobre este borrador y trabajar con ustedes tan intensamente como sea posible hasta finalizar una carta de intención que pueda ser apoyada por el FMI", dijo la vicedirectora del organismo, de acuerdo con lo informado oficialmente.
(DYN y Reuters)

Pignanelli sigue luego de pedido expreso de Duhalde

Tras la ola de rumores de renuncia, el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, continuará en el ejercicio por pedido expreso de Duhalde.
Desde el Central dijeron que Pignanelli aceptó "continuar" en el cargo, aunque optó por suspender el viaje que tenía previsto realizar ayer a Washington para reunirse con autoridades del FMI, que tanto molestaba a la cúpula del Ministerio de Economía.
Según se explicó, Pignanelli se contactó a última hora del domingo con el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, quien le transmitió un pedido de Duhalde para que permaneciera al frente del Central.
Diversos trascendidos indicaron que Pignanelli habría llegado a verbalizar el viernes último su renuncia ante Duhalde por las fuertes diferencias de criterio que mantiene con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, acerca de la política monetaria, y la forma de ir resolviendo el conflictivo tema del "corralito" bancario.
Lavagna recordó ayer que "el presidente manifestó con absoluta claridad que hay una sola negociación" (con el FMI). "El país no negocia por vías separadas y punto; el resto son cuestiones que cada cual sabrá si debe ir o no", puntualizó el ministro en referencia al viaje de Pignanelli.
Aunque nunca lo expresó tácitamente, Lavagna siempre pugnó por subordinar el Banco Central a sus directivas. En ese plan, ya obligó a renunciar a Mario Blejer, un hombre de solidos lazos con el FMI. Ahora, el ministro de Economía tiene entre ceja y ceja a Pignanelli porque sospecha que el actual titular del Central opera en favor de los bancos, y no de la economía en su conjunto.
Desde el BCRA se acotó ayer que Pignanelli "resolvió continuar en el cargo", y ratificó al Presidente su disposición a formular los aportes técnicos que sean necesarios en el contexto de las negociaciones que se mantienen en procura de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Con relación a esto último desde el BCRA se puntualizó que "no se trata de una interferencia en las negociaciones encaradas por Economía con el Fondo sino de brindar un apoyo técnico para mantener abierto el diálogo y alcanzar un acuerdo financiero con dicha entidad". Con todo, la fuente consultada reveló que Pignanelli "decidió postergar" el viaje que tenía previsto realizar hoy a Washington para entrevistarse con funcionarios del FMI. (DYN y Redacción Central)

Provincias en la mira

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que arribó ayer a la Argentina brindará asistencia técnica para llevar adelante un "eficiente" trabajo de monitoreo de las finanzas provinciales, aseguró ayer el vocero del FMI para América Latina, Francisco Baker.
"Es una misión que ha sido solicitada por las autoridades argentinas, para obtener asistencia técnica en materia de relaciones entre las provincias y el gobierno federal", señaló Baker a través de un contacto telefónico con los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda.
El vocero indicó que la misión "realizará, básicamente, un análisis y evaluación de los sistemas de monitoreo e información para las finanzas a nivel subnacional (provincial)".
La misión se quedará en la Argentina alrededor de "dos semanas" y recomendará "formas de perfeccionar el sistema de monitoreo en nuestras relaciones con el gobierno federal", explicó Baker.
Los técnicos del FMI que llegaron ayer a la Argentina son Ahamad Ehti, Luis Cubedú y Hans Petri. (Télam)

