Martes 2 de julio de 2002
		La apuesta de Solá
		Para la función que comienza a desempeñar Cafiero hace falta un duro sensible.
		Con optimismo, el gobernador Felipe Solá claramente cree que le será dado no sólo purgar a la temible Policía Bonaerense de los "psicópatas" y "asesinos" que, como señaló, están en sus filas, sino también negociar amablemente con los piqueteros más sus aliados de la izquierda combativa para que todos acepten protestar de forma pacífica. De otro modo, no se le hubiera ocurrido designar al frepasista Juan Pablo Cafiero, que hasta entonces era vicejefe del Gabinete del presidente Eduardo Duhalde, como ministro de Justicia y Seguridad provincial. Es que Cafiero se ha granjeado cierto renombre como un progresista que siempre está dispuesto a solidarizarse con los movimientos contestatarios aun cuando los jefes de los gobiernos de los que circunstancialmente ha formado parte han preferido una postura menos conciliatoria, y también como un crítico severo de las fuerzas armadas, la Policía y cualquier otra institución que a su entender era represiva, de suerte que es concebible que su presencia en lo que es uno de los cargos más exigentes del país sirva tanto para apaciguar a los piqueteros como convencer a los uniformados de que de ahora en adelante no será tolerada ninguna violación de las reglas. Por lo menos, es lo que cree Solá, de ahí su voluntad de someter a la Policía de su jurisdicción a una operación quirúrgica sumamente peligrosa sin anestesia. De resultar exitosa la gestión de Cafiero, el gobernador bonaerense tendría razones de sobra para felicitarse por su osadía al comprometerse con un grado de firmeza que es poco común en nuestro país con la legalidad, la disciplina y la sensibilidad social. Sin embargo, es más que posible que las consecuencias de esta iniciativa sorprendente sean muy distintas de las esperadas. Muchos piqueteros podrían tomar la decisión de confiar a un "amigo" el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia por evidencia de que les es provechosa la agresividad y que el gobierno está preparado para ceder ante sus pretensiones, tesis ésta que sin duda alguna reivindicarán los dirigentes de aquellos grupos izquierdistas que se han persuadido de que las condiciones están dadas para derrocar al gobierno de Eduardo Duhalde e iniciar una "revolución social". Asimismo, no extrañaría en absoluto que muchos policías vieran como una provocación el hecho de que su nuevo jefe sea un político que, desde su punto de mira, es un "enemigo" por proceder de corrientes ideológicas que nunca han manifestado demasiado aprecio por su labor y que en ocasiones han brindado la impresión de que al país le convendría no tener ni policías ni militares. De ser así, en los días próximos los piqueteros se mostrarán aun menos tentados que antes a acatar la ley, mientras que los policías bonaerenses harán cuanto puedan para asegurar que la gestión de Cafiero sea breve y tumultuosa. Después de todo, no sólo es cuestión de impedir que cometan nuevos delitos. También lo es de investigar en serio para entonces desbaratar una multitud de negocios ilegales que a través de los años han permitido a ciertos jefes de la Bonaerense convertirse en hombres adinerados. Para la función que ya ha comenzado a desempeñar Cafiero, hace falta un duro sensible, por decirlo así, o sea, alguien que además de ser consciente de la gravedad de la situación social posea la autoridad personal necesaria para mandar una organización armada, de tradiciones en buena medida incompatibles con el Estado de derecho, integrada por 45.000 hombres que en los años últimos han visto pasar representantes de una variedad alucinante de actitudes que van desde la fascista encarnada por Aldo Rico, hasta la "garantista" propia de León Arslanian. Huelga decir que la confusión resultante ha sido terriblemente desmoralizadora, sobre todo para los policías más jóvenes que un día les fue ordenado por quien sería el gobernador, Carlos Ruckauf, "meter bala" -lo que equivale a recibir una licencia para matar- y otro día advertidos que la menor transgresión podría costarles no sólo su empleo sino también su libertad. Por tratarse de una organización decididamente jerárquica, el código de valores imperante entre los jefes incide profundamente en todas las estructuras, motivo por el que es fundamental que las reglas sean a la vez claras, permanentes y conocidas por todos.
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