Martes 27 de agosto de 2002
		Una pelea suicida
		Por estar el país en medio de "la crisis más grave de la historia", sería de suponer que sus máximos dirigentes, sobre todo los encargados de manejar la economía, intentarían subordinar sus propios intereses a aquellos del conjunto. Es innecesario decir que muy pocos han estado dispuestos a actuar de esta manera. Aquí, las "internas" siguen obsesionando tanto a los políticos como a los funcionarios que, al parecer indiferentes a la situación catastrófica en la que se encuentra el país, irían a cualquier extremo a fin de expandir sus patéticos imperios personales. En efecto, además de la multitud de precandidatos presidenciales que insinúan que su mera presencia en la Casa Rosada sería "la solución", los integrantes de lo que en teoría es un "gobierno de transición" parecen resueltos a dar nuevas armas a los ya convencidos de que la clase política nacional no sirve para nada. De los muchos conflictos que están celebrándose, el más lamentable y con toda seguridad más costoso es sin duda alguna el que ha sido desatado por la voluntad inocultable del ministro de Economía, Roberto Lavagna, de ubicar a uno de los suyos a la cabeza del Banco Central en reemplazo del titular actual Aldo Pignanelli. Como ya es tradicional, ambos contrincantes cuentan con simpatizantes que aprovechan cada oportunidad que se presente para mantener al público bien informado de las vicisitudes de la pelea. Asimismo, muchos medios de comunicación hacen su aporte subrayando las diferencias y pasando por alto lo que podrían tener en común. En principio, en todas partes es perfectamente normal que un ministro de Economía se sienta frustrado por la terquedad presuntamente monetarista del jefe del Banco Central o por su propensión a privilegiar lo financiero por encima de la "economía real". Es más: sería motivo de cierta preocupación si los dos siempre coincidieran. Por la naturaleza misma de sus respectivas tareas, uno tenderá a pensar en términos políticos mientras que el otro se aferrará a los números, fijando límites que, como es natural, los gobernantes creerán excesivamente conservadores. Con todo, mientras que en los países desarrollados las diferencias así supuestas suelen ser pequeñas, en el nuestro, que ha heredado una tradición inflacionaria sumamente poderosa, son tan grandes que virtualmente todos los presidentes recientes del Banco Central han terminado siendo caricaturizados como neoliberales fanáticos vendidos a la banca extranjera que encarnan un "modelo" totalmente ajeno a nuestro ser y que, como si esto ya no fuera más que suficiente, es la causa fundamental del grueso de los problemas del país. A pesar de sus pergaminos peronistas, Pignanelli está siendo tratado así y, según sus enemigos lavagnistas, pronto compartirá el destino de otros infiltrados "neoliberales" como Pedro Pou. Si eso ocurre, la recuperación incipiente, si bien nada impresionante, que Lavagna cree haber posibilitado podría esfumarse al entrar el país en otro período signado por la inestabilidad insensata. Asimismo, el FMI tendrá otro motivo para negarse a firmar un acuerdo: ¿por qué arriesgarse apostando a un gobierno tan poco serio que cada tanto se moviliza para echar al presidente del Banco Central por negarse a actuar como un funcionario obsecuente del Ministerio de Economía? La razón por la que tanto el FMI como los gobiernos de todos los países avanzados insisten en la importancia de la independencia del Banco Central tiene menos que ver con el dogma, que con lo aprendido en base de muchos años de experiencia. Puede que a veces los bancos centrales cometan errores al priorizar la lucha contra la inflación cuando ésta ya ha dejado de constituir una amenaza genuina, pero es claramente preferible a la alternativa de dejar todo en manos de políticos que por motivos estructurales siempre querrán gastar más de lo que sería aconsejable. Además, por haberse convertido la Argentina en símbolo de la irresponsabilidad política, le convendría aún más que a otros países que el Banco Central sea considerado enemigo jurado del gobierno de turno pero que, a diferencia de lo que hasta ahora siempre ha sido el caso, esté en condiciones de resistirse sin dificultades a los esfuerzos por demolerlo emprendidos por los funcionarios del Ministerio de Economía.
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