Martes 6 de agosto de 2002
		Los intereses de los usuarios vs. los intereses de los bancos
		Por Mario Alvarez
		Hablar del nivel actual de morosidad instalado fuertemente en el sistema de las tarjetas de crédito; de los recargos por la financiación de los saldos impagos; de la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios; de las diferentes tasas de interés (con ilegítima capitalización) que aplica el sistema bancario; de la instrumentación de nuevos recargos que antes no existían (como el llamado "recargo por reserva de fondos"); de la cuasi desaparición del "revolving" (o sistema de pago mínimo), etc. etc., implica adentrarnos en el análisis de dos aspectos (el jurídico y el económico), que inevitablemente se entrelazan, marcando a fuego la dura realidad argentina de hoy y potenciando la lucha cotidiana de millones de personas abrazadas a la esperanza de una salida imprescindible y urgente. Acerca del primer aspecto, (el jurídico) quien consume a través del uso de la tarjeta de crédito debe saber -entre otras cosas- lo siguiente: 1- Es la parte débil del contrato. Es decir: no ha participado en la configuración anticipada del contenido normativo que lo vincula con el acreedor. Adhiere, pero sin participar. Se somete a la voluntad normativa del otro. Esto significa que en caso de duda, la cuestión deberá ser interpretada y resuelta por los jueces en el sentido más favorable para el consumidor (art. 37 de la LDC). 2- Tiene cómo defenderse. La propia ley que regula la instrumentación de las tarjetas de crédito (25.065/99) establece la aplicación supletoria de las normas del Código Civil y de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240/93). A su vez, esta última (también en su art. 3°) amplía el marco protectorio alrededor de dos cuerpos normativos imprescindibles: la ley de Lealtad Comercial (22.802/83) y la ley de Defensa de la Competencia (25.156/99). Todas ellas (con apoyo en normas específicas de la propia Constitución Nacional) tienen por objeto la tutela o defensa de los intereses de aquellos que participan, como consumidores o usuarios, en el mercado donde se distribuyen bienes o servicios, condenando cualquier abuso -proveniente de una posición "dominante" en el mercado- "del que pueda resultar perjuicio para el interés económico general" (art. 1° de la ley 25.156). 3- El art. 37 inc. c de la LDC prohíbe la incorporación de cláusulas que inviertan la carga de la prueba consagrada en los ordenamientos procesales vigentes, de modo tal que deberán ser tenidas como no convenidas. Dicho de otro modo: no es el consumidor-usuario quien tenga que probar que no debe lo que se le reclama como saldo impago. 4- Cuestionar la liquidación. El titular de la tarjeta debe tener presente la necesidad de impugnar la liquidación que resulta del resumen de cuenta que se le envía. Caso contrario corre el riesgo de que se entienda tácitamente aceptado el mismo. 5- Intereses "sobre" intereses (anatocismo). Con respecto al régimen de los intereses aplicables, entendemos necesario ajustar su regulación a pautas (límites) que la doctrina vigente y la jurisprudencia ya han instalado entre nosotros. Las entidades financieras invocan en su respaldo la nueva letra del art. 623 del Código Civil, que admite su presencia sólo cuando así se haya estipulado en el contrato. Sin embargo, el art. 18 de la LTC establece que "independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables". Esta prohibición, en conjunción con el art. 23 de la LCT, alcanza tanto a los intereses punitorios como a los compensatorios, y contradice, con fundamento absolutamente defendible, las dos excepciones que admite la nueva letra incorporada al Código Civil. Para ello, es fundamental que el titular de la tarjeta ponga cuidado en pagar en término por lo menos el monto mínimo que se consigna en el resumen. En fin. Estos no son más que "consejos básicos" para abrir un paraguas protector contra las intenciones ejecutivas de las entidades financieras, más allá de las explicaciones elementales que las mismas intentan para justificar el exorbitante aumento de las tasas de interés. Durante los años de jolgorio bancario (cuando mucha gente suponía que estas instituciones se multiplicaban entre nosotros porque -por ej.- se había encontrado petróleo en la zona de bardas y nuevas empresas vendrían a la región trayendo de su mano progreso y trabajo) salieron a repartir tarjetas de crédito a diestra y siniestra, casi sin requisitos previos, y hoy, ante el impresionante incremento de los niveles de morosidad (con cuyo desarrollo ellos mismos colaboraron), están pagando caro aquella "audacia". Intentan justificarse a sí mismos diciendo que es necesario elevar las tasas para compensar las pérdidas que les produjo la "pesificación" establecida por el gobierno. Sin embargo, es bueno recordar que en esa licuación no perdieron los bancos, ya que si bien originalmente sus créditos se "pesificaron" a un peso por dólar, y sus deudas a 1,40 pesos por dólar, sabido es que el Estado emite títulos de deuda en favor -precisamente- de los bancos para compensar esa supuesta pérdida, y que esos bonos son canjeables por "dólares billete". El régimen político-económico y social instalado en el país desde hace ya muchos años, con su rostro de pobreza, miseria y exclusión social, exhibe un indisimulable correlato con el creciente beneficio de monstruosos agentes financieros internacionales, que no sólo han logrado sobrevaluar sus capitales puestos en el país, sino que han convertido a la Argentina en un paraíso especulativo, a través del cual se produjo (y se sigue produciendo) un incesante drenaje de capitales hacia el exterior, en el marco de lo que se ha dado en llamar "mundialización capitalista neoliberal" (ver Exposición de la Asociación Americana de Juristas por ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). Está perfectamente diseñada y fríamente ejecutada por las corporaciones financieras más importantes del mundo, con el apoyo de un poder político enriquecido sobre la base de la corrupción, sobornos, jugosas comisiones y salarios de lujo, lo que les permitió colocar sus propios capitales en el oscuro entramado de un circuito financiero tan lucrativo como fraudulento. Así quedó instalada la fiesta y así está el país, con su sistema productivo paralizado y más del 50% de la población viviendo en la pobreza. Pero esta estrategia no agotó sus planes. Hoy por hoy está lanzada a replantear el sistema político y financiero vigente, abriendo las puertas de nuevos mecanismos de saqueo, con la intención de deglutirse lo poco que nos queda. (*) Abogado
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