Anulan tercerización irregular hecha por Feudal

La intendente interina de Bariloche, Graciela Di Biase, dejó sin efecto dos cesiones de derechos litigiosos realizadas por el ex intendente, Atilio Feudal, por estar "viciadas de nulidad".

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Dos "cesiones de derechos litigiosos" realizadas en forma irregular durante la gestión de Atilio Feudal fueron revocadas por el gobierno de transición que remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que "meritúe" el inicio de acciones penales.
Los derechos del municipio para ejecutar fiscalmente a dos contribuyentes morosos -Monticel S.A. y Sociedad Lagos de Bariloche- fueron adquiridos por terceros a través de "convenio irregular" autorizado en primer término por el ex-asesor letrado Carlos Fernández y ratificado luego por Feudal.
Tras la renuncia del mandatario aliancista -a fines de enero- las actuaciones pasaron a manos de la intendente interina Graciela Di Biase quien revocó las dos cesiones directas por estar viciadas de "nulidad absoluta".
La resolución se basó en un extenso dictamen de la letrada Alejandra Autelitano que, entre otros aspectos, destaca la competencia exclusiva del Concejo Deliberante para "autorizar convenios como la cesión de derechos litigiosos" dentro de la administración municipal.
En diálogo con "Río Negro", Autelitano indicó que el único riesgo que corre el municipio tras haber planteado la nulidad de ambas cesiones es que "(Alejandra) Tonetti y Quintral (Servicios SRL) -adquirentes de los derechos litigiosos- le reclamen el dinero que efectivamente le dieron". (ver aparte)
La letrada reconoció que "hay un enriquecimiento ilícito del municipio que se quedó con el dinero de terceros y que debe devolver" pero consideró que "lo más preocupantes es que se pudiera establecer sutilmente un antecedente que confunda las vías administrativas de contratación".
Además de obviar las disposiciones de la Carta Orgánica relativas a la "competencia" para autorizar tales convenios -que requieren los votos favorables de dos tercios de los miembros del Deliberante- el Ejecutivo realizó una tercerización judicial sin el respectivo llamado a concurso de precios.
Autelitano manifestó cierto escepticismo en torno al posible desconocimiento de la normativa administrativa al señalar que "en ese mismo período Feudal mandó al Concejo Municipal un caso similar con un terreno del barrio Belgrano".
El predio aludido -un baldío con una importante mora tributaria- fue transformado en plaza pública por la junta vecinal del barrio que reclama la posibilidad de mantener ese espacio de recreación haciéndose cargo de la deuda. Mediante la resolución de revocatoria firmada a mediados de marzo Di Biase tomó las previsiones para revisar "todos" los convenios de cesión de derechos litigiosos realizados por Feudal, imponiendo un plazo de "cinco días" a la Asesoría Letrada del Ejecutivo para que sustancie el informe. A pocos días de dejar su interinato se desconocen los resultados de la iniciativa. En la misma normativa la mandataria resolvió elevar las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que determine si corresponde "formular denuncia penal".

La tentación de adquirir "terrenos baratos"

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Tanto Monticel S.A. como Sociedad Lagos de Bariloche son propietarios de terrenos con costa de lago que arrastran deudas tributarias con el municipio.
El expediente judicial iniciado por el municipio para cobrar la deuda acumulada en el primer caso data de 1997, mientras que en el proceso de ejecución fiscal planteado contra Sociedad Lagos de Bariloche fue iniciado en el 2000.
De acuerdo a la documentación obtenida por "Río Negro" Alejandra Tonetti adquirió el derecho de ejecutar judicialmente uno de los lotes de la firma Monticel por 2.500 pesos, cifra a la que ascendía la deuda por tasas impagas del inmueble.
Mediante un proceso similar Quintral Servicios adquirió los derechos litigiosos de otro de los lotes de la misma firma por 3.500 pesos.
En setiembre del año pasado los procesos legales de ejecución fiscal iniciados por los adquirentes fueron frenados por el juez civil Carlos Cuellar, quien objetó las facultades del asesor legal, Carlos Fernández, para ceder el derecho a litigar del municipio en ambos casos.
Dos meses después Feudal intentó salvar la situación mediante una resolución en la que aprobaba "el convenio de cesión de derechos" realizado por su colaborador.
Merced a la feria judicial y la renuncia del intendente los expedientes llegaron sin mayores avances a manos de las autoridades de transición que revocaron todas las actuaciones al advertir la nulidad de los actos administrativos realizados por sus antecesores.

Foto: Atilio Feudal y Carlos Fernández autorizaron en su momento la tercerización que ahora quedó sin efecto.