Miércoles 29 de mayo de 2002

 

Quieren frenar el aluvión de juicios contra el Estado
 
  NEUQUEN (AN) - En el período legislativo que se puso en marcha semanas atrás, ya han ingresado más de ochenta pedidos de reserva de fondos para afrontar juicios perdidos por el Estado. Estiman que el monto de las demandas perdidas a fin del presente año sumará unos 8.000.000 de pesos, de acuerdo al promedio estadístico.
Para frenar el drenaje de los dineros públicos por esta causa, el bloque la Alianza presentó un proyecto para crear el Servicio Jurídico del Estado, un cuerpo de que no sólo asistirá a los organismos en causas en desarrollo, sino que actuará preventivamente parar morigerar el impacto que provocan en las finanzas.
El proyectado ámbito de asesoría legal intervendrá ante el requerimiento de cualquier ente oficial, frente a la necesidad de establecer vínculos contractuales con proveedores, contratistas en general u otros entes oficiales.
"Es imprescindible eficientizar la función del Estado en todos los órdenes y esta sangría de fondos públicos por juicios perdidos hay que afrontarlos con las herramientas acordes, para que tengan la efectividad necesaria", dijo el diputado Raúl Radonich, presidente del bloque de la Alianza.
Añadió que resulta obvio que la gran cantidad demandas perdidas demuestra que se está fallando en manera de cómo se resuelve cada caso y, consecuentemente, se impone la necesidad de implementar estrategias que cambien la situación.
"Con este Servicio estamos creando una herramienta que probablemente una vez que comience a actuar haya que ir adecuando, pero por lo pronto plantea una independencia del asesor legal respecto del funcionario que pide el asesoramiento. Actualmente, los técnicos jurídicos dependen de quien solicita el dictamen, por lo tanto no hay una absoluta independencia, como requieren estos casos", dijo Radonich.
Otro aspecto de la iniciativa que destacó el legislador es que el Servicio se organizará por áreas de gobierno y cada una tendrá asesores especializados. "Con esto propiciamos que los casos se abordarán por temática, con profesionales especializados en cada una", dijo Radonich.
El Servicio dependerá del asesor legal de gobierno, quien ejercerá todas las facultades organizativas, funcionales y disciplinarias que la Ley acuerda a los ministros respecto de su ministerios.
Pasarán a formar parte de él todos los abogados asesores de las reparticiones oficiales, incluyendo, señala el proyecto, a los integrantes de las áreas de sumarios administrativos.
El ingreso al Servicio se hará por concurso de oposición y antecedentes y los aspirantes deberán estar en condiciones de ejercer la abogacía.
"No necesariamente un juicio tiene que resolverse en una sentencia condenatoria, ya que se puede plantear una negociación con el demandante y llegarse a un acuerdo, que naturalmente sea más beneficioso para el Estado", comentó el legislador, para fundamentar el proyecto.

Abogados reafirmaron el estado de derecho

NEUQUEN (AN).- "Es fundamental que se termine con el dictado de leyes y decretos inconstitucionales", afirmaron los representantes de 76 colegios de abogados de todo el país al cierre de la "Jornada Nacional de Esclarecimiento y Propuesta" que se realizó en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén.
La jornada contó con el auspicio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y se hizo de forma simultanea con 76 colegios de abogados de todo el país que integran la Federación.
El objetivo del encuentro fue que los abogados neuquinos se pronuncien en defensa del estado de Derecho y en contra de las leyes y decretos inconstitucionales dictados por el gobierno nacional.
En un comunicado de prensa, emitido después de terminar el debate, el colegio de abogados remarcó la necesidad de lograr "la paz social, la libertad, y la protección a los más débiles mediante el respeto irrestricto de los derechos individuales y colectivos contemplados en la Constitución y Tratados internacionales como único sendero para lograr la convivencia social". De la jornada participaron participaron también distintos colegios de profesionales de la región, sociedades intermedias, y público en general. En su declaración final, la FACA señaló que "es fundamental que cesen los dictados de leyes y decretos inconstitucionales".
   
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