Fijan fechas para las primeras audiencias por ajustes de tarifas

El Gobierno fijo anoche las fechas de las primeras audiencias públicas para discutir los ajustes tarifarios y decidió que el proceso se inicie el 25 de setiembre con las compañías del sector eléctrico, según se informó oficialmente.
El Ministerio de Economía estableció un primer cronograma y estipuló que luego de las empresas energéticas, el 26 de setiembre, sea el turno de la audiencia pública para las compañías gasíferas.
A su vez, propuso que el 4 de octubre comience la discusión sobre las empresas vinculadas a la distribución de agua y el 7 de ese mismo mes se celebrarán las audiencias para analizar las tarifas de las prestadoras telefónicas.
El 4 de octubre cerrarán la discusión sobre los ajustes en las tarifas ferroviarias que se realizará por Internet.
Las empresas eléctricas habían pedido aumentos superiores al 36 por ciento.
Edenor solicitó un incremento del 36 por ciento, mientras que Edesur reclamó un ajuste de 35,4 por ciento y Edelap pretende un alza de 39%.
Por su parte, la empresa Aguas Argentinas pidió un aumento de la tarifa del 42%.
Telefónica de Argentina solicitó un ajuste de 34,65 por ciento sobre todas las tarifas del servicio básico de telefónico y Telecom reclamó un aumento en el abono básico de entre el 30 y el 32 por ciento, dependiendo en cada caso si es casa de familia, profesional, gobierno o comercial.
En su conjunto las empresas gasíferas presentaron información de las cual se desprenden alzas en las facturas del orden del 30 por ciento.
Tras la audiencias públicas, los ajustes tarifarios serán analizados por una comisión bicameral del Congreso nacional, pero hasta el momento ninguno de los dos dictámenes son vinculantes y la decisión final será tomada por el gobierno.
El Gobierno ratificó que se diseñará una "tarifa social" de servicios públicos para hogares de escasos recursos.
La metodología de discusión por internet también se implementará para el caso de las autopistas de acceso a Buenos Aires y sobre el corredor vial Caminos del Río Uruguay. En estos casos la discusión se cerrará el 26 de setiembre.

Endesa, lista para vender

BRUSELAS.- La empresa eléctrica argentina Endesa, controlada a través de Easa por el grupo estatal Electricite de France, acumuló en el primer semestre del año pérdidas por 250 millones de euros, y se prevé que EDF venda algunas participaciones en Brasil y otros países.
Así lo informó ayer el diario económico francés La Tribune. "El Ministerio del Tesoro francés ha decidido presionar al grupo, que es el primer conglomerado eléctrico mundial, para que la sociedad lleve a cabo un inventario de sus filiales en el extranjero", precisó el periódico en un extenso artículo sobre EDF.
En el caso de Edenor y de la Argentina, tras recordar el monto del déficit del primer semestre del año, el artículo, cuyo título es "En Argentina una filial ampliamente deficitaria", recuerda el problema de las tarifas en los servicios públicos, que estalló en los últimos meses en ese país a raíz de la salida de la convertibilidad.

Debate por juicio a la Corte

El bloque de diputados justicialistas será hoy escenario del postergado debate sobre el juicio político a la Corte Suprema, una discusión que tendrá como marco la presión del gobierno destinada a cerrar el enfrentamiento con los integrantes del tribunal.
El último coletazo de la pelea por el futuro de la Corte Suprema fue el fallo a favor de la restitución del 13 por ciento a los empleados públicos y jubilados, una decisión que implica 2.400 millones de pesos anuales más de gasto público y una nueva complicación para las cuentas del gobierno.
Los operadores del oficialismo en la Cámara baja explicaron que el objetivo de mínima del oficialismo es incluir el juicio en el temario de la próxima sesión, incluso a riesgo de frustrar la búsqueda del quórum.
Los problemas del PJ para reunir el número suficiente de diputados responde a la férrea resistencia de la UCR y el ARI, que evitan habilitar la discusión por temor a un rechazo que termine por enterrar el juicio.
Sin embargo, en el gobierno evalúan que, aún si fracasara la sesión, quedaría en claro que la responsabilidad corresponde a la oposición. (DYN)

