Lunes 1 de abril de 2002

 

Arriaga impulsa su proyecto de reforma

 

Aseguró que "la clase política se defiende con desesperación"

  CIPOLLETTI (AC).- Contra viento y marea el intendente Julio Arriaga, líder además del Frente Grande rionegrino, sigue defendiendo la reforma política que propone para la provincia.
En una refutación de críticas surgidas desde sectores opositores enfatizó sin medias tintas que "acá la clase política se defiende desesperadamente para que no le saquen un solo diputado y un solo concejal. Pero el sentido común dice que no hay dinero para pagarle a tantos. Hay que pagar lo que se pueda pagar, en el marco de un fuertísimo achique".
Anunció que en los próximos días se hará la entrega oficial de la reforma en Viedma, incluyendo aportes surgidos desde diversos sectores, como la probabilidad de juicios por jurados para delitos graves.
Arriaga ya lanzó una reforma en la jurisdicción local con el dictado de una nueva carta orgánica, limitando de doce a seis el número de concejales, a partir del 2003.
Esto -precisó- provocará un ahorro a las arcas comunales, criterio que no comparte la oposición quien endilga los mayores gastos procisamente al departamento Ejecutivo.
"Nuestra propuesta -afirmó Arriaga- incluye una reforma política muy fuerte, adecuando a la provincia y a las comunas a la situación que se vive, y como una forma de poder salir adelante en el tiempo que sea necesario. Esto, me atrevo a decirlo, cuenta con el visto bueno del 90 por ciento de los pobladores", dijo.
"No puede haber 43 legisladores. Tienen que ser menos porque no se puede pagar a esa cantidad. Hay 38 municipios pero yo creo que no se pueden pagar a 38 concejos deliberantes. Debe haber menos", significó, ahondando en su teoría de limitar al máximo posible los concejos e incluso fusionar municipios.
"Nuestro intento es hacer un aporte para lograr una propuesta que posibilite la reforma de la Constitución. Porque si alguien no hace punta nunca se llega a nada. Con la reforma constitucional pretendemos un fuertísimo achique de los costos políticos de la provincia".
Se le erizó la piel cuando se le recordó que la oposición lo acusa de que, con su reforma, quiere dejar sin espacio a las minorías. "Eso es un disparate. Mire, la clase política se defiende desesperadamente para que no le saquen ni un solo diputado y ni un solo concejal".
"Vamos a pagar lo que se pueda pagar. Y si tiene que haber menos diputados y concejales, hay que hacerlo".
Tampoco le esquivó el bulto Arriaga cuando se lo interrogó acerca de la cantidad de intendentes que en Río Negro aprueban su posición. "No los veo definitivamente de acuerdo. No puedo decir cuántos hay (que apoyan su reforma), pero creo que son pocos".
En ese contexto anunció que en los próximos días se hará una presentación oficial de la reforma conteniendo las modificaciones en mérito de aportes que su sector ha recibido desde diversos sectores, porque "esto no es un catecismo, ni un dogma. Es un documento de trabajo que fue repartido a mucha gente y mucha gente hizo aportes. Incluso incorporando, en el capítulo respectivo, el juicio por jurado para casos de delitos graves".

Piden investigar a Jáuregui

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La polémica que originó la candidatura a intendente de Guillermo Jáuregui llegó a la Justicia. La delegación local de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos formuló una denuncia penal que se investigue por qué el postulante radical fue habilitado pese a pertenecer a la policía.
Los dirigentes de esa entidad Marina Schifrin y Alfredo Chaves quieren que el juez de turno -Miguel Gaimaro Pozzi- determine si se cometió "un delito doloso" al presentar y oficializar la candidatura de Jáuregui, pese a la inhabilidad que lo abarcaba.
Citan para ello los artículos 678 y 79 de la ley provincial 2431/90, que impide al personal policial de cualquier categoría afiliarse a partidos políticos y presentarse a cargos electivos.
Además de afiliado a la UCR, Jáuregui es veterinario y desde hace un par de años integra la policía con grado de "oficial inspector". Su función, según declaró, es mantener en forma a los canes que la policía emplea en la búsqueda de drogas.
Al presentar su candidatura Jáuregui solicitó ser trasladado a la dirección de Ganadería. Recién el pasado 20 de marzo el gobernador Verani accedió al pedido mediante un decreto.
Según hacen notar Chaves y Schifrin, la fecha límite para presentar candidaturas fue el 18 de marzo, por lo tanto a esa fecha Jáuregui estaba inhibido por ser policía. Por eso, entienden que la oficialización de la lista radical "constituye un acto nulo de nulidad absoluta". Los denunciantes cuestionan la "desprolijidad" del decreto de Verani y señalan que el traspaso de funciones para el veterinario "no responde a necesidades operativas del Estado, sino evidentemente a una maniobra de carácter político", además de que "intenta violar el espíritu de la ley Electoral".
Chaves y Schifrin destacan en su escrito que la prohibición al personal policial de participar en política "apunta a fortalecer la democracia, impidiendo la designación en dichos cargos de quienes se han formado en un espíritu altamente corporativo". También Izquierda Unida haría otra presentación judicial.

   
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