Joven torturado en hogar de menores de Bariloche

Los agresores habrían sido dos internos, también menores. Lo ataron de pies y manos, le metieron un trapo en la boca, y le tatuaron en la espalda "soy un violador". Lo quemaron con cigarrillos y lo cortaron con una hoja de afeitar.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un menor que había sido acusado por violación y aguardaba el juicio alojado en la casa 72 del Hogar "Convivir" fue torturado presuntamente por otros dos menores, que le tatuaron en la espalda "soy un violador" y un pene de gran tamaño. Además, le hicieron tajos con una hoja de afeitar y lo quemaron con la brasa de cigarrillos. Varias semanas después el menor torturado fue declarado responsable de "abuso deshonesto" y recuperó su libertad, pero ahora espera que el Estado le realice una cirugía reparadora en la espalda, para borrar los estigmas.
Como respuesta al suceso, que trascendió recién ahora, el director provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, José Luis Núñez, despidió al operador que cubrió ese turno, y a otros cinco, que en realidad no son celadores sino contratados con becas de capacitación como "acompañante juvenil".
Después de padecer un verdadero calvario, el 9 de abril por la mañana la víctima se escapó mientras lo conducían al ex Hogar Gutiérrez, y denunció el hecho ante el agente fiscal Gerardo Balog. Allí expuso sus graves lesiones y relató que se las habían producido sus acompañantes, dos menores que ya cometieron abundantes y graves delitos, después de atarlo de pies y manos e introducirle un trapo en la boca, para evitar que pidiera auxilio. Aseguró que los maleantes habían utilizado agujas y tinta china para tatuarle la espalda.
El Hogar "Convivir" aloja a menores acusados por diversos delitos, cuando el juez considera que pueden reincidir o no tienen contención adecuada en su núcleo familiar. Hasta hace dos años funcionaba en una antigua dependencia del DPA, ubicada cerca de la toma de agua del arroyo Ñireco, pero allí las fugas eran constantes, al igual que las agresiones a los policías que eventualmente los custodiaban. La provincia inició la construcción de un verdadero Hogar de contención y capacitación en el barrio Ñireco Norte, pero la oposición de los vecinos hizo abortar el proyecto.
En los hogares para delincuentes juveniles rigen los mismos códigos que en las cárceles, donde los asaltantes y homicidas detentan el mayor rango jerárquico, y detestan a los violadores. Por esa razón, cuando hay un acusado por violación se dispone una custodia policial, y en este caso nadie sabe quién ordenó que la retiraran.
Ahora desocupado, y molesto porque sospecha que "el hilo se cortó por lo más delgado, el celador Wálter Giménez que estuvo en la casa 72 el día en que se produjeron las torturas, comentó a "Río Negro" que recién había tomado ese servicio a las 23.30, y que 45 minutos después advirtió el problema. "Yo cumplía mi turno en la casa 17 -también del Hogar Convivir- y a las 23.30 me vino a buscar el jefe de seguridad, Andrés Bridier, para que esa noche me quedara en la casa 72", ubicada en Ruiz Moreno y Mange. "Noté que la víctima estaba temerosa y que estaba pasando algo raro. Después ví que le habían hecho un trabajo prolijo, bien dibujado, que no pudieron haber terminado en sólo 45 minutos".
Giménez explicó que al día siguiente elaboró un informe y que había tratado de entrevistarse con el director del Hogar, Martín Perdriel, pero "no lo podía encontrar porque tenía otro trabajo". El 10 de abril, al día siguiente de entregar el informe a Núñez, quien se encontraba en Bariloche, Giménez y otros cinco operadores fueron despedidos.
Los afectados opinan que el Ministerio "utilizaba las becas de capacitación para cubrir puestos de trabajo, y no incrementar la planta de personal". Sin embargo la circunstancia de mayor gravedad consiste en que los menores quedan bajo la tutela de un becario en proceso de capacitación.

