Viernes 21 de junio de 2002
		Estado de parálisis
		La resistencia del Congreso a modificar cualquier ley ha contribuido mucho a profundizar la crisis.
		Si en vísperas de una guerra a un gobierno se le ocurriera advertir a los generales que aunque triunfaran en todas las batallas los deudos de los soldados enemigos muertos tendrían el pleno derecho a querellarlos por asesinato y que con toda seguridad ganarían muchos juicios, sería lógico que su voluntad de defender la patria fuera bastante reducida. Por motivos muy similares, a los directivos del Banco Central no les ha entusiasmado en absoluto la idea de intentar reformar un sistema bancario arruinado a fin de adecuarlo a las nuevas circunstancias porque han sabido muy bien que, pase lo que pase, no tardarían en verse frente a una avalancha de demandas legales iniciadas por los bancos, por los ahorristas y, huelga decirlo, por abogados habituados a pescar en aguas revueltas. Puesto que en el Poder Judicial abundan los jueces que no vacilarían un solo instante en fallar en favor de "la gente" sin preocuparse del todo por las consecuencias para los demás y, como es notorio, el Código Penal existente les suministraría una cantidad notable de armas que les permitirían hacerlo, muchas demandas podrían prosperar, con el resultado de que aun cuando Mario Blejer y sus colaboradores consiguieran concebir e instrumentar una obra maestra de reingeniería financiera, correrían el riesgo de terminar entre rejas. Si bien es de suponer que, una vez apagada la euforia de sus primeras horas en la Casa Rosada, el presidente Eduardo Duhalde no tardó en darse cuenta de que el problema así planteado es grave, hasta ahora ha sido reacio a afrontarlo porque, como político avezado, entiende muy bien que por ser inmunidad un virtual sinónimo de impunidad, tanto el grueso de la clase política como la opinión pública tomarían cualquier intento de solucionarlo por otra concesión a "las mafias", punto de vista éste que los medios de difusión electrónicos se encargarían de propagar. Asimismo, el interés no disimulado del FMI por el tema ha servido para brindar más argumentos a los ya propensos a tratar a todos los vinculados con las finanzas como criminales natos que harían cualquier cosa para enriquecerse a costa del país. Tales sentimientos pueden entenderse, pero esto no hace más racional la conducta de los dispuestos a actuar en función de ellos, negándose a reconocer que en una situación de emergencia algunos gobernantes por lo menos deberían contar con los poderes necesarios para hacer frente a la crisis. En efecto, el que ya haya transcurrido medio año desde la caída del gobierno radical sin que la "clase dirigente" haya logrado reaccionar con firmeza frente a la serie de desastres que han estado golpeándonos puede atribuirse no sólo a su propio compromiso con esquemas ideológicos que están grotescamente anticuados y su deseo corporativo de aferrarse a sus muchas "conquistas", sino también a que los funcionarios se hayan sentido atrapados en una espesa telaraña jurídica que les impide actuar. La resistencia del Congreso a modificar cualquier ley, por estrafalaria que fuera, que ha servido para diferenciar el país de los más avanzados -los únicos que están en condiciones de ayudarnos-, ha contribuido mucho a profundizar la crisis. Las constantes batallas parlamentarias caracterizadas por las maniobras impúdicamente oportunistas de las distintas agrupaciones conformadas por radicales, peronistas "disidentes", izquierdistas y seguidores de la actualmente "carismática" Elisa Carrió, han privado al país de la posibilidad de iniciar en serio la tarea sin duda muy ardua de reconstruir el sistema financiero para que sea capaz de cumplir un papel protagónico en la eventual recuperación nacional. Aunque todos los políticos juran estar defendiendo los intereses de "la gente", los resultados objetivos de su labor colectiva no podrían ser más deprimentes. A pesar de todo cuanto ha ocurrido a partir del colapso de la presidencia de Fernando de la Rúa, es evidente que ni el gobierno duhaldista ni cualquier facción parlamentaria tienen ideas muy claras sobre lo que nos convendría hacer, acaso porque todos han seguido pensando más en la gran interna política nacional, contexto en el que el rol del opositor principista intransigente es más apetecible que aquél del realista pragmático, que en el destino del país en su conjunto.
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