Miércoles 26 de junio de 2002

 

La empresa del peaje dice que seguirá controlando y denunciando

 

"Romper las barreras es un delito", ratificó Caminos del Valle.

  CIPOLLETTI (AC).- Caminos del Valle advirtió: "romper barreras es un delito y vamos a seguir denunciando". La empresa dijo que respetó el fallo del juez correccional Alvaro Meynet, que el lunes absolvió al líder del Movimiento Antipeaje Gerardo Martínez por no tener pruebas contundentes, y anunció que para obtener "mejores pruebas" implementará un mecanismo de registro fotográfico y de video en las cabinas de peaje.
"Respetamos el fallo. Creemos que es una prueba de que no es cierto que haya algún tipo de influencia en las decisiones de la Justicia", destacó ayer un vocero de la firma, quien aclaró que no se trata del primer caso que va a juicio oral. "Hay antecedentes anteriores", enfatizó.
El 28 de noviembre del año pasado la Cámara Primera del Crimen condenó a Alberto Gualetto a la pena de seis meses de prisión en suspenso por "daños". La imputación fue muy parecida a la de Martínez.
El fallo señaló que el 13 de enero de 2000 Gualetto conducía un Taunus gris desde Neuquén a Cipolletti y al llegar a la estación de peaje se detuvo detrás de un camión. "Tras esperar que éste se retirara del sector de cabinas, previo observar que la barrera estaba baja y el semáforo de paso en rojo, avanzó sin abonar el canon correspondiente, embistiendo la barrera de contención de material de PVC, produciendo su destrucción".
La denuncia también la había realizado Bruno Gómez, el mismo empleado de la empresa que acusó a Martínez. El tribunal entendió que el delito estaba acreditado a pesar de que el imputado lo negaba, y lo condenó.
El lunes se conoció la resolución del juez Meynet en la causa que se le inició a Martínez, que según la empresa es "una de las tantas" en las que se investiga el accionar de los "infractores".
Meynet dictó sentencia absolutoria al considerar que "no hay un cuadro probatorio contundente para establecer que el imputado miente". Martínez había declarado que la consigna de los integrantes del MAP no era causar roturas sino no pagar la tarifa. La fiscal Laura Pérez había pedido una condena en suspenso de siete meses, pero la decisión del juez fue la absolución.
La concesionaria anticipó ayer que "para poder acreditar quiénes son las personas que cometen delitos" en las cabinas, implementará un mecanismo de registro fotográfico y de video. "Vamos a seguir denunciando y nos preocuparemos por colectar las pruebas suficientes", se dijo.
   
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