Viernes 14 de junio de 2002
		Actitud peligrosa
		Si bien a esta altura muy pocos negarían que era jurídicamente impecable la decisión de la Cámara en lo Penal Económico de desprocesar a Domingo Cavallo en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia, son muchos los que creen que no obstante este detalle el ex ministro debería estar entre rejas porque, a su juicio, ha sido el máximo responsable de la crisis económica. Dicho de otro modo, una proporción muy significante de la población del país está más que dispuesta a subordinar la ley a sus propios prejuicios. Para colmo, quienes piensan de esta forma rudimentaria no se limitan a los semianalfabetos o a los angustiados por el secuestro de sus ahorros. También incluyen a muchos políticos e intelectuales que festejaron la detención de Cavallo y lamentaron su liberación más de dos meses después sin preguntarse si eran legítimas las razones aducidas por el juez Julio Speroni. Antes bien, los más suponían que se trataba de un mamarracho jurídico, pero así y todo lo aplaudieron porque desde su punto de vista la detención de su enemigo era incomparablemente más importante que las eventuales desventajas de vivir en una sociedad en la que la Justicia constituyera un arma política contundente. De más está decir que todos tienen derecho a opinar sobre la trayectoria pública de Cavallo y es comprensible que sus muchos adversarios políticos e ideológicos hayan optado por considerarlo el autor de buena parte de las desgracias nacionales, de este modo proclamando su propia inocencia. Tanto aquí como en otras latitudes la política es una actividad cruel y a menos que el aspirante a alcanzar los puestos más codiciados logre acostumbrarse a ser el blanco de las diatribas despiadadas de sus rivales, le convendría elegir un oficio más caballeresco. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre el juego de acusaciones furibundas y contraacusaciones igualmente feroces que es normal en democracia desde hace 2.500 años y la voluntad claramente antidemocrática de atacar físicamente a los dirigentes rivales o de privarlos de su libertad. Mal que nos pese, aunque la Argentina es una democracia formal, la mentalidad de demasiados personajes sigue siendo autoritaria o totalitaria. Casi tan preocupante como la conducta de todos aquellos que aprovecharon las deficiencias de la Justicia para conseguir la encarcelación de Cavallo o que manifestaron su plena aprobación de lo ocurrido a pesar de saber muy bien que las pruebas eran sumamente precarias, ha sido aquella de los "moderados" que, además de no creer que el ex superministro fue responsable de la hecatombe económica, suelen insistir en la importancia del respeto por la legalidad. A juzgar por lo que hicieron y dijeron mientras Cavallo estaba detenido, con pocas excepciones no se creían obligados a protestar contra lo que daban por descontado era a lo mejor un error judicial escandaloso, a lo peor un caso de persecución totalmente incompatible con el Estado de derecho. En el exterior, muchos hombres y mujeres destacados no vacilaron en manifestar la indignación que sentían. Aquí, sus presuntos equivalentes prefirieron mantener un perfil bien bajo, sin duda por no querer ser tomados por amigos, aliados o simpatizantes del chivo expiatorio de turno. En cuanto a la idea ingenua de los abogados defensores de Cavallo de que adversarios jurados como el ex presidente Raúl Alfonsín y la diputada Elisa Carrió pudieran distinguir entre las pasiones políticas por un lado y la legalidad por el otro, cuestionando la detención del ex ministro bajo pretextos poco serios sin por eso dejar de subrayar su hostilidad hacia sus doctrinas, siempre pareció absurda: desafortunadamente, en nuestro país siguen imperando normas tribales según las cuales los únicos que se preocuparán por el destino de un preso político serán sus propios correligionarios, compañeros, camaradas o simpatizantes. Huelga decir que la actitud así supuesta que, entre otras cosas, contribuyó a hacer posibles tanto el terrorismo "revolucionario" de los años sesenta y setenta como el terrorismo de Estado del lopezreguismo peronista y de la dictadura militar, no tiene nada que ver con el respeto por la ley, por los derechos humanos o por los principios básicos de la convivencia democrática.
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