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Miércoles 20 de marzo de 2002 | |
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Procesaron a Gagliardi por "ñoquis" en la Legislatura |
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Por el delito de "fraude a la administración pública" rionegrina. |
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| VIEDMA (AV)- Tras siete años de investigación, la justicia rionegrina procesó ayer al exvicegobernador Edgardo Gagliardi por la denominada causa de los "ñoquis". El juez penal Jorge Bustamante procesó al ex senador por el delito de "fraude a la administración pública" por haber nombrado a Graciela Pereyra en la Legislatura entre enero del "92 y diciembre del "95, sin que la mujer se desempeñara allí pero sí en tareas partidarias. El magistrado añadió que Gagliardi cobró los sueldos de ella por un poder que se hizo otorgar y retuvo parte de los mismos. Añadió que de igual manera designó a María Ñanculeo y a Patricia Baena en distintas fechas. Hasta diciembre del año pasado Gagliardi estuvo protegido por los fueros parlamentarios. La causa se inició en 1995 por denuncia de los abogados viedmenses Hugo Lapadat, José Antonio Sánchez, Néstor Torres y Raúl Bruno, quienes se presentaron a la justicia en base a un panfleto, que denominado "Restaurante La Papa" detallaba humorísticamente nombres y vinculaciones de legislativos que no trabajarían, sino que serían "ñoquis". Los abogados entendían que si lo que decía era cierto el Estado provincial estaría perdiendo algo así como 3,6 millones de pesos anuales. Gagliardi declaró que las tres mujeres -Pereyra, Ñanculeo y Baena- cumplían funciones de asesoramiento en salud, legales, orientación y asistenciales en los barrios periféricos y que confeccionaban fichas. Sobre las retenciones de los respectivos salarios dijo que eran un "aporte voluntario" para formar un fondo de ayuda solidaria barrial. Al respecto acompañó documentación que fue desestimada jurídicamente por la fiscal de la causa, Adriana Zaratiegui, por ser informal en vez de provenir de la propia Legislatura, tener errores en las firmas y que estén en poder del imputado. El magistrado coincidió con la fiscal en que la maniobra de Gagliardi fue la de designar a las empleadas en funciones inexistentes, cobrando por ellas suel-dos merced a la autorización obtenida, en los casos de Baena y Ñanculeo de manera engañosa, aunque el imputado o su esposa les dieran ocasionalmente unos pesos. Sostuvo que con ese pago salarial sin contraprestación laboral se perjudicó al erario provincial y destacó que, según la documentación, el exvicegobernador cobró 33 sueldos de Pereyra, quien figuró cumpliendo funciones en la sede central, lo que consideró una falacia. Bustamante procesó a Gagliardi pero mantuvo el beneficio de la libertad provisoria por la falta de antecedentes. En su declaración, el exsenador aseguró que aquellas tres personas fueron nombradas por la Legislatura y cumplían en Bariloche funciones políticas sociales en estrecha relación con las autoridades. Negó que hayan percibido salarios sin trabajar y de haber retenido indebidamente los sueldos de esas personas. Adjudicó a un error administrativo pero "nunca a una actitud ardidosa" el hecho que Pereyra figurara en la sede central cuando cumplió funciones en Bariloche. En la resolución, el juez Bustamante enumeró las declaraciones formuladas en esta causa. Entre ellas mencionó la presentación de Rosalina Schettini, quien señaló que su esposo Santiago Antonio "nunca trabajó en la Legislatura y quiere que se investigue quién cobró los sueldos correspondientes a ese período a fin de que quede a salvo el buen nombre y honor de su marido". En la causa figura la copia de la autorización firmada para el cobro de sus haberes por Santiago Antonio a Gagliardi. |
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