Discrepancias en el gobierno por la devolución salarial del 13%

Tras varios días de análisis para tratar de asimilar el duro mandoble que le aplicó la Corte Suprema, crecieron ayer las discrepancias en el Gobierno por la restitución salarial del 13% para empleados públicos y jubilados.
La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, presentó ayer al gabinete un cronograma de devolución "progresiva". Pero desde la cartera laboral afirmaron que el ministro Roberto Lavagna no tomó de buen grado la iniciativa de Camaño.
De todos modos, en la reunión de gabinete, el presidente Duhalde le dijo a sus ministros que "hay que pagar".
En medio de las reuniones, el gobierno y el Frente de Gremios Estatales acordaron ayer conformar un "equipo de trabajo" para discutir sobre posibles alternativas de devolución de los recortes.
La ministro de Trabajo, Graciela Camaño elaboró una propuesta de cronograma de devolución progresiva para los jubilados afectados por el recorte de haberes a aplicarse a partir de setiembre próximo, lo que debería establecerse mediante un nuevo decreto.
El cronograma de devolución funcionaría teniendo en cuenta la escala de haberes, en tanto que para el pago retroactivo de las jubilaciones recortadas se propuso la emisión de un nuevo bono público, según indicaron fuentes de la cartera laboral.
En tanto, voceros de la cartera laboral afirmaron que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, no tomó de buen grado la propuesta de Camaño y sugirió un cronograma más acotado de devoluciones.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Trabajo se reunieron ayer en Casa Rosada para debatir el tema con los titulares de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez; del Sindicato Unico del Personal Aduanero (SUPARA), Carlos Sueiro; y de Vialidad Nacional, César González.
También estuvo presente el secretario general del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), Juan Carlos Fragulia, que también integra el denominado Frente de Gremios Estatales, mientras que no hubo representantes de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).
Durante la reunión, los gremialistas reclamaron al Poder Ejecutivo que haya una "solución global" para el recorte que afecta a empleados públicos y jubilados.
Fuentes gubernamentales y sindicales dijeron a que habrá nuevas reuniones para seguir debatiendo la cuestión y que la idea es formar un equipo de trabajo para estudiar "de qué manera se lleva a cabo" el cumplimiento del fallo, aunque voceros de Jefatura de Gabinete dijeron que "no hay plazos".
Al respecto, Lavagna había señalado por la mañana que el fallo de la Corte que ordena la devolución del 13% descontado a estatales y jubilados "va a contramano de lo que veníamos discutiendo" con el FMI, aunque confió que podrá explicar a los negociadores que algunas de esas medidas tienen "un alcance limitado" en el tiempo. (DYN y Télam)

Antecedentes: Las podas de De la Rúa, Menem y Alfonsín

La historia reciente de Argentina, desde la reinstalación del sistema constitucional en 1983, registra cuatro casos de recortes salariales aplicados a los trabajadores estatales a nivel nacional, dos de los cuales fueron inspirados por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo durante sus gestiones al frente del Palacio de Hacienda en las presidencias de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa.
A estos hay que añadirles otros muy anteriores, como los recortes que aplicó Carlos Pellegrini, durante su presidencia entre 1890 y 1892, ante la grave crisis financiera que heredó de Miguel Juárez Celman; y también los de índole provincial, tal es el caso de la "retención forzosa" implementada en Río Negro en septiembre de 1991 por el entonces gobernador radical Horacio Massaccesi.
El primero de estos recortes fue el "ahorro forzoso", que implementó el entonces ministro de Economía Juan Sourrouille, durante la gestión presidencial del radical Alfonsín, poco después de la implementación del Plan Austral.
Una década después, mediante el decreto 295/95, Menem y Cavallo adoptaron una disminución generalizada de salarios del sector público, la que, naturalmente, luego se generalizó, bajo el conocido "efecto demostración", a la actividad privada. La norma implementada por Cavallo estableció una quita del 5% para los salarios superiores a los 2.000 pesos; del 10% para los mayores a 3.000; y del 15% a los que pasaran los 4.000 pesos.
En orden cronológico la siguiente poda a los trabajadores estatales se produjo a través del Decreto 430/2000, firmado por el entonces recién asumido gobierno de la Alianza.