La Corte declaró inconstitucional el recorte del 13% a los estatales

La decisión es de carácter retroactivo y el Estado deberá devolver lo descontado. El gobierno aseguró que "no tiene recursos" para afrontar la restitución.

Empleados legislativos protestaron frente al Congreso para exigir la devolución del 13%, hasta que salió el fallo.

La Corte Suprema de Justicia declaró ayer la inconstitucionalidad de la poda del 13% aplicada desde hace un año sobre los salarios del sector público y los haberes previsionales a partir de los 500 pesos y ordenó restituir las sumas descontadas.
El costo fiscal de esta sanción es superior a los 2.000 millones anuales sin contar su retroactividad.
Antes de que se conociera el fallo, el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, aseguró que "el Gobierno no tiene recursos" para hacer frente a la restitución de los haberes. Pero el más angustiado era el ministro Lavagna, ya que teme ahora una ola generalizada de reclamos por aumentos de sueldos. (Ver "Economía")
Si bien la decisión de la Corte beneficia puntualmente al militar Leónidas Tobar, que accionó contra el Ejército para reclamar la restitución del 13%de su salario, lo cierto es que la resolución de la Corte sienta jurisprudencia que ampara a todos los damnificados por el recorte.
Es que los trabajadores y jubilados que se abstuvieron de recurrir a la Justicia también se encuentran representados ante la Corte a través de asociaciones gremiales que interpusieron amparos colectivos que ya están en trámite ante el máximo tribunal.
En lo inmediato el Gobierno de Duhalde, que no tiene chances de apelar la medida porque fue dictada por la cabeza del Poder Judicial, deberá devolver a Tobar el dinero compulsivamente retenido, en forma retroactiva. Y en lo sucesivo el oficial del Ejército cobrará la totalidad de su remuneración. Además, deberá ajustar sus números para restituir los fondos descontados a los empleados públicos y pasivos y disponer de partidas para abonar haberes completos, una vez que exista sentencia sobre causas colectivas.
Por siete votos contra dos, el supremo tribunal consideró contraria a la Constitución Nacional la ley nacional 25.453, sancionada durante el Gobierno de De la Rúa, que justificó la poda de haberes con una política de reducción del gasto público a la que el entonces ministro Cavallo, anunció en julio de 2001 como programa de "déficit fiscal cero". Una de las principales falencias de la solución que aplicó entonces Cavallo para bajar el gasto es que no fijó plazos para el recorte de remuneraciones sino que el Gobierno se limitó a anunciar que la poda se extendería mientras dure la "emergencia económica".
"La ausencia de límites temporales y cuantitativos de las quitas salariales desarticula todo el sistema del empleo público, pues el derecho de los trabajadores estatales se encontraría en todo momento -de emergencia o sin ella- a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar a cabo su política económica, afectando los derechos constitucionales de la propiedad y los que tutelan la relación laboral", consignó la Corte en su resolución.
El presidente de la Corte, Julio Nazareno, el vice Eduardo Moliné O"Connor y los ministros Adolfo Vázquez y Guillermo López se expidieron contra la reducción de sueldos. Y en idéntico sentido votaron los jueces Gustavo Bossert, Enrique Petracchi y Carlos Fayt, aunque fundaron su postura con argumentos propios.
Mientras la Corte deliberaba para emitir el fallo, trabajadores legislativos realizaron una ruidosa manifestación frente al Parlamento para exigir la devolución de los recortes salariales.
Hubo forcejeos con la policía pero finalmente lograron realizar un abrazo simbólico al Congreso.

Tuvieron en cuenta la devaluación

La Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta la devaluación y "el envilecimiento de los sueldos" al fallar por la inconstitucionalidad del recorte salarial del 13 por ciento a los empleados públicos.
Al destacar las "esenciales" diferencias entre el recorte impuesto en el gobierno de Fernando de la Rúa y uno anterior establecido durante la presidencia de Carlos Menem, los ministros valoraron "la devaluación dictada este año y el envilecimiento de los sueldos", de acuerdo a su fallo.
El 2 de junio de 2000, mismo día que el decreto 430/00 fue publicado en el Boletín Oficial, la Corte Suprema rechazó la demanda promovida años antes por Liliana Guida contra el decreto 295/95, dictado durante la gestión de Carlos Menem, que disponía quitas en los salarios.
Durante el gobierno de Carlos Menem se fijaron descuentos del 5, 10 y 15 por ciento para sueldos superiores a 2.000, 3.000 y 4.000 pesos, respectivamente.
Ayer, la Corte Suprema encontró "esenciales diferencias entre este caso y el resuelto en el precedente Guida, sobremanera frente a la devaluación dictada este año y el envilecimiento de los sueldos".
(DYN y Télam)

