Viernes 2 de agosto de 2002
		Tranquilos, no va a pasar nada
		Tiene razón el juez Jorge Bustamante cuando se queja de la calificación de guitarreada que le endosara "Río Negro" al informar sobre su participación en un programa televisivo. Como se señalara en la misma nota, se trata de un guitarrista de buen nivel, de manera que la calificación un tanto despectiva es, con toda probabilidad, desafortunada. Pero además de tocar la guitarra como un artista, según su propia y un tanto inmodesta calificación, Bustamante es juez de la causa que investiga una serie de delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, que involucra a varios prominentes funcionarios del gobierno provincial. En esa causa, uno de los investigados es el titular de la Lotería, Miguel Irigoyen, a quien se le han realizado diversos allanamientos para determinar si ha sido legal el incremento de su patrimonio, del que forma parte el canal de televisión donde se realizó la audición. Por razones que pueden ser admisibles, el procedimiento está sufriendo demoras provenientes de sospechosas dilaciones en trámites realizados en otras jurisdicciones y eso, al parecer, influye para que no se tomen las indagatorias y se avance en el esclarecimiento de los delitos investigados. Es posible que el juez ignorara que el canal de televisión forma parte de las propiedades de Irigoyen, aunque admitirlo sería hacer cundir el pánico sobre su capacidad para investigar el caso. Es probable que durante la cena posterior realizada en la misma propiedad de Irigoyen no se haya hablado de temas judiciales, como afirma el juez, y no hay razón para suponer que ello haya ocurrido. También es cierto que el juez debe convivir en un medio donde a veces es inevitable tener relaciones casuales con personas sospechadas o investigadas. Pero no es difícil comprender las razones por las cuales el episodio ha tenido una repercusión tan negativa, en la que influyen las explicaciones tan poco convincentes suministradas por el magistrado y la sensación de que el largo brazo del poder ejercido sobre jueces ubicuos y condescendientes está siempre al acecho cuando un exceso de celo pondría en riesgo su impunidad. La experiencia obliga a ser cautos cuando se trata de jueces que investigan a funcionarios públicos. Suelen iniciar con sospechosa energía los procedimientos, luego los van ralentizando hasta que cede la presión y cuando creen que el interés público se ha esfumado, aprovechan para dictar un sobreseimiento en el momento adecuado, o cuando consideran que sobreseer es demasiado arriesgado, lo mantienen indefinidamente en la etapa procesal como el paradigmático caso del vaciamiento del Banco Provincia, que ya lleva trece años de asqueantes dilaciones. Participar en un programa en un canal de un funcionario bajo sospecha puede ser, como supone el juez, un acto generoso de un artista que beneficia al medio. Pero como la mayoría de las personas "muere" por mostrar sus virtudes por la televisión, la impresión más plausible es que las motivaciones son exactamente las inversas y que en última instancia, en cualquiera de los casos, hay una especie de banalización del mal, una confraternidad sospechosa que los jueces deben eludir a toda costa para evitar suspicacias. Es de esperar que el juez sea tan apasionadamente honesto y amante de la Justicia como lo es para defender la calidad de sus virtudes como guitarrista. Mientras tanto, debe tener conciencia de que en su actitud hay un mensaje subliminal perturbador para la sociedad y que parece dirigido a los funcionarios implicados: tranquilos muchachos, aquí no va a pasar nada.
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