MAS INFORMACION

El derecho de hábeas data

Vanossi: "A más poder, más control"

Intentaron impedir la publicación de los sueldos

Hubo un planteo ante la Justicia para impedir su difusión.
Pero fue rechazado en primera instancia y por la Cámara Civil.

NEUQUEN (AN).- Tres funcionarios de la planta política del gobierno de Jorge Sobisch apelaron a la Justicia para impedir la publicación de los sueldos que perciben los funcionarios y asesores en la administración central. La batalla, que se libró entre abril y los primeros días de mayo, no prosperó ni en el juzgado Civil dos ni en la Cámara Civil.
Sergio Daniel Gómez, Ricardo Wálter Fernández y Jorge Arnaldo Escalada, tres agentes con categoría FS2, apelaron al derecho hábeas data a través de una medida autosatisfactiva para solicitar a la Justicia que ordene a la provincia y a sus organismos competentes abstenerse de entregar a este diario la nómina del personal con información referida a sus sueldos y otras vinculadas a su ámbito laboral.
El caso recayó en el juzgado de primera instancia del fuero civil que está a cargo de Susana Busqueta de Gavernet. En un fallo que tiene fecha 27 de abril, la magistrada no hizo lugar a la petición. La jueza dijo: "Soy de la opinión que no es reservando información y sustrayendo del conocimiento de quienes aportan los fondos públicos como se combatirá la falta de credibilidad y el descontento que hoy campea en la sociedad" (detalles del fallo aparte).
Con el no de la jueza Busqueta en la mano, los empleados apelaron la decisión y el expediente recayó en la Cámara integrada por los jueces Luis Silva Zambrano y Lorenzo Waldemar García. Los magistrados ratificaron el fallo en primera instancia. Waldemar García fundamentó el voto y Silva Zambrano lo respaldó con su firma.
"Río Negro" solicitó al gobernador Jorge Sobisch el 23 de abril el listado de los sueldos de la administración pública. El pedido incluía a los funcionarios de gabinete, planta política y trabajadores en planta permanente, temporaria y contratados. También se requirió el detalle de beneficiarios de la ley 2128 y la integración del EPEN, EPAS, Hidenesa e ISSN, y entes como Lotería, Banco de la Provincia de Neuquén y su fundación. Pese al tiempo transcurrido, el gobernador no entregó la información.
Este diario finalmente obtuvo, a partir de otras fuentes, parte de la información que el gobierno se negó a entregar. Y el domingo último publicó la lista con los sueldos brutos de las categorías AP -Autoridad Política- y FS -Funcionario Superior-. Si la justicia hubiera hecho lugar al pedido formulado por los tres empleados del Estado, hoy se estaría discutiendo un caso de censura previa, como cuando la jueza María Romilda Servini de Cubría impidió la difusión de un programa de Tato Bores.
Al fundamentar su voto, García realiza una serie de consideraciones políticas sobre la publicación de las escalas salariales del sector público provincial por parte de este diario, aunque rescata que "Río Negro" brinda espacio para la exposición de ideas no coincidentes con su línea ideológica editorial". Sostiene que al difundir los sueldos de los jueces, legisladores y funcionarios del gobierno se "busca un efecto convulsivo en un contexto en que más de la mitad de la población se encuentra por debajo de la límite de pobreza y la desocupación trepa al 24%".
El magistrado menciona que "la política periodística" de este diario se encuadra "en consonancia con las críticas emanadas del FMI y los demás organismos financieros internacionales -incluyendo al gobierno de los Estados Unidos-" que "atribuyen la crisis económica que padece el país al sobregasto del sector público y la corrupción que se le endilga, antes que a las políticas neoliberales impuestas por los mismos críticos a partir de la década del "70 que, a través de las privatizaciones espurias, la extranjerización de la banca y los servicios públicos y la apertura indiscriminada de la importación" generaron la "quiebra de la industria nacional, el endeudamiento externo, la concentración de la riqueza, la desocupación masiva y la marginación social, con mengua de la soberanía nacional".
"Me inclino a sostener que una administración pública adecuadamente remunerada no se contrapone con el interés nacional y que, en definitiva, los funcionarios movilizan con sus sueldos el mercado interno, en tanto que las políticas de ajuste perpetuo, en una economía recesiva, conspiran contra la recuperación económica del país", añade García.
El camarista sostiene que mas allá "de la intencionalidad política" y "por molesto" que "pudiera resultarnos a quienes hemos visto en letra de molde y con nombre y apellido los sueldos que no nos hemos fijado sino que se previeron en el presupuesto provincial, y de la incomodidad que pudiera generar su confrontación con los niveles paupérrimos de retribución que percibe la gran masa poblacional -excluyendo a los desocupados y subocupados, víctimas del sistema-, tenemos la convicción de que las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos no conforman datos inclusos en el ámbito de la intimidad de los receptores ni generan a su respecto un efecto discriminatorio". Advierte que el hábeas data en cuestión entra en colisión con dos garantías constitucionales básicas: la publicidad de los actos de gobierno y la libertad de prensa.

Foto: Los dos fallos que rechazaron la pretensión de impedir la publicación de "Río Negro" hicieron hincapié en el carácter público de la información y respaldaron el derecho de difusión.