Martes 6 de agosto de 2002
 

El radicalismo no se rinde ante Mántaras

 

El partido sostiene que el dictamen del procurador que inhabilita al vice Mendioroz para ser candidato a gobernador tiene "defecto formal e insuficiencia jurídica". Pivoteando en ese argumento y desde una perspectiva política, reclama al STJ que no lo tome en cuenta para el dictamen final que emitirá este mes.

 
Mendioroz: ¡Hay cielito mío!...
VIEDMA (AV).- La UCR rionegrina no se resigna.
Ayer recurrió al STJ para cuestionar el dictamen del procurador general, Hugo Mántaras, que desestimó la habilitación de Bautista Mendioroz como candidato a gobernador para el año próximo.
Esta presentación partidaria tiene un objetivo más político que judicial.
Salió a diluir el efecto negativo del segundo revés para lograr la habilitación de Mántaras, pero ciertamente la opinión del procurador concentra dos análisis en un mismo escrito y con los mismos elementos.
La acción radical -que ayer mismo presentó el apoderado Alberto Carosio- atacó el dictamen de Mántaras, pidiendo al STJ que no lo considere por "defecto formal e insuficiencia jurídica".
La actuación del procurador general y del máximo cuerpo judicial deviene por la apelación al inicial fallo del Tribunal Electoral que ya entendió en diciembre que la Constitución Provincial no permite la presentación del vicegobernador como candidato al Poder Ejecutivo. Para este mes se espera el fallo del STJ.
La resolución de Mántaras -que firmó el último viernes- tiene dos partes bien diferenciadas.
El procurador entendió que la cuestión era "abstracta" porque Mendioroz -hasta ahora- "sólo aspira a ser candidato" y "todavía ningún partido político lo ha nominado candidato ni tampoco han convocatoria a elecciones". Además, entendió que los demandantes -el ex senador Horacio Massaccesi y otros afiliados radicales- no demostraron cuál es el interés en relación con el daño que le ocasionaría ese hecho. "Si no hay interés y perjuicio actual, real y concreto, no hay acción", concluyó.
Así, Mántaras coincidió con el voto que en minoría planteó en el Tribunal Electoral el juez Fernando Laborde Loza, que interpretó como una cuestión abstracta. La mayoría -Gustavo Azpeitía y Juan Pablo Videla- avanzó en el análisis de fondo y consideró que el vicegobernador Mendioroz no puede ser candidato a gobernador en el 2003.
La segunda parte del dictamen de Mántaras aborda la "cuestión práctica".
Así, entendió que es de "presumir que los comicios serán en febrero" y que entonces sería "frustrante" no opinar.
Concluyó que el artículo 175 del CP "no admite lugar a dudas: quien ha desempeñado dos veces el cargo de vicegobernador no puede postularse para gobernador".
Aceptó la distinción del desempeño entre las funciones, como también la del ejercicio del poder pero resaltó que "ello jamás pudo pasar por alto por el constituyente" y, sin embargo, limitó en la elegibilidad al gobernador y al vicegobernador.
Por su parte, la elevación radical -que firmó Carosio y patrocinó el ex juez del STJ, Edgar Echarren- resaltó que el dictamen tiene "defecto formal e insuficiencia jurídica".
Las opiniones del procurador -agregó- no son obligatorias a los jueces del STJ, pero sí determinan "el señalamiento de una posición jurídica".
Por eso, el escrito partidario invalida ese dictamen por "su doble discurso y doble opinión, a lo cual se manifiesta incompatibilidad de las dos soluciones propuestas".
El radicalismo entendió que "se incurrió en una duplicidad tal como si un juez dictara una primera sentencia en la que se decide el caso de una determinada manera" y, luego, "sin mayores explicaciones, volviera a organizar un nuevo razonamiento, por un distinto camino conceptual, lógico y jurídico" para dictar en "el mismo documento otro pronunciamiento, incompatible con el primero".
     
     
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