Empresas productoras de gas quieren aumentar las tarifas un 7%
"Vamos a hacer un esfuerzo por continuar cumpliendo con lo establecido para mayo y junio por la Ley de Emergencia Económica 25561 y el Decreto reglamentario 214, y que esto sea un punto de partida para la renegociación de tarifas" dijo el director de comercialización de Gas, de Repsol YPF, Marcelo Nuñez.
En la Audiencia Pública celebrada ayer en la sede del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para fijar las tarifas de invierno, Nuñez aludía así a la aplicación del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y el mantenimiento de la paridad uno a uno, como dispone la Ley de Emergencia Económica.
La ecuación, a valores actuales, se traduce en un aumento del 7 por ciento para la tarifa del usuario, pero será el ENARGAS el órgano que fije el valor definitivo y lo haga público en los próximos 10 días.
Autoridades de la Secretaría de Energía estimaban un incremento del 10 u 11 por ciento del precio del gas para el período mayo-octubre, lo que representa un aumento de entre 3 y 3,5 para la tarifa Residencial y del 5 por ciento para la Industrial.
Llamó la atención en la audiencia la propuesta del representante de Pluspetrol, Luis Gomez Flores, quien se mostró partidario de dejar sin efecto un eventual aumento en la tarifa de los usuarios residenciales, cuyos salarios y jubilaciones fueron congelados. "Salarios, jubilaciones y pensiones están congelados y reducidos tres veces y medio respecto de diciembre, y la gente hoy no puede pagar más de lo que está pagando", justificó. Como contrapartida, propuso incrementar el precio del gas a comercios e industrias "quienes de alguna manera tuvieron oportunidad de desplazar precios". El titular del Enargas y presidente de la audiencia, Héctor Fórmica, le pidió precisiones sobre la propuesta a la que calificó de "interesante" y se le indicó que podría alcanzar a determinados consumos y mientras dure la emergencia.
Distribuidoras y Transportistas -segmentos regulados- plantearon sus dificultades financieras, por tener que afrontar la compra de insumos (aumentos promedio 200 por ciento) y pago de deudas en dólares, con tarifas congeladas y en pesos.
En tanto, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, volvió a oponerse a estos aumentos y advirtió nuevamente que sólo para poder afrontarse los actuales valores de los servicios públicos debería haber un incremento salarial de casi el 20%. Mondino se reservó "el derecho de cuestionar los cuadros tarifarios que termine aprobando el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), porque deben estar en consonancia con la Ley 25.562 (de Emergencia Pública)", que impide aumentos por cualquier método indexatorio, "y con el actual contexto socioeconómico y la grave crisis que atraviesan los usuarios residenciales".
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