Domingo 30 de junio de 2002
		Ante un daño irreparable
		Ya se ha dicho aquí que Jorge Sobisch se siente -acaso está- en su apogeo. De eso sobran ejemplos -y la repercusión que ha tenido su idea de reflotar la regionalización, es uno de ellos-, pero la contrapartida es cierta muestra de intolerancia. Lo que viene ocurriendo con las ternas de candidatos para el Tribunal Superior de Justicia parece abonar esta hipótesis, y también la de que el gobierno intenta avanzar sobre los otros poderes del Estado. En diciembre pasado, el gobernador envió la primera de las ternas con su ex abogado personal y fiscal de Estado durante su primera gestión, Horacio Angiorama, como candidado más expectable. La tendencia se confirmó con las otras dos, formadas íntegramente con miembros notorios del partido gobernante sin los esperados antecedentes profesionales. Todos los bloques de la oposición rechazaron en forma unánime las propuestas, pero el tema recién hizo eclosión la semana pasada cuando el Tribunal Superior, apremiado por un plazo constitucional, designó a dos vocales interinos: Federico Gigena Basombrío y Oscar Massei. Es un secreto a voces que fue precisamente el nombramiento de este último, hasta hace poco jefe de la oposición política, lo que ofuscó al gobernador. A partir de allí el oficialismo lanzó una fuerte ofensiva para quebrar la mayoría legislativa e imponer contra viento y marea a sus candidatos, acaso sin reparar que no se trata de una pulseada donde está en juego su amor propio, sino de un acto de gobierno en el que pesan el equilibrio de poderes y las convicciones republicanas de los protagonistas. El gobernador ha dicho esta semana que lo único que hizo fue "manejarse con la Constitución y con la ley", elevando como corresponde las ternas para que la Legislatura las evalúe. Sin embargo, la actitud asumida por Sobisch es la opuesta a la que protagonizó durante su primera gestión cuando le tocó proponer reemplazantes para el tribunal. En aquella oportunidad, eligió candidatos que sin perjuicio de sus convicciones políticas, eran a todas luces independientes y contaban con valiosos antecedentes profesionales. Lo que ocurre hoy es bien diferente. Pareciera que el gobierno quiere dar una muestra de poder señalando casi exclusivamente gente de su confianza o cambiando figuritas con el otro sector del MPN. Además de los bloques opositores que se niegan a dar el acuerdo, el hecho fue advertido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y, ahora último, por medio centenar de abogados de distinta extracción política y reconocido prestigio en el foro local. La reciente designación de otro hombre del oficialismo -Angel Molia- como vocal del Tribunal de Cuentas, cuando justamente se encontraba objetado por ese organismo, constituyó un peligroso precedente. Contrariamente a lo que es uso en el mundo civilizado y a lo que recomienda la Constitución nacional para el auditor general de la Nación, el gobierno local parece decidido a imponer su gente de confianza en los organismos de control. Para concretar la designación de Molia contra la voluntad de todo el arco opositor, jugó un papel determinante la sorpresiva ausencia de dos diputados del PJ. Ahora ocurre algo parecido con el súbito cambio de postura de los diputados justicialistas Berbel, Asaad y Macchi. La primera abrió con su actitud la puerta a la maniobra del gobierno y los segundos se mostraron súbitamente dispuestos a acompañar al oficialismo en un tema repudiado por su bloque y su partido. Como no podía ser de otra forma, el hecho pone a los legisladores y al gobierno bajo un manto de sospecha. No es la primera vez en la Argentina que el voto de diputados es objeto de transacción. Tampoco en Neuquén. Baste recordar los casos del sobischista Eduardo Dailoff, que cambió su voto para favorecer la rebaja salarial de Felipe Sapag, y de los radicales Carlos Basso, Marcelo Piombo y Jorge Aravena, expulsados de su bloque por prestar el voto a una ley del felipismo. El tema, grave en sí mismo, lo es más aún porque esta vez se trata de la cabeza del Poder Judicial y lo deseable sería que sus miembros surgieran de una mayoría consistente y, desde ya, fuera de toda sospecha. En este contexto se produjo un compás de espera, a raíz del amparo presentado a la Justicia por los bloques de la oposición, que objetaron la convocatoria a la sesión especial para prestar acuerdo a los candidatos del gobierno. Sin perjuicio de lo que determine finalmente el juez, es posible que de todas formas el gobierno se salga con la suya y logre imponer sus candidatos, algo que no debería perseguir ni aun contando con mayoría propia. De ser así, le habrá inferido un daño irreparable a la credibilidad del Poder Judicial y, aunque no lo logre ver todavía, también a su propia imagen. La Argentina actual está pagando las consecuencias del avance del poder político sobre la Corte Suprema de Justicia. Los resultados están a la vista: además del juicio político, existe un descrédito y un repudio que no reconocen paralelo en la historia. Si como lo indican todos sus actos, Sobisch no se contenta con ser gobernador y tiene la ambición de llegar a ser presidente o vicepresidente, lo primero que debería hacer es dar señales claras de que respeta los valores que hoy son clamor entre la gente. La independencia de la Justicia es uno de ellos. Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar
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