Jueves 7 de marzo de 2002

 

Abogados y jueces, contra usar dinero de la gente

 

No aceptan que se paguen sueldos con fondos particulares.

  ROCA (AR)- "Si el único modo que el Superior Tribunal imagina para garantizar el servicio de justicia en Río Negro es este proyecto, no tenemos destino como provincia, al menos en un estado de derecho", afirmó Carlos Gadano, presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, acerca de la iniciativa que intenta que parte del dinero que los particulares depositan en custodia de los jueces sea destinado al pago de salarios de jueces y empleados de la Justicia.
Los magistrados y funcionarios judiciales de la Segunda Circunscripción también expresaron su oposición al proyecto señalando además que no verían bien que fuera aprobado -más allá de toda consideración sobre su legalidad o no- porque sería visto como un privilegio indebido, ante los problemas económicos que enfrentan amplios sectores.
El texto -originado en el Superior Tribunal de Justicia- fue remitido antenoche a la Legislatura por el gobernador Pablo Verani. En él se define que el Poder Judicial es "administrador" de los depósitos judiciales de los particulares que recibe en custodia y le autoriza a dar uso de ellos, equiparándolos a los recursos que le son asignados por Presupuesto.
La iniciativa fija un límite de retiro en los 2,6 millones de pesos. Ese monto permitiría cancelar más de la mitad de los salarios del personal y magistrados.
El proyecto -que tiene acuerdo de ministros- permitiría operaciones que "permitan suplir con fondos de depósitos judiciales, en forma transitoria y hasta el 31 de enero del 2003, las demoras en la remisión efectiva de los recursos presupuestarios".
Precisa que esa posible utilización alcanzará "todos los depósitos existentes o futuros que se realicen en juicio, cualquiera fuere la naturaleza, incluyéndose los originados en medidas cautelares, cauciones, recursos, sanciones impuestas durante el proceso y costas, bajo las normas del depósito irregular, salvo expresa disposición del juez de la causa".
El proyecto ratificó que "los depósitos judiciales deberán hacerse obligatoriamente en el agente oficial de la Provincia" (el Banco Patagonia SA).
Se hace expresa mención en la gacetilla oficial a que la iniciativa "es propiciada por el Superior Tribunal de Justicia, con el aval del Sindicato de Trabajadores Judiciales y la Federación Judicial Argentina".
El proyecto plantea diferencias en el seno del máximo cuerpo judicial porque la nota remitida a Verani no tiene la firma del juez Luis Lutz, quien formalizaría así su discrepancia con el proposito de la utilización de los depósitos judiciales.
Los abogados de la Segunda Circunscripción fueron los primeros en objetar el proyecto en diciembre, cuando estaba en elaboración. En un escrito dirigido al STJ, señalaron que "no puede garantizarse la vigencia de la Constitución, propiciando su violación".
Fundamentaron que la propiedad de los fondos depositadoses de quienes son parte en los juicios y sólo están depositados a la orden del juez interviniente, quien no puede usarlos sin autorización expresa del interesado.
"Es como si el dueño de una cochera dijera que, como el 80% de los autos que ponen a su custodia no se usan de noche, él los va a sacar para trabajar o pasear con ellos, para devolverlos a las 7 de la mañana", dijo Gadano .
Lamentó que la iniciativa sea "de los mismos jueces que dicen que el corralito es inconstitucional porque viola el derecho a la propiedad privada"

Análisis: "Por la crisis"

El filósofo contemporáneo E. Ciorán asegura que en nombre de las grandes causas se han generado los peores genocidios y las más horribles violaciones de las normas de convivencia entre la Humanidad. En estos tiempos, se pretente justificar todo en función de "la crisis".
Por ella se han dictado -hace más de una década- leyes provisorias que terminaron siendo perpetuas, y que quitaron derechos adquiridos a los sectores más débiles, postergaron el pago de deudas del Estado, las canjearon por bonos...
Todo esto fue ilegal, pero nunca un robo liso y llano, como sí lo sería en caso de que el proyecto del STJ que hizo suyo Verani llegue a ser aplicado en Río Negro.
El dinero con el que se quiere pagar sueldos de empleados de la Justicia es el que un padre deposita como cuota alimentaria de sus hijos, el que un deudor pone a custodia del juez mientras discute el monto de la deuda. Es, lisa y llanamente, dinero de otros.
El Estado ha dispuesto en exceso de su dinero. ¿Seguirá con el de los otros?
Y ¿qué señal daría la Justicia si usa lo ajeno en provecho personal y propio?
Alicia Miller

Más de 250 amparos contra el "corralito" en Viedma, en un mes

VIEDMA (AV)- Más de 250 amparos contra el "corralito" se presentaron en Viedma sólo en la Justicia provincial desde febrero. Además se deben sumar los planteados ante el Juzgado Federal de esta capital.
La Cámara Civil y el juzgado Penal a cargo de Jorge Bustamante fueron los tribunales donde más recursos se presentaron -117 en la primera y 95 en el segundo. Ante los camaristas laborales de esta capital se elevaron otros 27 recursos. En los restantes juzgados penales y civiles también se elevaron amparos pero en menor cantidad.
En tanto el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al planteo de una ahorrista de Roca, al hacer lugar a una apelación tras el rechazo del juez Víctor Camperi.
En un fallo dividido -el vocal Luis Lutz votó en disidencia- el STJ ordenó al Banco Francés sucursal Roca que le restituya al peticionante 27.209 dólares que tiene depositado en caja de ahorros. En la resolución los jueces declararon expresamente la inaplicabilidad al caso del decreto NÂș1570/01 que "es la fuente de la ilegitimidad que viola el derecho de propiedad".
Se resolvió que en caso de inexistencia de la moneda extranjera en ese banco se podrá retirar a opción de la actora su equivalente en pesos al valor de cotización del mercado libre, o en su defecto que el banco adquiera la cantidad de dólares necesarios para cumplir, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.
En su extenso voto, el juez Víctor Sodero Nievas sostuvo que al daño ya causado al país reflejado en más recesión, conflicto y pérdida de miles de millones de pesos del sistema financiero-bancario "es evidente que además de inútiles e inoportunas estas medidas pudieron evitarse si el gobierno nacional que renunció el 20 de diciembre hubiera obrado con el deber mínimo de cuidado y previsión". Opinó que el Banco Central no puede sobrevivir constitucionalmente ni como poder de policía de emergencia monopólico si no respeta el principio de razonabilidad y que no puede dejarse nuevamente en esa entidad poder absoluto para "continuar detruyendo la estructura financiera del país".
Balladini también votó por la restitución de los ahorros a diferencia de Lutz que coincidió con el enfoque de Sodero Nievas pero discrepó con la solución propuesta.

   
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