Martes 2 de julio de 2002

 

La causa Lotería espera prueba extra-provincial
 

La defensa de "Cacho" Ferrari intentó apartar del expediente a la Justicia rionegrina, pero la fiscal y el juez Bustamante se opusieron.

  VIEDMA (AV)- La Justicia espera importante documentación de otras juridicciones relacionada con las presuntas irregularidades en la Lotería de Río Negro, causa iniciada a raíz de una investigación de este diario. La última novedad fueron los allanamientos en Patagones aunque todavía el Juzgado de Bahía Blanca al que se le pidió que no envío la documentación secuestrada.
Algunas tramitaciones fuera de Viedma están demoradas más de lo esperado, sin razones aparentes.
Mientras tanto, el perito contable espera la documentación de los allanamientos realizados en Capital Federal. Ese informe será fundamental para que el juez Penal de Viedma Jorge Bustamante disponga o no llamar a declaración indagatoria a algunos de los imputados en esta causa, caratulada como presunto "fraude a la administración pública y cohecho."
En esa condición están el gobernador Pablo Verani; el presidente de Lotería, Miguel Irigoyen; el propietario de Varsa, Carlos "Cacho" Ferrari; Andrés Santamaría, presidente de una de las empresas sello, Albany Trade; el presidente de Tecno Acción, Jose Luis Ramírez Rojas; el exgobernador de Río Negro y exsenador Horacio Massaccesi; el exinterventor de Lotería, Antonio Tromer; el propietario del Casino Club de Comodoro Rivadavia, Rircardo Benedicto y el apoderado de otra de las empresas sello, Damián Scalesa.
En diálogo con "Río Negro", la fiscal Daniela Zágari advirtió que gran parte de la investigación está atada a documentación pendiente de otras jurisdicciones judiciales. La funcionaria manifestó que "hay una enorme cantidad de prueba ordenada y en trámite. La mayoría está para producir en otras jurisdicciones judiciales y por ello la demora en su diligenciamiento". Lo que sigue es parte del diálogo con la funcionaria judicial
- ¿Esa prueba está vinculada a los allanamientos y gestiones realizadas en Buenos Aires?.
- Estamos a la espera de la documentación del allanamiento en Tecno Acción y otros ordenados a través de la jueza de Bahía Blanca en un campo y vivienda de Patagones, que ya se concretaron pero aún no recibimos la documentación".
- ¿Se trata de inmuebles de Irigoyen?
- Esto forma parte del secreto de sumario y prefiero no responder. Sólo puedo decir que ésta fue una de las primeras medidas que se pidió en abril.
- Si las tramitaciones en Buenos Aires las hicieron el juez Jorge Bustamante y usted ¿por qué no se trajeron la documentación?.
- El trámite de los exhortos, que es lo que rige esta materia, no permite que podamos traer toda la documental secuestrada. Si bien fueron ordenados por el juez Bustamante, las medidas se concretaron a través de un magistrado de la Capital Federal, que secuestra la documental y luego la remite. En la anterior oportunidad (N/R: cuando se secuestraron los cheques) podían ser traídos porque previamente el juez de aquella jurisdicción lo autorizó. Pero cuando se secuestran volúmenes de documental que no podemos traer nosotros debemos esperar que la envíen.
- ¿Toda la documentación que se espera es para hacer una evaluación particularizada o para llamar a indagatorias?
- En principio, estamos a la espera de una serie de medidas que pueden marcar un avance en la investigación y conducir o no a un llamado a indagatoria. Estamos en etapa de instrucción. La prueba documental es altamente importante y una vez que se cuente con toda ella es necesario que sea peritada. Tenemos un perito contador pero para avanzar necesita contar con la documentación que está pendiente".
- ¿No es mucha demora?
- Uno preferiría que los tiempos se acortaran por el interés de la Fiscalía y de las personas involucradas. Pero esta investigación depende, en gran medida, de la diligencia que pongan otras jurisdicciones en el trámite, entonces hace que uno tenga que bajar el nivel de ansiedad. De todas maneras se están tomando testimoniales y se ordenaron más.
- "Río Negro" publicó otra derivación de la investigación e incorpora a Altec. ¿Cómo evalúa esta cuestión?.
- No deja de estar inmersa en esta investigación porque Altec tiene un convenio con Lotería, que fue derivado por una subcontratación a Tecno Acción que es una de las firmas que estaría involucrada y de allí que uno de los imputados sea su presidente, Ramírez Rojas. Por ello, se han ordenado algunas medidas tendientes a dilucidar cuál es la vinculación concreta de Altec con Tecno Acción.
- ¿De la documentación lograda, los cheques secuestrados son lo más importante?
- No diría eso. En toda investigación hay eslabones que se encadenan. Ese secuestro marcó un avance importante pero para llegar a los cheques existió prueba documental que nos condujo. Todas las pruebas son importantes.
- ¿La expectativa es cerrar algunos círculos de esta investigación antes de la feria judicial?.
- "Esa es la expectativa".

No a la incompetencia

- Cúneo Libarona, el abogado de Carlos Ferrari, anticipó que plantearía la incompetencia de Bustamante ¿ya se concretó?.
- Hubo una presentación aparentemente del señor Ferrari en un juzgado de Capital Federal planteando la inhibitoria, que es un pedido que tiende a la declaración de incompetencia del juez interviniente. Un magistrado de la Capital Federal solicitó al doctor Bustamante que, previo a resolver ese pedido de inhibitoria, le remitiera copias certificadas de la causa. Como fiscal, me opuse a ese pedido por estar al margen de lo que marca el procedimiento de inhibitoria y finalmente el juez Bustamante negó esa solicitud, invocando básicamente el secreto sumarial. La causa es secreta hasta tanto haya una declaración indagatoria.
- ¿Es decir que el juez de la Capital Federal pidió copia de la causa sólo para analizar la inhibición de Bustamante para actuar en esta causa?
- Por eso opiné que el procedimiento que le imprimió el juez de la Capital a esta situación está al margen de lo que marca la Ley para la inhibitoria. Para plantear una inhibitoria el juez que lo hace debe, previo dictamen del fiscal, resolver si se declara o no competente. En el caso de declararse competente le tiene que comunicar su resolución al magistrado que entiende en la causa y éste resolverá si está o no de acuerdo.
- ¿Por qué hasta ahora se consideró inconveniente algún llamado a indagatoria?.
- El Código Procesal habilita al juez a llamar a indagatoria cuando cuenta con sospechas suficientes de que determinada persona ha incurrido en la comisión de un delito. Si no contamos aún con prueba que se estime altamente importante para dilucidar justamente eso, citar en estos momentos a indagatoria no tendría el sustento que el Código requiere. Además una vez que alguien es indagado, el juez tiene 10 días hábiles para resolver su situación procesal: si se lo procesa, se le dicta la falta de mérito o se lo sobresee.
   
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