Análisis: De mal en peor

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) de devolver el recorte salarial del 13% a los empleados estatales muestra, una vez más, el poco margen con que cuenta el gobierno del presidente Eduardo Duhalde para poder modificar los problemas estructurales que presenta hoy el país.
Nadie pone en duda que el bolsillo de todos los argentinos se debilitó fuertemente estos últimos meses como consecuencia de la devaluación que sufrió el peso.
Pero frente a la delicada situación que vive toda la Nación, una medida como ésta erosiona aún más el precario equilibrio económico conseguido por el ministro Roberto Lavagna en los últimos días.
Dos son los frentes económicos que se le abren a Hacienda luego de esta sentencia:
* El fiscal. Ya que el incremento de salarios genera gastos corrientes adicionales al Estado superiores a los 2.000 millones de pesos al año. Este incremento llevaría el déficit proyectado para fin del 2002 -de computar la suba a partir de agosto- a 6.000 millones contra los 3.500 proyectados oportunamente dentro del presupuesto.
* Subas de precios. El mayor déficit presupuestario esperado genera presión sobre las proyecciones inflacionarias trasladándose las mismas a los precios en la góndola. Presión a la que se suma, en los próximos días, el aumento de tarifas públicas, y ni hablar de computar la masa de dinero que saldría al mercado con el pago de la retroactividad de este 13% mencionado (cerca de 3.000 millones de pesos disponibles).
Pero el escenario del gobierno no está complicado judicialmente sólo en el plano económico. Las presión que efectúa el STJ sobre Duhalde, podría también trasladarse al plano político. La insistencia del ex presidente Menem de llevar a la Corte el problema de la interna justicialista abona la teoría del mal momento por el que hoy están pasando el Ejecutivo y el Supremo Tribunal.

Ahora EE. UU. es optimista

México.- El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Taylor, se mostró ayer optimista acerca de la posibilidad que la Argentina logre cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ponderó la iniciativa de la administración Duhalde de plasmar en un borrador los aspectos técnicos que deben ser resueltos, ya que ahora "puede haber una discusión positiva para encontrar soluciones".
En segundo del máximo responsable de las finanzas estadounidenses, Paul O`Neill, consideró en México, donde se encuentra manteniendo contactos con los líderes del gobierno mexicano que "ellos (por el gobierno argentino) pusieron sobre el papel una estrategia para seguir avanzado".
"Ahora están trabajando con el Fondo Monetario Internacional en esa estrategia. Yo soy optimista de que habrá una forma de hacerlo", aseguró.
"En este punto, hay una serie de cuestiones técnicas vinculadas a cómo se maneja el hecho de que la gente todavía puede retirar potencialmente de los bancos importantes cifras de dinero, y todavía se necesita que el sistema de pagos funciones", señaló.
Taylor consideró que "esos aspectos técnicos deben ser resueltos. Nosotros podemos ser positivos al pensar que la gente está trabajando en esas cuestiones técnicas y encontrar una respuesta". "Nosotros los estamos ayudando para que encuentren las respuestas; el hecho de que hayan puesto sus propuestas en este momento en un papel es positivo porque ahora pueden tener una discusión más constructiva al respecto", indicó. En referencia al contagio de la crisis argentina sobre la región, Taylor señaló que "el punto que nosotros enfatizamos el año pasado fue que el contagio no fue automático". (Télam)

Dejan de vender con tarjetas

Dos de cada cinco comercios suspenderían sus ventas con tarjetas de crédito si las empresas emisoras del plástico no adoptan medidas que compensen la dilación en los pagos que debe percibir el sector.
Según una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), "el 44 por ciento de los comerciantes reconoce que, de no mediar la implementación de medidas compensatorias, suspenderán la utilización del pago a través de la tarjeta de crédito".
Para los comerciantes, esto tiene que ver con la ampliación del período de pago, de 14 a 28 días, dispuesto por las empresas emisoras y proveedoras de este servicio para la devolución del importe.

No arreglaron el conflicto con bancos por el CER

Legisladores y banqueros se reunirán el miércoles próximo para acordar una propuesta sobre la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los créditos de entre 100 mil y 400 mil pesos, y otra sobre la suspensión de las ejecuciones judiciales a los deudores morosos.
Así lo informó ayer el Jefe del Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof, luego de la reunión que ayer se realizó en Casa de Gobierno y de la que también participaron el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, legisladores y representantes de las asociaciones que nuclean a los bancos.
Atanasof participó en la conferencia de prensa junto con el subsecretario de Financiamiento, Leonardo Madcur, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Rodolfo Frigeri.
Según voceros confiables de la reunión "ha habido avances sustanciales ya que se ha convenido en que la propuesta que se alcance el miércoles será no sólo consensuada sino definitiva y se le elevará al Poder Ejecutivo". Sin embargo, los banqueros insistieron en que no se modifiquen las reglas de juego, a la vez que hicieron saber que si no se respetan los derechos de las entidades financieras muchas de ellas entraran en severos problemas patrimoniales, al punto de caer en situación de quebranto.
De la reunión participaron también el vicejefe de gabinete, Eduardo Amadeo, los diputados Humberto Roggero, Elsa Correa y Guillermo Corfield. Los legisladores han dejado trascender que "esta ha sido la última prórroga y que no habrá nuevas postergaciones".
Por el lado de los banqueros, estuvieron presentes los presidentes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Carlos Heller, del Banco Provincia de Buenos Aires, Ricardo Gutiérrez, y del Hipotecario, Miguel Kiguel.
Atanasof destacó que quedó ratificado "el mecanismo de protección para los más necesitados", cuyos préstamos hayan sido contraídos para la adquisición de una "vivienda única o que sean inferiores a 100 mil pesos". Esos préstamos -al igual que los prendarios hasta 30 mil pesos y los personales hasta 13 mil pesos- no serán recargados con el CER. El jefe de gabinete destacó que el objetivo de la reunión "abrir la posibilidad de negociar" entre las partes y tratar de "comenzar a transitar el camino hacia la recuperación de la seguridad jurídica". (DYN)

