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Lunes 3 de junio de 2002 | |
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Enjuician a 15 ex funcionarios de Neuquén |
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El Tribunal de Cuentas abrió un proceso por la venta de tierras fiscales que se realizó en 1997. Los involucrados pueden ser condenados a devolver la plata. Es más de un millón de pesos. |
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| NEUQUEN (AN).- El Tribunal de Cuentas inició un juicio administrativo de responsabilidad a 15 ex funcionarios que intervinieron en una costosa operación de compra y venta de tierras fiscales. Este organismo de control investiga si hubo perjuicio para el fisco del orden del millón de pesos. De comprobarse que hubo una maniobra para perjudicar al Estado, los involucrados tendrán que reponer el dinero con billetes de su bolsillo, tal como lo dispone la ley de administración financiera y control. El caso que pone en el ojo de la tormenta a estos ex funcionarios es recordado por la rapidez con que una fracción de tierra puede multiplicar su valor casi diez veces en muy pocos meses. La municipalidad de Neuquén recibió el aval del Concejo Deliberante para vender dos fracciones de tierras a la Cooperativa de Vivienda para Empleados Mercantiles de Neuquén. Pero no vendió dos sino seis fracciones y lo hizo a un valor de 156.590,28 pesos. La entidad intermedia luego multiplicó el valor de venta de los terrenos (1.268.550 pesos) y el comprador fue el mismísimo Estado a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. Dicho de otra forma: la municipalidad vendió barato y el IPVU compró caro. Además del juicio que puso en marcha el Tribunal de Cuentas hay una causa abierta en la justicia ordinaria en la que se investiga el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La continuidad o no de esta causa está pendiente de una apelación en el Tribunal Superior de Justicia. La investigación del Tribunal de Cuentas es paralela a la de la justicia ordinaria y tiene sus particularidades. El organismo de control decidió, por acuerdo número 4406 del 18 de abril de este año, iniciar este juicio administrativo de responsabilidad. La lista de imputados la integran el actual diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino Luis Jalil, en su caracter de ex intendente de la capital, dos de sus integrantes del gabinete municipal, Luis Humar y Máximo Domínguez, y el ex titular de Hacienda de la provincia y presidente del Tribunal de Tasaciones, Jorge Sabio. También están imputados otros miembros de ese tribunal que presidía Sabio: Carlos Labourie, Angel Zingoni, Susana Aguado, Héctor Maionchi, todos en representación de distintos organismos ante la autoridad de tasación, y los asesores técnicos Bartolomé Cordero, Beatriz Astargo, José David Piedrabuena y Solange Dehollain. Además están imputados el ex presidente del IPVU, José Russo y otros dos ex funcionarios del organismo, Oscar Mendiberry y Luis Ventura. La operación comercial se inició con una autorización del Deliberante a la municipalidad para vender las tierras y se materializó en 1997. La intervención del Tribunal de Tasaciones fue clave en esta compra y venta: el organismo fijó un precio bajo de venta cuando las tierras eran municipales y uno mucho más alto cuando el IPVU decidió comprarlas a la cooperativa. El argumento que en su momento se ofreció para justificar la diferencia de tasación es que la cooperativa incorporó supuestas obras y mejoras que dispararon hacia arriba el precio del metro cuadrado, un tema que aún está en discusión. La culpa se paga con dinero del bolsillo NEUQUEN (AN).