Miércoles 10 de julio de 2002

 

Multan a Gentile por anomalías en compra de máquinas

 

El Tribunal de Cuentas de Allen multó con 4.500 pesos al ex intendente de la ciudad en un juicio administrativo. Ahora el Ejecutivo municipal debe evaluar si la comuna va a la Justicia.

  ALLEN (AA).- El ex intendente de Allen, Ulises Gentile, fue encontrado responsable por el Tribunal de Cuentas de la actual gestión de diversas irregularidades cometidas por la compra de dos maquinarias viales para la municipalidad de Allen, que luego fueron secuestradas por falta de pago.
A través de un "juicio de responsabilidad", el organismo de contralor resolvió sancionar administrativamente a Gentile con una multa de 4.500 pesos, pero ahora el Ejecutivo municipal allense deberá evaluar el perjuicio que esto ocasionó al patrimonio comunal y podrá recurrir a la justicia.
Mediante un procedimiento administrativo que se inició a mediados del año pasado para investigar el accionar de ex funcionarios municipales en la licitación y contratación de firmas para la compra de una motoniveladora y una retroexcavadora, el Tribunal local detectó numerosas anormalidades en los procesos y determinó que existieron "irregularidades violatorias de la normativa municipal".

Multa y rechazo

Por este motivo, se impuso una multa al ex jefe comunal y se rechazó un recurso de reconsideración presentado por Gentile en su defensa.
En la resolución 012/02 emitida por el cuerpo de control municipal se detallaron minuciosamente las irregularidades detectadas en la contratación y ejecución de la licitación pública 002/94, relacionada a la adquisición de maquinarias viales a la empresa de Sergio Solmi.
En uno de los considerandos de la disposición del Tribunal se resume: "se reprocha al sr. Gentile conductas de ejercicio abusivo de su cargo, la facilitación de actos defraudatorios contra el municipio, la violación de ordenanzas por sí y la permisión de esas violaciones por terceros". También se lo halló único responsable de "la contratación de obligaciones por cuenta del municipio contraviniendo las disposiciones vigentes, el retraso injustificado en la cancelación de obligaciones y no poseer documentación que justifique sus actos".
Susana Morales, presidenta del Tribunal de Cuentas allense, explicó que "desde el punto de vista administrativo, al detectarse anormalidades tenemos la facultad de aplicar una multa, una sanción administrativa que en este caso fue de 4.500 pesos". Y agregó además: "nosotros determinamos que hay daño y ahora hay que evaluar la responsabilidad civil".

Cuantificación del daño

"Al que le corresponde cuantificar ese daño es al Poder Ejecutivo en su carácter de administrador de los bienes y eventualmente elevar esto a la justicia", señaló la presidenta del cuerpo.
Tras la resolución, Gentile debería hacerse cargo de abonar la multa que le fue aplicada en concepto de sanción administrativa de responsabilidad "por las irregularidades cometidas en la contratación, ejecución contractual y falta al deber de representación municipal de la licitación pública 002/94", se especificó. Porque allí se entendió que se produjo un "perjuicio al erario municipal".
El ex intendente de la localidad, tras ser notificado de la sanción que le fue impuesta, presentó un recurso de reconsideración y un pedido de nulidad de la resolución del Tribunal "fundando su petición en ambos casos en la violación del derecho de defensa", se informó, aunque éste fue rechazado por el cuerpo de control.

Los antecedentes de la operación

Por las maquinarias viales que compró Ulises Gentile en 1994, una motoniveladora y una retroexcavadora, se debía pagar una suma que en ese entonces habría superado los 100.000 pesos, a través de dos licitaciones. Tiempo después, la firma ganadora inició un proceso judicial contra el municipio por las deudas que éste mantenía, y en 1997 las dos máquinas fueron secuestradas, pese a que al menos una de ellas habría estado a punto de cancelarse.
No obstante, el procedimiento de secuestro se habría efectuado mediante un único proceso de ejecución prendaria, según se informó, razón por la cual en esa oportunidad el anterior órgano de contralor inició una investigación. Sin embargo, no se llegaron a determinar responsabilidades, por lo cual los miembros actuales decidieron iniciar el juicio de carácter administrativo.
Tal resolución se adoptó porque los integrantes del organismo detectaron irregularidades en los expedientes de las dos licitaciones, una pública y una privada, que permitieron la compra. Además fue examinado el proceso judicial caratulado "Solmi Sergio c/ Municipalidad de Allen s/ Ejecución prendaria", en el cual también se hallaron presuntas anormalidades.

   
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