El juez Norry investiga la contratación de un sanatorio

La fiscal Alejandra Berenguer elevó toda la documentación de la contratación directa entre la comuna y un sanatorio cipoleño. Además, la Justicia tendrá que investigar por qué razón no se incluyó a la municipalidad en el concurso de acreedores de la clínica.

CIPOLLETTI (AC) - El juez penal de Roca Rubén Norry inició la investigación por la contratación directa por parte del municipio de Cipolletti de un sanatorio donde el intendente Julio Arriaga tiene acciones. Según la instrucción preliminar que hizo la fiscal en comisaría Alejandra Berenguer, se determinó además que en el concurso de acreedores de la clínica se obvió incluir la deuda con la comuna.
La instrucción que llevó adelante Berenguer se inició el año pasado, a partir de una denuncia anónima a la que luego aportó datos el ex concejal peronista Hugo Lapuente.
El 4 de diciembre pasado, Berenguer y la fiscal de primera instancia Norma Terbay allanaron el municipio y se llevaron toda la información necesaria para la investigación.
Tras la instrucción preliminar, la fiscal de Cipolletti le envió, hace unas dos semanas, todo el expediente al juez Norry, que ayer se limitó a decirle a "Río Negro" que Berenguer "hizo un trabajo muy bueno".
El año pasado el sanatorio Río Negro y la municipalidad firmaron un acuerdo de compensación de deudas que supuso la contratación directa de la clínica para la atención de los empleados de la comuna en lo que hace a la medicina laboral y de los participantes de las escuelas deportivas de la ciudad.
La idea era que con la contratación directa el sanatorio pagara, en especies, su deuda de 20.000 pesos con la municipalidad. Para Berenguer, el hecho de que por este convenio se hayan atendido algunos funcionarios o sus hijos quedó justificado.
Pero la fiscal halló que antes de este acuerdo no se incluyó a la comuna en la convocatoria de acreedores del sanatorio, cuyo abogado era Hugo Frare, que es además representante legal del municipio.
Frare defendió esta omisión con el argumento de que, de haber ingresado en la convocatoria de acreedores, la municipalidad habría cobrado sólo una parte de la deuda y con plazos muy diferentes.
Este aspecto de la contratación está también bajo el análisis del contralor municipal Rubén Romero, que ya se expidió sobre el asunto nuclear de la investigación, con la recomendación de que los funcionarios que se atendieron con este mecanismo en el sanatorio reintegren el dinero a la comuna.
Desde la intendencia siempre se reconoció la relación entre Arriaga y la clínica, pero se dijo que su participación accionaria es minúscula y que la sociedad ni siquiera genera dividendos.
Hay otro aspecto que ahora debe profundizar el juez Norry: el sanatorio continuó facturando las prestaciones aun cuando el contrato de compensación de deudas había perdido vigencia.
Según una fuente de la fiscalía cipoleña, quedaron acreditados en la causa tres hechos: que el intendente es socio minoritario del sanatorio, que fue una contratación directa (sin licitación) y que se obvió la inclusión de la comuna en el concurso de acreedores de la clínica.

Foto: El Sanatorio Río Negro había firmado con la municipalidad un acuerdo de compensación de deudas.