- El Tribunal de Cuentas es el organismo que controla los gastos del Estado y entre sus atribuciones puede decidir iniciar un juicio administrativo de responsabilidad cuando se denuncian actos susceptibles de producir un perjuicio a la hacienda pública. El juicio tiene un procedimiento regulado por el Tribunal de Cuentas. Los aspectos no previstos internamente se rigen por el Código de Procedimiento Criminal y Correccional de la provincia. Los imputados tienen derecho a defensa e incluso apelar ante el Tribunal Superior de Justicia. El organismo de control debe pronunciarse por la absolución o condena en un lapso de 90 días. Si el fallo contiene una condena para los imputados se fija el importe del perjuicio ocasionado al fisco y el responsable tiene que devolver el dinero. Si no se establecen daños a la hacienda pública pero se advierten procedimientos administrativos irregulares, el Tribunal puede imponer una multa. En caso de condena e incumplimiento de la misma, el organismo de control solicita a la fiscalía de Estado que ejecute el monto a pagar por vía de apremio. En este tipo de juicios, el Tribunal de Cuentas no reconoce honorarios a los apoderados, representantes o peritos de los imputados. Esta es otra de las diferencias respecto de lo que ocurre en la justicia ordinaria que fija costas para los abogados. Un caso que también está en la Justicia NEUQUEN (AN).- En la justicia ordinaria, el caso de la venta de las tierras fiscales depende de una apelación que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia. La fiscalía le imputó a los ex funcionarios el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero también la causa tiene a involucrados que no trabajaban en el estado. Los imputados plantearon la prescripción del delito pero el juez de la causa, Alfredo Velasco Copello, denegó la solicitud. Los involucrados apelaron la decisión del magistrado y la Cámara Criminal Segunda revocó el fallo de primera instancia. La fiscalía apeló ante el TSJ la opinión de los camaristas y el tribunal aún no se expidió. La investigación la inició el fiscal Eduardo Cía y su adjunta Gloria Lucero. Tras la reestructuración del cuerpo de investigadores, el caso recayó el año último en el fiscal pedro Telleriarte a cargo de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. En la causa judicial están involucrados Luis Jalil, Julio Russo, Jorge Sabio, todos ex funcionarios. También el ex presidente de la cooperativa, Carlos Pereyra y directivos de la empresa constructora Codam, Luis Zunino y Alfredo Maffei. En la lista de los investigados figuran también como vinculados a la causa el escribano Roberto Víctor López, el tesorero de la cooperativa, Marcelo Pailamán y los ex funcionarios Angel Zingoni, Héctor Maionchi, Máximo Domínguez y Roberto Humar. A diferencia del juicio que inició ahora el Tribunal de Cuentas, esta causa investiga también a todos los actores. Se vendieron más terrenos que los autorizados NEUQUEN (AN).- La venta de tierras comenzó con la aprobación de una ordenanza del Concejo Deliberante el 1 de diciembre de 1995. La normativa que los concejales le concedieron al entonces intendente Luis Jalil decía que podía vender a la Cooperativa de Viviendas para Empleados Mercantiles de Neuquén dos fracciones de tierras fiscales y comercializarlas al valor que fijara el Tribunal de Tasaciones de la provincia. La norma decía claramente que la cooperativa no podía vender esos terrenos por un lapso de ocho años. Seis fracciones Cuando la comuna vendió los terrenos lo hizo violando la ordenanza porque en la escritura figura el traslado de seis fracciones y no dos como indicaba la norma municipal Al respecto, el Tribunal de Cuentas sostiene que "el Ejecutivo municipal desconoce por completo lo preceptuado por el Concejo Deliberante". El otro punto clave de este negocio con las tierras es el valor del inmueble en ambos casos, cuando la municipalidad los vendió a la cooperativa y cuando esta entidad lo hizo al IPVU. En este procedimiento intervino el Tribunal de Tasaciones que fijó un valor de venta original de las tierras en 156.590,28 pesos y en la segunda venta de 1.268.500 pesos. El tiempo transcurrido entre ambas valuaciones realizadas por el organismo encargado de calcular el precio de las tierras es de apenas seis meses. El perjuicio fiscal estimado en esta investigación del Tribunal de Cuentas es de 1.111.909,72 pesos más los intereses que todavía no fueron calculados. En el acuerdo por el cual el Tribunal decide iniciar este juicio se destaca que toda esta operación se realizó en "en un marco de irregularidad al haberse desconocido en su ejecución la normativa vigente". |
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