Había intentado abusar de una mujer

El 5 de agosto pasado, a las 0.30, el menor torturado y otro joven de 25 años, interceptaron a una pareja que caminaba por el camino paralelo a la ruta 258, cerca de un camping y fábrica de cerveza, y a unos 3 kilómetros del centro de El Bolsón. "Entregame la mujer o mi compañero te revienta la cabeza de un tiro con la pistola", le gritó al hombre uno de ellos, pero la pareja en lugar de detenerse comenzó a correr en dirección al aeropuerto.
La mujer, que es una discapacitada oligofrénica y en esa circunstancia, además, estaba alcoholizada, no pudo sostener el ritmo de la persecución y cayó en poder de los asaltantes al llegar al aeródromo de El Bolsón, en una zona poco poblada.
El acompañante de la discapacitada continuó corriendo hasta la estación de servicio YPF, y desde allí dieron aviso a la policía.
La policía detuvo a los dos jóvenes cuando regresaban a la ciudad. Los huellas recientes de semen en sus calzoncillos y restos de tierra y vegetales en sus genitales los hicieron inconfundibles a los ojos de los preventores. Esa circunstancia, sumada al señalamiento indubitable de la discapacitada, hizo que ambos fueran acusados de violación y permanecieran detenidos durante casi 9 meses.
En el juicio determinaron que la discapacitada no había sido penetrada por los acusados. El fiscal Enrique Sánchez Gavier entendió que no habían tenido más intención que el desahogo, y pidió un año de prisión en suspenso para el mayor y tratamiento tutelar para el menor durante el mismo lapso. La Cámara Segunda del Crimen acordó en imponer esa sanción y ordenó la inmediata libertad de los acusados, pero el menor ya había sufrido un daño mayor que la simple privación de libertad.

Uno de los delitos más graves

Entre los delitos contra la libertad individual se destaca de manera especial el de "tortura", dado que el Código Penal lo reprime con la misma severidad reservada para el homicidio. Esos delitos se verifican de manera excepcional, pero aunque algunos piensan que están exclusivamente referidos a los miembros de las fuerzas armadas o de seguridad, cualquier particular que lo cometa le cabe la sanción. Prueba de ello es la sentencia que emitió la Cámara Primera del Crimen hace cinco años, cuando condenó a tres jóvenes de El Bolsón por haber torturado a un trabajador rural.
En su primer punto, el artículo 144 tercero amenaza con pena de entre 8 y 25 años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público o particular que impusiere cualquier clase de torturas a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad. El punto segundo del mismo artículo advierte: "si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua". En el punto tercero la norma aclara que también se entiende por tortura la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando estos tengan gravedad suficiente, y en el quinto consigna que el funcionario a cargo del establecimiento donde se ejecutase el hecho sufrirá condena de entre seis meses y dos años de prisión, e inhabilitación de tres a seis años, si se estableciera que el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia.
Por un hecho ocurrido en El Bolsón el 23 de mayo de 1997, la Cámara Primera del Crimen condenó a Luis Vargas a 9 años de prisión, y a 8 a Miguel Antín y a Rosanna Zúñiga, por los delitos de "robo calificado y torturas".
El juez Rozanski, al fundamentar la calificación, recordó que "la tortura es una afrenta a la dignidad humana, y los imputados la ejecutaron con frialdad y en medio de risas".
Es probable que esa causa haya sido la primera en el país encuadrada en la figura de "tortura" y que tenga como imputados a tres particulares. Vargas, Antín y Zúñiga, habían sido acusados de robar la campera y los documentos de José Uribe, de golpearlo con los puños y puntapiés, de efectuarle cortes con un arma blanca y quemaduras con cigarrillos en distintas partes del cuerpo, y de desnudarlo, mojarlo y obligarlo a concurrir en ese estado a una despensa, para comprar bebidas alcohólicas.

foto: La víctima estaba alojada en el Hogar de Menores "Convivir", que hasta hace poco funcionaba en una casa.