Viernes 12 de julio de 2002

 

Italia aprobó una polémica ley para frenar a los inmigrantes

 
  Roma (Télam-SNI).- Una nueva ley inmigratoria que no sólo endurece los requisitos de entrada y de estadía en Italia, sino que además facilita la expulsión de indocumentados y refuerza las penas a los contraventores fue aprobada ayer por el Senado italiano, pese a que la oposición de centro izquierda la considera xenófoba.
El Senado en mayoría votó compacto sobre la llamada ley Fini-Bossi -nombre de sus autores, el ministro de Reformas Umberto Bossi, líder de la xenófoba y populista Alianza del Norte y el vicepremier Gianfranco Fini, jefe de la Alianza Nacional (AN)- que recibió 146 votos a favor, 89 en contra y 3 abstenciones.Los senadores de la coalición El Olivo votaron por el "no", mientras los representantes del partido Refundación Comunista abandonaron el recinto, que tras tres días de intensa discusión dio via libre a la controvertida normativa.
"Hoy se da una vuelta de página -aseguró Renato Schifano, jefe de Forza Italia en el Senado- con la nueva ley nace la verdadera alianza, la verdadera integración unida por la firmeza y la lucha real contra la clandestinidad". Muy dura fue la la oposición: "Es un emprendimiento cínico, intolerable, racista, indigno de un país civilizado como el nuestro", dijo el presidente del Senado, Gavino Angius.
La nueva normativa que en breve entrará en vigor, convierte en "optativo" el decreto que fija la cantidad de inmigrantes admitidos por año, con lo cual puede ocurrir que un cierto año el gobierno decida no dejar entrar a ninguno.
Además, el permiso de permanencia, que tiene dos años de vigencia, es concedido sólo al extranjero que ya tiene un contrato laboral, y en caso de que el inmigrante pierda su trabajo deberá abandonar el territorio. Tanto este permiso como el contrato laboral son concedidos por las embajadas y consulados italianos en el exterior, previa toma de las huellas digitales de los solicitantes para poder ser identificados en caso de falsificación de documentos, infracción que puede ser penada con entre uno y seis años de cárcel.
     
     
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