Economía teme una presión masiva para lograr aumentos

Buenos Aires (ABA). - El Ministerio de Economía formuló una severa advertencia sobre lo que puede significar un efecto cascada de exigencias de aumento salariales, los cuales ya han comenzado con la suba establecida para las efectivos militares y que podrían continuar con las fuerzas de seguridad, golpeando de lleno en las cuentas del Estado, con un mayor gasto del orden de los 600 millones de pesos para este año.
Pero el panorama se agravó anoche aún más luego de que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad la reducción del 13 por ciento en los salarios de los empleados públicos y de los jubilados que perciben más de 500 pesos. (Ver nota central)
Un informe reservado realizado por la Secretaría de Hacienda -al cual tuvo acceso "Río Negro"- puntualizó que "se debe señalar que la norma propuesta (con relación a las Fuerzas Armadas) posibilita el reclamó de medidas similares para sectores como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Servicio Penitenciario".
Es más, el informe subraya que "resulta necesario advertir que el incremento en las retribuciones del personal en actividad comprendido en el proyecto, traslada un mayor costo de haberes de aquellos en situación de retiro por efecto de las disposiciones vigentes".
Una alta fuente del Ministerio de Economía de la Nación aseguró que en este momento el aumento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad podría tener una incidencia en el gasto hasta fin de año del orden de los 600 millones de pesos.
"Indefectiblemente, si esto finalmente no es corregido no se podrá cumplir con los compromisos que teníamos previsto asumir con el Fondo Monetario y eso nos va a complicar las negociaciones", aseguró.
Y el panorama se agravó ahora luego de que la Corte Suprema de Justicia finalmente declaró inconstitucional la ley de Déficit Cero y deja sin efecto el recorte del 13% en los salarios públicos que se aplicó el año pasado y que podría implicar además unos 700 millones de pesos adicionales para el gasto público.
Todo esto está echando por tierra la posibilidad que el Gobierno logre un superávit primario en las cuentas del Estado del 0,8% del Producto Bruto, es decir, unos 2.000 millones de pesos.
Igualmente, la misma fuente del equipo económico sostuvo que el ministro de Economía, Roberto Lavagna se encuentra sumamente molesto por el hecho de que el presidente Duhalde lo haya obligado a firmar el decreto por el cual se establece un aumento de salarios para las Fuerzas Armadas.
En el Ministerio de Economía aseguran que en definitiva el detonante de esta situación fue el decreto 1490, instrumento por el que se hizo lugar a un pedido de la fuerza castrense, reintegrándose a los efectivos militares los suplementos por inestabilidad de residencia y un adicional no bonificable.

Tasas para préstamos hipotecarios, por las nubes

El director del Banco Hipotecario Nacional (BHN), Julio Macchi, afirmó ayer que si se aplicara la tasa de mercado para los préstamos pautados a un interés a variable, estos créditos sufrirían un ajuste que podrían llevar al actual 11 ó 13 por ciento que pagan hasta el 65 por ciento.
"Los que contrajeron deudas en pesos a tasa variable, si se aplicara el interés del mercado, la cuota subiría notablemente, por lo que la gente estaría en imposibilidad de pagarla", advirtió Macchi.
De esta manera, confirmó las especulaciones surgidas en los últimos días, dado que la calma cambiaria permitió al Banco Central colocar más LEBAC y comenzar así a fijar las primeras tasas de referencia para el sistema financiero.
"En principio aumentarían en un 65 por ciento", confirmó Macchi quien señaló que "para mantener la cuota, se estila alargar el plazo", pero remarcó que "si la tasa se dispara del 12 ó 13 al 65 por ciento, entonces no hay plazo que resista porque se superaría la vida útil de la persona".
Con todo, subrayó que "si no se aumenta la tasa, los bancos se funden", aunque también reconoció que "si se incrementa, el deudor no podrá afrontar la deuda". "Los créditos hipotecarios tienen como garantía la casa que se adquiere, pero si la gente no puede afrontar su deuda, al banco no le sirve quedarse con la propiedad, porque su rol no es rematar viviendas sino que el crédito se desarrolla normalmente", señaló el banquero.
Las tasas de interés se encuentran fuertemente condicionadas por la política de absorción de fondos del Banco Central mediante la licitación de las LEBAC.
Paralelamente, y de acuerdo con algunas estimaciones privadas se presume que hacia fin de año, las tasas de interés se van a ubicar en torno del 40 por ciento.
En tanto, las tasas de referencia que utiliza el BCRA para establecer la garantía de los depósitos se sitúan entre el 50 y el 55 por ciento para las colocaciones en pesos. (DYN)