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Sábado 29 de junio de 2002 | |
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Analizan desafuero de Mántaras por abuso de teléfono |
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El procurador general hizo llamadas personales al exterior desde el celular oficial. |
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| VIEDMA (AV)- El pedido de desafuero contra el procurador general del Poder Judicial, Hugo Mántaras, llegó a la Legislatura. Fue elevado por el juez Penal de Viedma, Jorge Bustamante, quien investiga un presunto delito en el que habría incurrido el funcionario judicial al realizar llamadas personales al exterior desde un celular,cuya factura pagaba el Poder Judicial. Este teléfono móvil había sido solicitado por Mántaras al STJ para atender temas laborales pero también lo habría utilizado para llamadas particulares a México, Perú, Estados Unidos y Noruega donde residirían familiares directos suyos. La irregularidad que se investiga es que los llamados que pagaba la Justicia no habrían tenido vinculación con la función del procurador general sino con razones particulares. Una denuncia sobre el tema generó la investigación judicial. Según se supo, Mántaras habría pagado el costo de esas llamadas pero con posterioridad a la denuncia y al escándalo que se desató al respecto. Un informe pericial habría confirmado las fechas y los llamados al exterior que se realizaron desde ese celular, circunstancia que complica la situación del funcionario judicial para quien en esta causa no quedaría otro camino que la declaración indagatoria. Al igual que los magistrados y legisladores, Mántaras puede negarse a concurrir a una indagatoria y el juez de la causa no puede por razones de fueros obligar al procurador general a que comparezca con la fuerza pública como a cualquier otro ciudadano. Esta habría sido la razón por la cual Bustamante pidió a la Legislatura el desafuero de Mántaras. Además una vez que se tome una resolución judicial al respecto la situación del funcionario deberá ser analizada también por el Consejo de la Magistratura. Según se supo de fuentes legislativas el pedido judicial ya llegó a la Cámara y está listo para iniciar el trámite correspondiente. Para ello existen dos salas: la Acusadora y la Juzgadora que como su nombre lo indica una acusa y la otra juzga. No obstante la sala acusadora tiene una comisión acusadora que tiene por objeto investigar la sustentabilidad de los hechos en que se funda la acusación. Desde el momento en que la sala acusadora acepta la denuncia, el acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo, según establece la Constitución provincial. La comisión de la Sala Acusadora la integran los legisladores Fernando Grandoso (Alianza), Eduardo Rosso (PJ), Víctor Medina (Alianza), Miguel Saiz (Alianza) y Miguel González (PJ). De los 43 legisladores, 22 de ellos forman parte de la Sala Acusadora: Miguel Saiz, Oscar Díaz, Fernando Chironi, Fernando Grandoso, Regina Kluz, María Inés García, Osbaldo Giménez, Alfredo Lasalle, Víctor Medina, Juan Manuel Muñoz, Alfredo Pega, Raúl Rodríguez, Juan Accatino, Néstor Castañón, Ebe Adarraga, Miguel González, Sigifredo Ibáñez, Javier Iud, Silvia Jáñez, Eduardo Rosso, Alejandro García y Guillermo Grosvald. La Sala Juzgadora está integrada por los restantes 21 diputados: Walter Azcárate, César Barbeito, Ana María Barreneche, Edgardo Corvalán, Olga Massaccesi, Delia Dieterle, Ricardo Esquivel, Juan Gasques, Iván Lázzeri, Roberto Medvedev, María Sosa, Guillermo Wood, Juan Bolonci, Walter Cortes, Rubén Giménez, Liliana Finochiaro, Carlos Menna, María Severino de Costa, José Luis Zgaib, Carlos González y Eduardo Chironi. |
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