Miércoles 6 de marzo de 2002
 

Neuquén comenzará a pagar los sueldos el viernes
 

Liquidará la mitad de los haberes, 70% en pesos y el resto en Lecop.El 19 abonará el resto. Aclaró que puede mostrarse en público.
  NEUQUEN (AN).- El gobierno pagará el viernes la mitad de los sueldos de febrero y lo hará con pesos en un 70% y el resto con Lecop. La deuda salarial con los empleados públicos se cancelará el próximo 19, todo en pesos.
El anuncio lo formuló ayer Jorge Sobisch en Plottier. El gobernador acababa de compartir el acto de asunción de la nueva intendente de Plottier, Pilar Gómez, y trataba de llegar a la vereda mientras repartía besos y abrazos a los militantes del Movimiento Popular Neuquino.
Sobisch aprovechó la oportunidad para intentar diferenciarse de sus pares que no pueden mostrarse en público. Yo lo puedo hacer, dijo en una incómoda conferencia de prensa que brindó, rodeado de funcionarios y punteros del partido provincial.
El mandatario reiteró que hoy estará en Buenos Aires para participar de una reunión que los representantes de las provincias petroleras mantendrán con el presidente Eduardo Duhalde. Planteará en ese ámbito su rechazo al impuesto del 20% a las exportaciones de petróleo y también al del 10% a la producción primaria que aquí afecta básicamente a los fruticultores (ver página 6).
Sobre este último asunto, Marcelo Fernández Dotzel, vicejefe de Gabinete, dijo a este diario que la provincia se opone porque afectará a todo el sector productivo.
Neuquén lleva además una carta dirigida al ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov en el que pide la eliminación de la retención a las exportaciones de la producción primaria y advierte que es "una errónea" decisión del gobierno nacional que castiga a un sector "sumamente deprimido por diez años de convertibilidad", como lo es la producción de peras y manzanas y de frutas de carozo.
Respecto de las ventas de crudo al exterior que tendrán una retención del 20%, Sobisch dijo que le demostrará al presidente que "perjudica" a la provincia e incidirá en la actividad de exploración y explotación. En cambio, dijo, la tasa del 8%, un proyecto compartido por la provincia y las empresas petroleras, no sólo no genera un frente de conflicto sino que mejora los ingresos que pretende el gobierno central.
En cuanto al acuerdo que la Nación ofrece a las provincias para establecer nuevas reglas en la coparticipación federal de impuestos, Sobisch indicó que la provincia todavía no tomó la decisión de firmarlo.
El gobernador aclaró que primero quiere que la Nación le reconozca un 0,14% más que forma parte de pactos federales fiscales suscriptos en gobiernos anteriores. "A lo mejor conseguimos más dinero", bromeó.
Ese índice significa para la provincia un millón de pesos adicionales de coparticipación mensuales. Y por este motivo, Neuquén reclama el pago de una deuda de 24 millones de los últimos dos años.
Para Sobisch, este tema es importante porque lo que acuerde la Nación con las provincias será el borrador de la futura ley de coparticipación.
Consultado sobre una reunión que los partidos provinciales tienen previsto realizar en San Martín de los Andes, Sobisch confirmó que se hará, pero aclaró que todavía no tiene fecha porque, dijo, "primero vamos a solucionar los problemas nuestros".
Después, dijo, "se lo podemos solucionar a la Nación". Esta última fue una respuesta a una probable alianza de los partidos provinciales para presentar un candidato en el 2003.
Sobisch ha dicho en más de una oportunidad que el partido provincial tiene un "modelo exitoso" de gestión e incluso habló de su proyección nacional.
Ese fue un discurso que se escuchó desde el oficialismo hasta antes del 19 de diciembre, el día en que la Argentina comenzó a sentir los efectos de la crisis más profunda de la historia.

Romero pidió la derogación de la prórroga de Loma de la Lata

NEUQUEN (AN).- El diputado nacional del PJ Gabriel "Tom" Romero, secretario de la comisión de Energía de la Cámara Baja, presentó ayer un proyecto de ley que deroga el decreto del ex presidente Fernando de la Rúa por el cual el Estado nacional prorrogó la concesión del yacimiento de gas Loma de La Lata-Sierra Barrosa a la española Repsol YPF.
El eje de la iniciativa apunta a demostrar que la prórroga es en realidad una nueva concesión que no pudo ser otorgada legalmente por el gobierno nacional porque según lo que señala la Constitución nacional reformada en el "94, sólo Neuquén -y no la Nación- tiene la atribución de otorgar concesiones en el territorio provincial.
El 5 de diciembre de 2000 la Nación, con el visto bueno del gobernador Jorge Sobisch -según la reforma de 1994, las provincias son las titulares de los recursos del subsuelo- extendió la concesión del mayor yacimiento de gas del país, que vencía en 2017 hasta 2027.
El proyecto de derogación fue presentado ayer por Romero con el aval de Arturo Lafalla, presidente de la comisión de Energía de Diputados, y consta de sólo dos artículos, el primero deroga el decreto 1252 de 2000 por el cual se extendió la concesión, y el segundo le comunica la decisión al poder Ejecutivo.
Son los fundamentos de la incitativa los que ilustran sobre los motivos que impulsaron al legislador justicialista. En ellos se destaca que el decreto de marras, que fue convalidado por el ministro de Economía de entonces, José Luis Machinea, y recibió el beneplácito del gobierno neuquino, no constituye en realidad una prórroga sino un nuevo contrato de concesión.
El proyecto señala que el título dos del acuerdo entre la Nación y Repsol expresa las nuevas obligaciones de las partes "distintas a las estipuladas en la concesión originaria del marco de privatizaciones de empresas del Estado.
En este contexto concluye que "Queda expuesta la intención de las partes de celebrar un nuevo acuerdo y no una mera prórroga de la concesión".
A partir de allí, Romero aclara que el diferente tenor del convenio no constituiría ningún obstáculo legal si no fuera porque no se trata de un contrato entre privados, donde rige la voluntad de las partes, sino un acto del Estado nacional en el marco del derecho Administrativo, "que tiene como norte el bien general y el orden público, "ambos flagrantemente violados por el dictado de este decreto".
En el contexto descripto, Romero recuerda que con la privatización de YPF, se federalizó la propiedad de los hidrocarburos y que las concesiones previas rigen sólo hasta el 2017, "caso contrario cae la atribución de la Nación para concederlas". Motivo por el cual el convenio firmado por De la Rúa sería una nueva concesión a partir de diciembre de 2000.
   
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