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Promulgan ley de Financiamiento de Partidos Políticos
El control de gastos seguirá en manos de la Justicia Federal.
La norma, sancionada por el Congreso el 23 de mayo pasado, fue publicada ayer en el Boletín Oficial con el veto del presidente Eduardo Duhalde a los artículos del 48 al 67 a fin de eliminar la competencia de la Auditoría General de la Nación del control financiero de los partidos políticos.
Esos artículos otorgaban a la Auditoría funciones de control del financiamiento público y privado de los partidos políticos, tarea que de esta manera quedará exclusivamente a cargo de los jueces federales con competencia electoral.
La conveniencia de la medida fue definida luego de una serie de consultas con distintos sectores encarada por el ministro del Interior, Jorge Matzkin, y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, que incluyó reuniones con los jueces federales en torno al contenido de la ley 25.600 sancionada por el Congreso.
La disposición fue objetada por los magistrados, quienes centraron sus reparos en que los miembros de la Auditoría son representantes de los mismos partidos políticos cuyas actividades tienen que controlar.
Las disposiciones
La norma promulgada con observaciones será devuelta al Parlamento, que podrá insistir en el proyecto original con la aprobación de dos tercios de ambas cámaras o, en caso de aceptar observaciones, con mayoría simple.
Sus disposiciones establecen que los fondos de los partidos, con excepción de los destinados a las campañas electorales, deberán ser depositados en cuentas abiertas en bancos oficiales y registrados ante la Cámara Nacional Electoral.
Además, prohíbe en forma taxativa los aportes anónimos, de entidades gubernamentales, de empresas concesionarias de servicios públicos, de personas o empresas que exploten juegos de azar, de entidades extranjeras, de sindicatos y de entidades gremiales.
Por otra parte, la norma dispone que las organizaciones políticas no podrán aceptar donaciones anuales de una persona jurídica, por más del uno por ciento del total de los gastos permitidos por el ministerio del Interior para esa campaña, ni mayor del 0,5 por ciento si se trata de personas físicas.
(Télam)
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